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Desarrollo sostenible y modelo de país

Hace pocos días, en unas declaraciones a TV-3, el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, exponía su pensamiento sobre los trasvases: "El agua ha de salir del Ebro o del Ródano. Alguien debería explicarme eso de la nueva cultura del agua", decía.

Es un buen ejemplo de la incapacidad de los representantes de las fuerzas políticas mayoritarias para comprender los nuevos conflictos relacionados con la sostenibilidad. Para el presidente Pujol no es imaginable un modelo de crecimiento que no se base en utilizar cada vez más agua y más recursos: en eso consiste el progreso. No se plantea un sistema alternativo asentado en el ahorro, en la reutilización y la optimización de los recursos actuales y en una propuesta de desarrollo sostenible. Cuando ironiza sobre la nueva cultura del agua y la intenta presentar como ilusoria, está evidenciando su nula predisposición para analizar y asumir planteamientos rigurosos elaborados por científicos e intelectuales del prestigio de Narcís Prat, Pedro Arrojo y Enric Tello. No es que el movimiento antitrasvasista carezca de construcciones teóricas consistentes; el auténtico problema es la imposibilidad de que quien apuesta por el crecimiento depredador e insostenible pueda asumir ideas y conceptos que cuestionan radicalmente su modelo de país.

Las posiciones del PSC tampoco se sitúan en el marco de una alternativa real. Maragall pretende tan sólo una modernización del modelo vigente para que funcione más eficazmente, pero no construir un proyecto distinto. Defiende la misma política, pero mejor gestionada y más consensuada con determinados sectores de la sociedad. Ya es algo, pero es muy poco. Resulta significativo analizar el documento El futur econòmic de Catalunya: lideratge econòmic i poder polític, elaborado en el marco del Centro de Cultura Contemporánea por profesionales e intelectuales reconocidos a los que podemos situar en la órbita maragalliana: la obsesión por más y mejores infraestructuras evita cualquier alusión a la sostenibilidad. No es un olvido, es una opción. En la práctica política del PSC es fàcil detectar esa insensibilidad: ambigüedad con relación al Plan Hidrológico, cuando no contradicciones evidentes en función del territorio desde el que se habla; defensa de proyectos agresivos como los túneles de Bracons y de Horta, de controvertidos campos de golf como los de L'Escala y Torrebonica, y la decisión de neutralizar y adormecer la innovadora Xarxa de Ciutats per a la Sostenibilitat, creada en el mandato 1995-99, cuando ICV gestionaba el Área de Medio Ambiente de la Diputación de Barcelona.

El concepto de sostenibilidad ha pasado de ser víctima de la mofa de algunos políticos a objeto de apropiación indebida por parte de quienes pretenden dejarlo vacío de contenido. Sin embargo, la idea de la sostenibilidad es hoy fundamental en el debate político. El fracaso de la cumbre de Johanesburgo, propiciado por las grandes potencias, no puede esconder que incluso la Organización de las Naciones Unidas aceptó en la capital surafricana el principio de que sin desarrollo sostenible es imposible buscar soluciones a problemas tan graves como el hambre que azota a millones de seres humanos en el llamado Tercer Mundo. La catástrofe del Prestige nos demuestra el peligro que representa que el transporte de mercancías peligrosas esté sometido tan sólo a las reglas que marcan los poderes económicos y deja en evidencia la lógica de Estados comprometidos en una desenfrenada carrera para armar mejor a unos ejércitos que, al mismo tiempo, carecen de medios para actuar con eficacia para detener una marea negra.

Pero las consecuencias prácticas de la aplicación de la idea de la sostenibilidad aún parecen alejadas de la política oficial. El reciente debate sobre la supresión parcial del impuesto de actividades económicas de los ayuntamientos ha generado el lógico movimiento de defensa municipalista de unos ingresos necesarios para prestar dignamente sus servicios. Pero ni el PP ni el PSOE se han planteado la necesidad de aprovechar la oportunidad de la reforma de las haciendas locales para recuperar la consigna del reparto del gasto público en porcentajes del 50-25-25, para que los municipios gestionaran un 25% de los recursos con su proximidad a la ciudadanía y no el escaso 13% actual. Tampoco se ha atrevido nadie a cuestionar un sistema de financiación local basado en la necesidad de generar cada vez más actividad urbanística y constructora.

Pero los tiempos están cambiando. Hoy en Cataluña proliferan movimientos y plataformas que reaccionan frente a un estado de cosas que parecía intocable. Son grupos que basan su actuación en la defensa del territorio al que aman, y si alguien considera una exageración la utilización del verbo amar, que repase las imágenes de estos días en Galicia, que analice los argumentos de la Plataforma en Defensa de las Tierras del Ebro o que dialogue con miembros de la Plataforma Salvem l'Empordà. Esos movimientos han sido capaces de pasar del rechazo a determinados proyectos a la elaboración de propuestas en positivo, que no pretenden frenar el progreso, sino abordarlo con otros criterios. Quienes demuestran comprender muy poco lo que está ocurriendo en numerosos municipios y comarcas de Cataluña son los partidos convencidos de que pueden mantener inalterable un discurso que ha funcionado durante años al precio de destrozar cada vez más los recursos naturales, el territorio y el paisaje.

Es posible otro modelo, una apuesta por otra Cataluña. Sería positivo que el Parlament se fuera acostumbrando a los nuevos y cruciales debates que ya se intuyen y que la izquierda verde nacional fuera capaz de construir, a partir del diálogo con los movimientos sociales y sin afanes monopolizadores, el discurso alternativo que miles de personas consideran imprescindible.

Jaume Bosch es vicepresidente de ICV

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