Conflictividad anómala

El pasado jueves se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional por la que se ha resuelto el conflicto de competencia trabado por el Gobierno de la nación contra el Gobierno de la Junta de Andalucía por la aprobación por este último de un decreto por el que se incrementaban las pensiones no contributivas para determinados ciudadanos andaluces. Como me imagino que todos los lectores saben, el Tribunal Constitucional da la razón en este conflicto a la Junta de Andalucía frente al Estado, entendiendo que el Gobierno andaluz ha ejercido una competencia que le es propia en virtud de lo establecido en la Constitución y el Estatuto de Autonomía para Andalucía y que, en consecuencia, no ha invadido la competencia estatal.

La noticia desde una perspectiva política no es la sentencia, sino los comentarios que ha suscitado

La sentencia es una más de las miles que ha dictado el Tribunal Constitucional hasta la fecha y no tendría por qué ser comentada en los medios de comunicación con la intensidad con que lo ha sido. Ni por el volumen económico de lo que estaba en juego, ni por el posible efecto de arrastre de la decisión andaluza en otras comunidades autónomas, bastante improbable por lo demás, ni por ninguna otra circunstancia, la decisión del Tribunal Constitucional merecía que se le prestara tanta atención.

Y sin embargo, se le ha prestado. Y no sólo en las páginas de información, sino también en las de opinión. No sólo se ha informado del contenido del fallo, sino que se han llegado a publicar pequeñas notas editoriales y artículos de columnistas en diversos medios comentando políticamente la sentencia.

Para mí esto ha sido lo más llamativo, porque es la expresión de una anomalía en el funcionamiento del Estado autonómico. Es perfectamente normal que un Gobierno de una comunidad autónoma entienda que puede ejercer una competencia sobre una determinada materia. Es perfectamente normal que el Gobierno de la nación entienda que la competencia ejercida por el Gobierno autónomo es una competencia propia, que está siendo invadida por el Gobierno autónomo. Y es perfectamente normal, cuando esto ocurre, que se acabe residenciando el conflicto ante el Tribunal Constitucional para que lo resuelva. Esa es la lógica de todo Estado políticamente descentralizado, que, justamente por eso, exige que exista una instancia judicial federal o estatal que acabe resolviendo los conflictos que se suscitan entre los diferentes niveles de gobierno, estatal y autonómico. Todo esto es perfectamente normal y no debería suscitar mayor atención que la que se le prestara en el espacio dedicado a tribunales o en las páginas de economía. Pero nada más.

Más todavía en un caso como éste, en el que era discutible qué gobierno podía tener razón, si el de la Junta de Andalucía o el del Estado. No nos encontrábamos ante un caso claro. En mi opinión, la competencia ejercida por la Junta de Andalucía era una competencia propia. También ha sido la opinión del Tribunal Constitucional. Pero no se puede perder de vista que la sentencia ha sido aprobada por mayoría y que hay cuatro magistrados que han suscrito votos particulares, en los que se considera que la competencia es estatal y que, en consecuencia, la sentencia debería haber declarado que se ha producido una invasión de la competencia estatal por la comunidad autónoma, anulándose como consecuencia de ello el decreto de la Junta de Andalucía.

Quiere decirse, pues, que nos encontramos ante un conflicto perfectamente normal, sobre una materia en la que era discutible qué Gobierno podía tener la razón y que, precisamente por eso, exigía el arbitraje del Tribunal Constitucional. Si el conflicto se hubiera mantenido en estos términos, habría pasado caso desapercibido, excepto para los ciudadanos directamente afectados.

Y sin embargo, se ha convertido en noticia de alcance nacional. En esto consiste la anomalía. Se le ha dado una dimensión anormal a un conflicto normal. La noticia desde una perspectiva política no es la sentencia, sino los comentarios que ha suscitado. Esto último es lo que indica que algo no funciona en nuestro Estado autonómico como debería.

No cabe duda de que la sentencia habría pasado desapercibida, si en el momento de trabar el conflicto de competencia , el Gobierno se hubiera limitado a dirigirse al Tribunal Constitucional exponiendo sus argumentos jurídicos y no los hubiera acompañado de un ataque desaforado en los medios de comunicación al presidente de la Junta de Andalucía, al que se acusó de "deslealtad" y al que se le llegó a insultar incluso, calificándolo de "gamberro institucional". Pero creo, sobre todo, que habría pasado desapercibida si no fuera porque el Estado no entiende su relación con Andalucía nada más que en clave de agresión, con lo que el recurso a los Tribunales de Justicia o al Tribunal Constitucional, que debería ser una circunstancia excepcional, se está convirtiendo en una circunstancia cotidiana.

No parece que las cosas vayan a ser diferentes en lo que queda de legislatura. A pesar de que hace unos días el ministro de Hacienda afirmó que sabía que tenía una deuda pendiente con Andalucía, ha optado por recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional ante el Tribunal Supremo con la doble finalidad de retrasar el pago y de no tener que enfrentarse ya con el pago de los años posteriores al 97, en los que la liquidación por el Estado también se hizo de manera incompleta. Lo mismo cabe decir del conflicto en torno a Cajasur, como consecuencia de la operación orquestada por el Estado para sustraerle la competencia a la Junta de Andalucía con la Ley Financiera. Y el previsible por el retraso en el traspaso de las políticas activas de empleo. ¿Hasta cuando?