Un sistema público vinculado al consenso político

La Seguridad Social española cuenta con 16,36 millones de trabajadores cotizantes, un récord histórico alcanzado el pasado mes de noviembre, y en lo que va de año ha experimentado un incremento de 620.277 afiliados ocupados. Con las aportaciones de esos cotizantes se pagan las pensiones de 7,91 millones de ciudadanos.

La evolución positiva ha permitido que el sistema público acumule cuatro años de superávit y ha mejorado la relación entre afiliados y pensionistas. Ese dato en el año 1996 suponía 2,06 cotizantes por cada pensionista y en la actualidad la relación se ha reforzado hasta 2,41.

La incorporación de cotizantes ha sido más favorable de lo que estimaban los expertos. Hace 10 años había 12,53 millones de afiliados y el salto más importante se ha producido desde 1997 hasta la actualidad, periodo en el que ha pasado de 12,93 millones a 16,36 millones, lo que supone la suma de tres millones y medio de nuevos cotizantes.

Una parte de esa evolución, tampoco prevista por los expertos, se debe a un fenómeno de inmigración masiva que ahora alcanza la cifra de 669.622 afiliados procedentes de países no comunitarios (el 4% del total) y otros 180.417 de la Unión Europea. Durante los dos últimos años, uno de cada cuatro nuevos cotizantes son extranjeros.

Las estimaciones del Gobierno español indican que la Seguridad Social no experimentará tensiones hasta el año 2020, periodo de tiempo que considera fiable para hacer previsiones sólidas. En su informe de estrategia nacional presentado en Bruselas, afirma que "las generaciones menos numerosas de los que se jubilarán en los próximos años permitirán un respiro demográfico para el sistema de pensiones". Eso se debe a que pasarán al retiro las generaciones reducidas nacidas en la guerra civil y la posguerra.

De un incremento medio interanual del grupo de población de 65 y más años del 2,4% en el periodo 1991-2000, se pasará en los próximos años a una cifra entre el 1% y el 1,2%. A partir del 2020 es cuando se estima que se vuelva a un crecimiento de la población mayor del 2%.

Las políticas que se diseñen para esos años futuros están directamente relacionadas con el Pacto de Toledo firmado por los partidos, al que se sumaron los sindicatos. En él se comprometen a analizar cada cinco años el estado del sistema público y a recomendar las medidas y ajustes que creen necesarios a medio y largo plazo para garantizar la viabilidad futura. Ese consenso político se debe renovar en los próximos meses.