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Entrevista:JOSÉ LUIS PIÑAR | DIRECTOR DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

"Yo no sé, en este momento, quién tiene mis datos"

El nuevo responsable de la APD cree que "hay grave carencia de información" sobre la ley

Patricia Fernández de Lis

El nuevo sheriff de los datos se llama José Luis Piñar. Este catedrático de Derecho Administrativo acaba de cumplir un mes como director de la Agencia de Protección de Datos (APD), la entidad que se encarga de vigilar que las empresas y las administraciones públicas no se salten la ley que las obliga a proteger los datos de sus empleados y clientes. José Luis Piñar (Madrid, 1957) sustituye a Juan Manuel Fernández, que ha sido director de la APD los últimos cuatro años.

Piñar dice que su principal objetivo es "acercar la Agencia a la sociedad", y por eso va a cambiar la imagen de la APD, su logotipo y su página web. "La agencia debe ocupar un puesto muy importante en la sociedad, y eso no termina de ser valorado", explica este jurista. Además, y por su "vocación docente", su segundo objetivo es "explicar a las empresas qué deben hacer" para cumplir la Ley de Protección de Datos, porque cree que uno de los principales problemas que se plantean en España es que las empresas, quienes deben cumplir la ley, no la conocen. "Yo les diría a las empresas que nos digan: 'Sinceramente, no sé si lo estoy haciendo bien o mal, no he inscrito un fichero en mi vida, ¿cómo se hace?". Eso sí, aclara, "si hay que sancionar, se sanciona".

"No creo que haya un elevado nivel de incumplimiento de las normas. Lo que sí hay es un elevado nivel de desconocimiento"
"Es cierto que la legislación es complicada. En la propia Agencia tenemos constantes problemas de interpretación"

Pregunta. ¿Cuáles son sus primeras impresiones en este mes?

Respuesta. La agencia es un organismo muy atractivo para mí, como catedrático y jurista, porque aquí se plantean cuestiones de derecho administrativo, civil, mercantil, comunitario, internacional... Además, la naturaleza de la agencia como entidad independiente, que se caracteriza porque no podemos pedir ni recibir instrucciones, también es muy interesante. En este mes me he dado cuenta de que la APD es mucho más importante de lo que yo creía, tiene más responsabilidades de las que yo pensaba y hay muchísimo más trabajo del que yo podía imaginar.

Veo también que entre los ciudadanos hay una grave carencia de formación y de información. No creo que haya un elevado nivel de incumplimiento, lo que sí hay es un elevado nivel de desconocimiento, que lleva a incumplimientos involuntarios de la Ley de Protección de Datos. Por eso, una de mis prioridades es acercar la agencia a quien la necesite y a quien de otro modo, quizá, se iba a encontrar con ella en un procedimiento sancionador. Para evitarlo hay que hacer campañas de información, y seguir con la firma de protocolos de colaboración como el que hay con el Consejo de Cámaras.

P. ¿Es consciente el ciudadano español de la importancia que tiene la protección de sus datos?

R. El ciudadano es dueño de sus datos. La sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000 dice que el derecho de protección de datos es un derecho autónomo; no está necesariamente vinculado a la intimidad ni a la informática. Esto se traduce en que los datos personales son parte del patrimonio de un ciudadano, y él tiene derecho a saber quién tiene esos datos, qué se está haciendo con ellos y para qué se están utilizando.

Creo que el ciudadano sí es consciente de esa importancia, pero cuando se siente agredido. Estamos hablando de un derecho que, en muchas ocasiones, resulta violado sin que nosotros seamos conscientes de ello. Ni siquiera yo, como director de la agencia, puedo saber, ahora, en este momento, quién tiene mis datos y qué está haciendo con ellos. Si me roban el coche o me atracan sé que estoy siendo agredido, pero no puedo saber si en este momento alguien está utilizando mal mis datos, porque es imposible saberlo. La agencia, por supuesto, está abierta a cualquiera que quiera recibir información. Atendemos 20.000 consultas al año por teléfono, presenciales y por escrito.

P. Algunas empresas no ven a la APD como un organismo que les ayude a cumplir la ley, sino como un ente sancionador.

R. Es verdad que mucha gente piensa que la agencia es la mala de la película. Por mi parte, quiero dar una imagen de una entidad independiente, cercana, que colabora y que presta ayuda, pero que tiene una función muy importante que cumplir, que es garantizar el respeto de un derecho fundamental, capital y autónomo. Y si esa labor nos exige llevar a cabo actividades inspectoras, y luego sancionar, tendremos que sancionar. En los medios se me ha atribuido una frase: "El nuevo director dice que nadie le parará en su actividad sancionadora". Yo lo que he dicho es que nuestra primera misión es garantizar un derecho fundamental. Lo segundo es hacer todo lo posible para que, cuanta más gente, mejor, conozca la legislación de protección de datos. Pero, en tercer lugar, si por vía de denuncia o de actuaciones de oficio tenemos conocimiento de una infracción y hay que sancionar, se sancionará. Ahí es donde afirmo que nadie nos parará a la hora de sancionar, porque ésa es nuestra obligación en cuanto a entidad independiente. Que no se piense que hay centros, entidades, empresas que pueden librarse. El que pida la ayuda, la tiene. El que incumpla la ley, y si desgraciadamente hay que llegar a una sanción, será sancionado.

P. ¿Qué problemas tienen las empresas españolas a la hora de cumplir la ley?

R. El principal es un desconocimiento involuntario de la legislación. Hay muchas pyme que no son conscientes, ni siquiera, de que tienen un fichero. Yo les diría, ante todo y de veras, que la agencia está a su disposición. También pueden acudir a las Cámaras si tienen dudas. Pero es cierto que la legislación es complicada. Tenemos comité de dirección todas las semanas, y constantemente tenemos problemas de interpretación. Si esto ocurre en la agencia, ¿cómo no va a tener problemas quien no es un especialista?

P. ¿Se sabe cuántas empresas incumplen la ley?

R. Sí y no, y quiero ser especialmente cauto porque sé que se ha repetido un porcentaje de que el 90% de nuestros datos está desprotegido. El tema es el siguiente: si en España hay unos tres millones de empresas, y en la APD tenemos 300.000 ficheros, la conclusión fácil y simplista es que sólo un 10% de las empresas cumple la legislación. Pero eso no es verdad, porque todas las grandes empresas, las que afectan a la mayor parte de los consumidores, tienen su fichero inscrito. No se puede decir que el 90% de nuestros datos carezca de protección.

P. Las asociaciones de empresas se quejan de que la legislación y las sanciones españolas son muy duras respecto a las comunitarias, lo que restringe su competitividad frente a las compañías de la UE.

R. Efectivamente, la cuantía de las sanciones en España es elevada. También es verdad que no en todas las constituciones hay un derecho fundamental como en la nuestra. Soy consciente de que la legislación puede tener apariencia de excesivo rigor, aunque estamos muy en la línea del derecho comunitario porque la ley es trasposición de una directiva. En cuanto a las sanciones, sé que son cuantiosas, pero son las que son, y así están previstas en la ley orgánica.

P. Ha comentado que hay más trabajo en la agencia del que pensaba. ¿Eso significa que hay más incumplimientos de la ley de los que creía?

R. No, significa que hay en torno a 200 ficheros diarios que se inscriben en la agencia, lo que da una media de 75.000 al año. Hay un número muy elevado de expedientes de tutela o sancionadores, unos 500. Y hay una demanda importante de ayuda de colectivos. La agencia funciona muy bien para los medios que tiene.

P. ¿Necesita aumentar esos medios?

R. Todos necesitamos aumentar los medios. Soy consciente del compromiso de estabilidad presupuestaria y de la austeridad que debe presidir la acción de la Administración pública. Lo que estoy haciendo es estudiar, desde una perspectiva sensata, las necesidades de personal de la agencia para luego hacer una petición de dónde debería haber, quizá, un incremento de medios personales. Pero lo que pida será lo que necesite.

P. La plantilla técnica no ha aumentado en los últimos años, y sí los expedientes.

R. La plantilla es muy semejante a la que había en el origen de la Agencia, 69 personas, y estamos por debajo de las autoridades de otros países. Pero sí, soy consciente de que aquí la gente tiene una carga de trabajo importante.

José Luis Piñar
José Luis PiñarMANUEL ESCALERA

"La ley es manifiestamente mejorable"

P. El Gobierno tiene encima de la mesa una propuesta del Congreso para aumentar los supuestos en que se exige el consentimiento expreso del ciudadano para utilizar sus datos. ¿Qué opina de ese asunto?R. Vamos a analizar hasta dónde se puede llegar, dentro de la ley y del derecho comunitario, en la exigencia del consentimiento expreso. Sé que las empresas tienen alguna preocupación, lo comprendo. Estoy adelantando cosas que no están en mi mano, aunque sin que el consentimiento sea expreso se puede facilitar al ciudadano, y sin un coste excesivo para las empresas, la manifestación del consentimiento, con sobres franqueados o teléfonos gratuitos, por ejemplo. Pero sé que hay bienes jurídicos enfrentados, el derecho fundamental y la competitividad de las empresas, que no se sientan más discriminadas que en Europa.P. La oposición pide una modificación directa de la ley, donde se cambie el consentimiento "inequívoco" por "expreso".R. El Congreso, en efecto, ha llamado la atención de la conveniencia de modificar la ley. Pero al final lo que ha prosperado es una proposición en que se instaba al Gobierno a estudiar, en el desarrollo reglamentario, los supuestos en los que el consentimiento es expreso. Y no puede ser de otro modo, porque la ley es manifiestamente mejorable, pero es tributaria de la directiva. P. ¿No se puede ir más allá de la directiva?R. Debe haber un desarrollo reglamentario de la ley. Nosotros no somos quienes debemos hacerlo, pero sí voy a llamar la atención, allí donde sea necesario, de la necesidad de desarrollar el reglamento, con una interpretación que conjugue todos los intereses en juego.

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Sobre la firma

Patricia Fernández de Lis
Es redactora jefa de 'Materia', la sección de Ciencia de EL PAÍS, de Tecnología y de Salud. Trabajó diez años como redactora de economía y tecnología en EL PAÍS antes de fundar el diario 'Público' y, en 2012, creó la web de noticias de ciencia 'Materia'. Los fines de semana colabora con RNE y escribe, cuando puede, de ciencia y tecnología.

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