Ainlee murió a manos de sus padres sin que nadie la ayudara

Asistentes sociales, personal médico y agentes del orden de un barrio de Londres antepusieron su propia seguridad a la de la niña de dos años Ainlee Walker, que quedó desprotegida ante la crueldad de sus padres, que hoy cumplen condena por el homicidio de su hija. El informe independiente del Comité de Protección de Menores, publicado ayer, vincula la "parálisis" manifestada por todos los agentes relacionados con el caso con "cuestiones de seguridad personal".

La pequeña Ainlee murió con 64 cicatrices y abundantes moratones en su diminuto cuerpo. También con quemaduras de cigarrillos y de agua hirviendo. Dennis Henry, de 39 años, y Leanne Labonte, de 20, fueron condenados el pasado septiembre por el crimen. "No dudo de que la niña habrá chillado y chillado hasta que no pudo gritar más", dijo el juez a ambos culpables al final de la vista.

Los asistentes sociales, enfermeros y médicos, además de funcionarios de vivienda, evitaban visitar la residencia de los Walker, en el este de Londres, por temor a la violenta pareja. En los 18 meses anteriores a la muerte de la niña, el pasado enero, la policía había visitado el hogar familiar en 53 ocasiones, 32 de ellas por denuncias de violencia doméstica.

Pero el miedo de los agentes sociales a las reacciones violentas del matrimonio británico dejó sin protección a la pequeña, que murió en su hogar a consecuencia de los golpes de los padres. "Una por una, las instituciones se retiraron por cuestiones de seguridad personal. El miedo llevó a la parálisis en términos de acción", denuncia el informe independiente elaborado por Helen Kenward para el Comité de Protección de Menores. El documento no responsabiliza a ninguna persona en concreto, sino que culpa a todo el engranaje social de haber dejado desprotegida a la pequeña.

El miedo de asistentes sociales, médicos y policías a causa de la actitud intimidatoria de los padres dejó a Ainlee "aislada de todos los que podían haberla protegido", señala.

El resultado de la investigación delata deficiencias en el engranaje de los servicios sociales de sobra conocidas en el Reino Unido. Ainlee es una nueva víctima de la descoordinación entre las diferentes instituciones que velan por los menores. En un caso anterior, el de Victoria Climbie, una niña africana de 7 años muerta por abusos físicos de sus cuidadores, también hubo señales previas de peligro y una obvia ausencia de actuación coordinada.

Las lecciones de esa y otras tragedias aún no se han asimilado. "No hay nada nuevo entre las recomendaciones. El informe recoge el eco de anteriores investigaciones", reconoció ayer su autora. En 70 folios Kenward resalta la necesidad de compartir información entre las distintas instituciones en casos de potencial peligro. Sugiere también cursillos especializados para que los asistentes sociales estén mejor preparados para enfrentarse a familias violentas.

Porque, como apuntó ayer la experta en protección de menores, "Ainlee se perdió dentro del proceso".