El fiscal pide nueve años de prisión para los directivos de Radio Aldamar

La Fiscalía de Guipúzcoa acusa a Rosalía Domínguez y a Eduardo Arrese-Igor, responsables de la emisora Radio Aldamar de San Sebastian y la empresa de manualidades Don Pincel, así como a su colaborador Adolfo Luis Lumbreras, de un delito continuado de estafa, por el que pide para cada uno siete años de prisión. Asimismo les imputa un delito contra los derechos de los trabajadores, por el que solicita para cada uno dos años de cárcel. Reclama además que los acusados indemnicen a los 31 empleados demandantes en la cantidad total de 349.085 euros.

Así consta en el auto emitido por el Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián que acuerda la apertura de juicio oral contra los imputados, que fueron demandados por 31 trabajadores por el impago de lo acordado. Para ser contratados, los empleados debían pagar de antemano 15.025,30 euros, una cantidad que Domínguez y Arrese-Igor se comprometían a devolver poco a poco, algo que no ocurrió.

La mayor parte de los demandantes está representada por el abogado Juan Luis Peña, que en su escrito de acusación particular apunta que, en fecha indeterminada, cercana a 1998, Domínguez y Arrese-Igor iniciaron en San Sebastián la explotación de Radio Aldamar y Don Pincel, sin que ninguno de ellos tuviera "experiencia ni conocimientos" sobre ambos negocios.

El escrito señala que "tampoco tenían soporte económico alguno", por lo que, "con argucias y engaños", comenzaron a contratar a trabajadores que, previamente a la prestación de sus servicios, debían entregar 15.025,30 euros. Un contrato privado establecía la devolución de esta cifra en 60 mensualidades, al tiempo que recogía que los empleados debían permanecer en el trabajo al menos cinco años. De lo contrario, perderían la cantidad entregada.

Empleo con "engaño"

El letrado sostiene que, dada la ausencia de beneficios de los negocios, salvo la "ilícita" financiación de los propios empleados, "con rapidez fue necesario alimentar el engaño con nuevos trabajadores que entregaran la cantidad de fianza". Ello conllevó "el aumento artificial y exagerado de las plantillas" y "el intento de Domínguez y Arrese-Igor de desquiciar a los antiguos trabajadores y despedirles o lograr que abandonaran voluntariamente la empresa" para no devolverles el dinero. Los trabajadores denunciaron el "fraude" en julio de 2000. No les han devuelto el total de las cantidades entregadas y muchos han de hacer frente a los créditos que solicitaron para abonar las mismas.

El abogado considera que Domínguez y Arrese-Igor actuaron con la ayuda de Lumbreras y Juana María Arrese-Igor (esta última no está acusada por la Fiscalía). Por ello, acusa a los cuatro de estafa, apropiación indebida y delito contra los derechos de los trabajadores. Para cada uno de los dos primeros solicita 17 años de prisión, mientras que para cada uno de los otros dos pide seis años. Reclama, además, que los demandados indemnicen a los afectados.