Navidades negras

LOS ESFUERZOS DEL GOBIERNO para sacarse de encima cualquier responsabilidad por el hundimiento del Prestige caminan del bracete con sus maniobras para monopolizar -en propio beneficio electoral- la administración de las ayudas a los damnificados financiadas por fondos presupuestarios y europeos. De un lado, Aznar envía al ostracismo al PSOE y a los demás grupos de la oposición al rechazar o ridiculizar sus propuestas, sin perjuicio de plagiarlas a renglón seguido; de otro, el presidente del Gobierno comete la incongruencia de llamar a los socialistas "flojos, pusilánimes, demagogos, irresponsables, carroñeros, desleales y antipatriotas" por cumplir sus deberes constitucionales de controlar al Ejecutivo y no conformarse con el deslucido papel de ofrecerle su respaldo incondicional para verse desdeñados. La ducha escocesa propinada al PSOE por el PP recuerda el doble vínculo de las relaciones jerárquizadas: el Gobierno conmina a la oposición -considerada un ente subalterno cuya colaboración se solicita y se desprecia al mismo tiempo - a que ejecute sus órdenes contradictorias.

Aunque Cascos sostenga que la marea negra de fuel es "el Chernóbil español", la estrategia electoralista del Gobierno y su obsesión por satanizar al PSOE le impiden estar a la altura de ese desafío

La estrategia oficial para hacer frente a la crisis del Prestige está movida por sórdidos objetivos electoralistas: mientras el Gobierno ocupa en solitario el escenario como exclusivo y excluyente protector de los perjudicados, la tarea paralela de satanizar a sus competidores en las urnas intenta desviar hacia la abstención los votos desertores del PP. El avance del BNG a costa del PP pero también del PSOE y la radicalización de la coalición nacionalista serán el probable resultado de esa doble operación de imagen. Mediante esos fraudulentos procedimientos, el Gobierno refuerza la desafección de los ciudadanos damnificados hacia las instituciones democráticas: la sobreactuada retirada escenificada por el PP en el Congreso el miércoles para protestar de la sesgada interpretación dada por el socialista Caldera a un documento oficial sobre el rumbo del Prestige (una superflua y tonta argucia de picapleitos) fue una gamberrada contra la dignidad del Parlamento.

En su reciente libro La sociedad del riesgo global (Siglo XXI de España, 2002), Ulrich Beck recuerda que los conflictos ecológicos suelen promover movilizaciones subpolíticas al margen o en contra de los cauces de la democracia representativa. A diferencia de las catástrofes naturales percibidas antaño como castigos divinos, el riesgo está asociado en la modernidad a las decisiones humanas y al proceso civilizatorio. Desde comienzos del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, las amenzadoras incertidumbres creadas por el industrialismo se prestaban a la previsión, el cálculo y el aseguramiento en espacios y tiempos determinados. Pero con el arranque de la segunda modernidad, los vertidos contaminadores en los ríos y las mareas negras en los océanos o las emanaciones tóxicas polucionadoras del aire y del suelo atraviesan las fronteras y afectan a las generaciones venideras.

La catástrofe de Chernóbil y la campaña de Greenpeace contra una plataforma petrolífera en el Báltico despertaron la sensibilidad mundial frente a los problemas medioambientales. La descripción del naufragio del Prestige como "el Chernóbil español" realizada por el ministro de Fomento en un consejo de la Unión Europea debería hacer reflexionar no sólo al impulsivo Cascos sino también a sus compañeros de Gabinete. En otra obra recién editada (Libertad o capitalismo. Paidos, 2002), Ulrich Beck advierte sobre el carácter explosivo para los sistemas políticos de los conflictos de riesgo, capaces de infiltrarse como un virus en las instituciones democráticas y de cuestionarlas desde dentro. La táctica del Gobierno de Aznar para utilizar la catástrofe del Prestige con el fin de sacar rendimientos electorales a la tragedia resulta detestable e ilusoria. El Ejecutivo debe aceptar la creación de una comisión parlamentaria para investigar las causas del accidente y tomar las medidas oportunas al respecto; como señala Beck, la sociedad de riesgo exige abrir el proceso de toma de decisiones no sólo al Estado sino también a los movimientos sociales y cívicos.