Protección Civil dice que no interviene porque ni es una emergencia nacional ni peligran vidas

Las desastrosas consecuencias del naufragio del Prestige y las reiteradas críticas por la falta de medios y coordinación ante la avalancha negra han suscitado una pregunta: ¿qué ha estado haciendo hasta ahora la Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Interior? Nada, responden los responsables del departamento, cuyo nombre parece conferirle una autoridad suprema para este tipo de calamidades.

Y ha sido y es nada por cuatro motivos: el siniestro no ha sido declarado "emergencia de interés nacional"; no ha habido peligro para la vida de los ciudadanos; las competencias de actuación están transferidas a las autonomías (salvo a las dos Castillas) y, finalmente, porque en los desastres en alta mar y en las costas las competencias son de las direcciones generales de Marina Mercante y Costas, ambas del Ministerio de Fomento.

Interior asume toda la responsabilidad en las situaciones bélicas y de emergencia nuclear

"La dirección general interviene en aquellos desastres en los que puedan verse afectadas la vida de las personas y sus bienes, por ese orden", asegura un portavoz de Protección Civil, "lo que no se ha dado en este caso". Bajo ese planteamiento, efectivamente, no hay vidas en riesgo por el caso Prestige, aunque sí peligran medios de vida. "Lo del Prestige es un desastre ecológico a lo bestia, pero no una situación que requiera la protección física de las personas y de los bienes, en situación de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria, en la que la seguridad y la vida de las personas pueden peligrar y sucumbir masivamente".

Protección Civil elabora planes básicos para la prevención de catástrofes y calamidades relacionadas con situaciones bélicas, emergencias químicas, transportes de mercancías peligrosas, tormentas, vientos, terremotos o maremotos, sequía, inundaciones, emergencias nucleares y erupciones volcánicas.

La ley 2/1985 y el Real Decreto 407/1992, que regulan la protección civil, afirman que sólo en los casos de riesgos derivados de situaciones bélicas y emergencias nucleares "la competencia y la responsabilidad del Estado" es plena. "En esos casos, siempre que haya riesgos para la vida de la población", explican fuentes de Protección Civil, "nosotros gestionamos la emergencia al 100% y en los casos en que se declare el estado de excepción o emergencia nacional podemos requisar los medios que se consideren oportunos, porque se consideran casos de interés nacional".

Pero para el resto de riesgos, el Estado únicamente elabora normativas básicas dentro de las cuales deben desarrollar sus planes específicos las comunidades autónomas. Las citadas fuentes ponen un ejemplo de qué sería de su competencia y qué no: "Si debido a una gran nevada se paraliza el tráfico terrestre o aéreo, nosotros no actuaríamos para desatascar las carreteras, sino sólo para rescatar a las personas que puedan verse afectadas. Lo mismo si hay un incendio de grandes proporciones: nuestra tarea no es apagar el fuego sino minimizar el impacto sobre la población civil".

El citado real decreto abre una vía para que el Estado pueda declarar situaciones de "emergencia en las que está presente el interés nacional", lo que supone que la Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Interior asuma la dirección total: "Aquéllas en las que sea necesario prever la coordinación de Administraciones diversas porque afecten a varias comunidades autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico".

Mientras la marea negra se circunscribió a Galicia, vale, pero, ¿por qué no se activó este artículo cuando la mancha se extendió por Asturias, Cantabria o el País Vasco? Porque no ha existido esa declaración de "emergencia de interés nacional" y, por tanto, las competencias se han quedado donde estaban: en las comunidades autónomas y los ayuntamientos, responsables de la Protección Civil en sus respectivas demarcaciones. "Además, las cuestiones de protección civil en alta mar dependen de Marina Mercante, que ya tiene para ese cometido a Sasemar (Salvamento Marítimo), y cuando el fuel llega a las Costas es responsabilidad del departamento del mismo nombre, que tiene encomendada la defensa del litoral", alega Interior.