50.000 policías vigilan Buenos Aires un año después de las revueltas

Con la plaza de Mayo como centro y frente a la Casa Rosada, la sede del Gobierno, comienza esta noche en Buenos Aires y en todo el país la secuencia de actos, marchas y concentraciones populares con las que se recuerda el primer aniversario de las manifestaciones sociales del 19 y 20 de diciembre del pasado año, que provocaron la caída del Gobierno del ex presidente Fernando de la Rúa y se saldaron con 33 muertos.

Los rumores sobre la acción de grupos de choque fuera de control y la tensión de los días previos seguramente desalentarán la convocatoria a la marcha central prevista para mañana. Los organizadores esperan reunir unas cien mil personas. El Ministerio del Interior y el de Seguridad de la gobernación de la provincia de Buenos Aires desplazaron tropas de la gendarmería, anularon las licencias de la policía y concentraron más de cincuenta mil agentes armados en la ciudad y la periferia para impedir que se produzcan saqueos a comercios y actos de pillaje.

El ministro de Justicia, Juan José Álvarez, se comprometió ante las organizaciones defensoras de derechos humanos a mantener bajo control el operativo policial ante las denuncias de que volverían a utilizar, como en ocasiones anteriores, automóviles no identificados y armas fuera de registro con balas de plomo. El líder de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) del populoso barrio de La Matanza, en la periferia de Buenos Aires, Luis D'Elía, dijo que "si el peronismo no quiere, no hay saqueos".

Los actos comenzaron formalmente ayer a las siete de la tarde en un hogar para niños de la calle del barrio de Flores cuando los líderes religiosos de todos los cultos reunidos por la llamada Mesa Ampliada del Dialogo Argentino, en la que participan organizaciones sociales no gubernamentales, rezaron una oración por la paz y todos los asistentes cantaron el himno nacional argentino, difundido a su vez por varias emisoras de radio. En las avenidas principales, los conductores hicieron sonar las bocinas de los coches y en los edificios se veían banderas argentinas colgadas de los balcones, tal como habían pedido los líderes de la red solidaria.

La Central de Trabajadores Argentinos (CTA), disidente de las centrales sindicales controladas por el peronismo, convocó a una huelga a la que se adhieren los maestros y empleados públicos. Las columnas de manifestantes que partieron el lunes desde el extremo norte y el sur del país llegarán mañana a Buenos Aires y serán recibidas por caceroladas espontáneas de vecinos de los barrios de la ciudad.

Según sus portavoces, el presidente Eduardo Duhalde tiene previsto dirigir mañana un breve mensaje al país por la cadena de radio y televisión. En una jornada que considera "de luto", el jefe del Estado evocará los trágicos sucesos y hará también una evaluación de su gobierno, del que ayer destacó particularmente el hecho de que "haya transcurrido un año sin que se denunciara un solo hecho de corrupción de sus funcionarios". Duhalde confirmará un aumento de salarios de entre 130 y 150 pesos que las empresas privadas podrán conceder a partir del mes de marzo y, como adelantó el ministro de Economía a EL PAÍS, anunciará el fin de la recesión económica porque se han constatado tres trimestres consecutivos de crecimiento del producto interior bruto.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires adelantó el pago de jubilaciones, pensiones y aguinaldos, cuadruplicó la asistencia alimentaria, reforzó las bolsas con productos tradicionales de Navidad, repartió subsidios a los comedores comunitarios montados por las organizaciones de piqueteros y se reunió con los líderes para asegurarles que la policía no impedirá el desplazamiento de los manifestantes.