Chaves pide al PP que "reconsidere" su actitud con la Junta tras la sentencia de las pensiones

Tres años después de que lo acusaran de "romper la caja única", de ser un "absoluto irresponsable", de fomentar "el mercadeo político", de actuar "con chulería y provocación" y de vulnerar "la lealtad constitucional", el presidente de la Junta de Andalucía, el socialista Manuel Chaves, pudo ayer mostrar una sentencia del Tribunal Constitucional que avala el complemento a las pensiones no contributivas aprobado por el Gobierno autonómico en dos decretos en diciembre de 1998 y marzo de 1999. "Los teóricos de la confrontación por la confrontación han tenido nuevamente un varapalo jurídico de enorme trascendencia", afirmó pletórico Chaves, quien pidió al PP que "reconsidere" su estrategia respecto a Andalucía.

La sentencia del Tribunal Constitucional desestima los recursos presentados por el Gobierno de la nación contra dos decretos aprobados por la Junta el 30 de diciembre de 1998 y el 9 de marzo de 1999. En el primero de ellos, la Junta acordó una subida complementaria en 1,8% de las pensiones de 107.500 andaluces que no cotizaron los años suficientes para acceder a una pensión contributiva y que cobraban 37.950 pesetas al mes. Ese porcentaje sumado al 1,8% que consignó el Estado supuso un aumento total de 3,6%. En el segundo decreto, la Junta decidió abonar las 9.395 pesetas de ayuda en un único pago.

Con esa decisión, Chaves cosechó un aluvión de críticas procedentes del Gobierno de la nación y del Partido Popular, así como de Izquierda Unida. Las hemerotecas de esa fecha están llenas de calificativos contra el socialista: "Es una actitud irresponsable. Supone la quiebra de la Seguridad Social", afirmaron el secretario general del PP, Javier Arenas, y el entonces ministro de Trabajo, Manuel Pimentel. "Sólo Chaves y el PNV mantienen una posición de ruptura de la caja única" (Arenas); "perjudica el bienestar de los españoles" (Pimentel); "es un episodio triste en el currículo de Chaves" (Pimentel); "es un acto de provocación y chulería" (Antonio Sanz); "vulnera el principio de lealtad constitucional" (referencia del Consejo de Ministros de marzo 1999); "Chaves está jugando con la miseria" (Felipe Alcaraz).

"Políticas diferentes"

Algunas de estas "descalificaciones gravísimas" las recordó ayer Chaves cuando dio a conocer la sentencia porque, a su juicio, el fallo demuestra que la Junta "actuó en defensa de los intereses de Andalucía" y de "los más débiles". El presidente andaluz -al que acompañaron en su comparecencia los consejeros de la Presidencia y Asuntos Sociales y el secretario de Organización del PSOE- aseguró que la medida no se tomó en contra del Gobierno de la nación, sino con la intención de demostrar que se pueden "marcar políticas diferentes en materia social en relación con las de la derecha".

Este criterio político fue el que llevó al Gobierno de Chaves en la anterior legislatura a adoptar otras medidas de clara significación política como el pago de medicamentos excluidos de la Seguridad Social y el establecimiento de las 35 horas semanales en la Administración andaluza.

"Los teóricos de la confrontación por la confrontación han tenido un nuevo varapalo jurídico de enorme trascendencia", dijo Chaves, en alusión a la sentencia de la Audiencia Nacional que da la razón a la Junta en el contencioso relativo a la liquidación presupuestaria, y pidió al PP que "reconsidere" la estrategia que sigue con Andalucía porque no es "rentable" ni jurídica ni políticamente.

Aunque Chaves se mostró contundente, no quiso regodearse con el fallo del Constitucional, al tiempo que vino a decir que el Ejecutivo de la nación utiliza dos varas de medir según el "color político" de cada autonomía. "Una vez más, el Gobierno y el PP se guiaron por la ceguera ante una decisión que emanaba de la Junta", afirmó. A su juicio, los populares caen en una "contradicción evidente" al mantener una "actitud distinta" con las decisiones de Andalucía con otras que se adoptan en Cataluña como la "subida de las pensiones de viudedad aprobada con el apoyo del Partido Popular".

Chaves se felicitó por que el Tribunal Constitucional haya dado la razón a la Junta "en todo sus extremos" al considerar que la decisión de complementar las pensiones con fondos autonómicos fue "legítima institucionalmente e irreprochable desde el punto de vista jurídico".

A la hora de su comparecencia ante los periodistas, Chaves desconocía que el presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, hijo predilecto de Andalucía en 2002, se había adherido a los votos particulares suscritos por dos magistrados. Preguntado en ese momento, el presidente andaluz consideró la información como incierta e inexacta. "Es más, mi información es precisamente toda lo contraria", dijo.