El juez decide hoy si anula la adhesión de Cajasur a la Ley Financiera

Hoy se sabrá si los acuerdos tomados por el Consejo de Administración de Cajasur respecto a su adhesión a la Ley Financiera se suspenden cautelarmente o no; a las 13.00 horas se hará pública la resolución del juez Pedro Vela, titular del Juzgado de Primera Instancia número uno de Córdoba, y se conocerá si la impugnación de la Junta de Andalucía para que la caja siga bajo su tutela ha prosperado.

La Junta impugnó los acuerdos adoptados en el Consejo de Administración de la caja el pasado 25 de noviembre, en el que, como anunció entonces Francisco Jurado, su director general, se decidió pedir la adscripción de Cajasur a la Ley Financiera. Al día siguiente se acreditó ante el ministerio de Economía la fundación de la caja por parte del Cabildo Catedralicio, y el 2 de diciembre el ministerio, siempre según la caja, admitió la acreditación.

En la vista oral que se celebró ayer, la representante de los servicios jurídicos de la Junta, María Dolores Blanco, defendió el derecho legal de la administración autonómica a impugnar estos acuerdos. Si se produjese efectivamente la adscripción de Cajasur a la Ley Financiera, señaló, afectaría a las competencias de la Junta, que pasarían a ser desarrolladas por el Ministerio de Economía.

Por tanto, la Administración autonómica pidió que los acuerdos queden suspendidos hasta que la Asamblea General de la Caja decida sobre el particular, o hasta que haya una resolución judicial.

Diego Jordano, responsable de los servicios jurídicos de Cajasur, respondió en el juicio de ayer rechazando rotundamente esta suspensión cautelar. Negó a la Junta la capacidad de impugnar estos acuerdos "por falta de legitimación activa"; según dijo, el artículo 7 de la Ley de Cajas andaluza sólo concede la posibilidad de impugnar los acuerdos del Consejo de Administración a los propios consejeros. "La Junta", afirmó Jordano, "no puede injerirse en la soberanía e independencia de los órganos de gobierno de una caja de ahorros cuando los acuerdos que se toman no afectan a la solvencia ni a la estabilidad de la caja ni vulneran la legalidad vigente". La función que con esta impugnación intenta atribuirse la Junta, continuó, "pertenecen a la Comisión de Control, que ya ha conocido el acuerdo del 25 de noviembre y no ha considerado que proceda la suspensión".

Jordano afirmó que el Gobierno andaluz "intenta imponer su protectorado obviando el interés de la caja, que cree que el Ministerio de Economía puede garantizar mejor su independencia". Añadió que la suspensión del acuerdo es ilegal e imposible, porque ya se ha materializado y ejecutado.

Por otra parte, el presidente de la Diputación de Córdoba, Francisco Pulido, más 50 alcaldes de la provincia, presentaron ayer en la sede central de Cajasur los acuerdos que han suscrito los plenos de estas corporaciones, que exigen a la Asamblea General de la caja, que se reunirá el próximo día 28, que no apruebe la propuesta de nuevos estatutos ni la adscripción de la caja a la Ley Financiera.