La nueva propuesta de Arenas sobre financiación y empleo pone en un brete el acuerdo con la Junta

El Ministerio de Hacienda recurrió ayer, último día de plazo, al Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional que da la razón a la Junta de Andalucía en el pago de la liquidación de los fondos presupuestados para la comunidad en 1997 y comunicó, a través del Ministerio de Administraciones Públicas, su intención de negociar "año a año" el pago del resto de las liquidaciones pendientes. También informó de su intención de no hacer el traspaso efectivo de las políticas activas de empleo hasta julio de 2003, lo que pone en un brete la negociación con la Junta de Andalucía.

Cuanto todo auguraba que la negociación abierta el pasado 5 de septiembre entre el presidente de la Junta, Manuel Chaves, y el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, iba a acabar en un apretón de manos navideño -en la fecha que ellos mismos se habían dado de plazo (final de año)-, el Gobierno central tomó ayer otro rumbo en su intención de llegar a un acuerdo.

La Delegación del Gobierno dio a conocer una carta remitida por el secretario de Estado de Organización Territorial (dependiente del ministerio de Arenas), Gabriel Elorriaga, al consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, en la que comunica el recurso presentado ayer por Hacienda contra la sentencia de la Audiencia que le obliga a pagar el 2% de los fondos presupuestados para Andalucía en 1997. Elorriaga se compromete a pagarlo este año y de "desistir" del mismo en el caso de que se llegue a un acuerdo.

Para la Junta esta decisión no es una sorpresa ni un "obstáculo" para el éxito final de las negociaciones, aunque como ha insistido el presidente Manuel Chaves en numerosas ocasiones, es una mala señal. Éste recibió ayer una llamada de Javier Arenas comunicándole el recurso, según fuentes de la Delegación del Gobierno, que no informaron de más detalles de la conversación, como tampoco la Junta.

Lo que sí ha provocado "decepción" en el Ejecutivo andaluz es la propuesta de Administraciones Públicas sobre las cuatro liquidaciones pendientes del modelo de financiación anterior (1997-2001), al defender que se paguen "año a año", por lo que "habría que firmar anualmente los acuerdos correspondientes" en comisión mixta. Esta solución, dice el secretario de Estado, "debería llevar aparejada la retirada" de los recursos presentados por la vía contencioso-administrativa y "dejar al margen del debate público" las discrepancias de ambos gobierno sobre el modelo anterior.

La propuesta del Gobierno respecto a las políticas activas de empleo -cuyo traspaso anunció Javier Arenas en diciembre de 1997 cuando estaba al frente de la cartera de Trabajo- también es "un retroceso notable" para la Junta, según un comunicado la Oficina del Portavoz del Gobierno. Administraciones Públicas propone dar estas competencias a la Junta en tres plazos: en el primer trimestre de 2003 se celebrarían "las ponencias técnicas que sean precisas" y la comisión mixta Junta-Estado, en la que se firmaría el traspaso efectivo a partir del 1 de julio próximo. En el segundo trimestre del año la Junta participará en la gestión de los servicios, aunque la "responsabilidad última seguirá siendo del Inem, hasta el 30 junio". A partir de esa fecha, Andalucía "asumiría todas sus responsabilidades".

El 1 de julio es también la fecha de Administraciones Públicas para hacer efectivo el traspaso del Instituto Social de la Marina.

Tanto Elorriaga como el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, intentaron suavizar con sus palabras el regate en toda regla que suponen estas propuestas. Así mientras el primero reitera en su carta la intención del Gobierno de "alcanzar un acuerdo de manera inmediata", el segundo dijo que "igual que se ha interpuesto el recurso se puede retirar cuando se alcance un acuerdo". Montoro reconoció el pasado 5 de diciembre que la Junta tenía razón en su demanda: "No hace falta que me lo diga la Audiencia ya sé que me queda por pagar el 2% a Andalucía".

La Junta reaccionó con tibieza al recurso -"no es un obstáculo para llegar a un acuerdo", afirmó el portavoz, Enrique Cervera-, pero cuando horas después conoció que la carta de Elorriaga había llegado a todas las redacciones la moderación se transformó en irritación. En su nota, "lamenta" que Madrid "haya roto unilateralmente el compromiso de discreción"; expresa su "decepción" por el contenido de la carta ya que supone un "retroceso notable" sobre lo negociado hasta ahora; "lamenta" el recurso de Hacienda; comunica que "mantendrá siempre su libertad de mostrar públicamente sus discrepancias"; y dice que "no regateará esfuerzos" en alcanzar un acuerdo.

Desde el PSOE no extrañó el nuevo giro de las negociaciones, pero sus dirigentes mantendrán "un perfil bajo" de respuesta hasta fin de año.