Las ayudas públicas de inserción superan ya el salario mínimo

La ayuda que proporcionan el Gobierno vasco y las diputaciones a los ciudadanos sin recursos económicos propios supera ya el importe del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en la actualidad es de 442,20 euros al mes. La principal aportación procede del Ejecutivo a través de la renta básica, que este año ha ascendido a 407,56 euros mensuales, y las diputaciones complementan esta cantidad. Según un estudio realizado por el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, las prestaciones del Gobierno y de las diputaciones suponen hasta 1,17 veces el SMI para una persona; entre 1,33 y 1,56 veces el SMI para familias de dos miembros y entre 1,46 y 1,71 el SMI para familias de tres. En estos ingresos no se contabilizan las Ayudas de Emergencia Social (AES), que se facilitan para necesidades puntuales.

El objetivo del Gobierno es que la renta básica alcance el 86% del SMI al acabar la legislatura. El próximo año pretende situarse en el 81%. A medida que sube la aportación gubernamental, disminuye la foral. Además, la percepción del también conocido como salario social es compatible con la realización de algunos trabajos, lo que permite aumentar los ingresos de quienes reciben ayuda pública.

Se trata de los estímulos al empleo, que permiten, por ejemplo, que un ciudadano sin recursos compatibilice el ingreso de los 407,56 euros mensuales del salario social y de los complementos de las diputaciones, con otros 203,78 euros procedentes de algún trabajo. La cantidad aumenta en función del número de miembros de la familia.

En la actualidad, alrededor del 50% de los cerca de 16.000 beneficiarios de la renta básica complementan este ingreso con otro salario procedente de un trabajo. "Es una vía de acceso al mercado laboral. No es una posición óptima, pero sí resulta mejor que la de simple perceptor", resalta el viceconsejero de Inserción Social, Manuel Vigo.

Reconoce el viceconsejero que superar el salario mínimo con ayudas institucionales entraña sus riesgos, porque puede propiciar una dinámica de desincentivación de la búsqueda del trabajo al entrar en competencia el salario del mercado con la renta básica. "Y claro", señala Vigo, "no puede dar igual trabajar o no trabajar".

Por eso, el Gobierno autonómico tiene previsto revisar su sistema de protección de personas sin recursos para evitar que los beneficiados puedan caer en la desidia y se acomoden a recibir la paga institucional. "Los criterios para acceder al cobro de la renta son muy flexibles. No se piden requisitos estrictos para concederla", asegura el viceconsejero de Inserción Social. Actualmente, sólo se exige demostrar que existe una necesidad y estar empadronado durante un año en la comunidad autónoma vasca.

La renta básica de Euskadi es la más elevada de España, además de estar garantizada por ley. De este modo, no está limitada a cantidades presupuestarias, programas o plazos. Frente a los 379,27 euros que percibía un ciudadano en el País Vasco en el año 2001, en Extremadura, la siguiente comunidad autónoma con el salario social más elevado, recibía 325,09 euros al mes.

Inserción laboral

Según el viceconsejero, el sistema de protección social vasco es importante por el dinero que concede pero, sobre todo, porque está vinculado a la inserción social y laboral de las personas sin recursos. Es decir, cada perceptor de la renta básica firma un convenio con la Administración, donde se hace un diagnóstico de su situación socio-laboral y de acuerdo con él se le encamina hacia unos itinerarios de formación. "Se trata de que los perceptores no permanezcan en una actitud pasiva, sino que se les dé la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo", explica.

Una vez rubricado el convenio de inserción, el primer paso es el acceso del beneficiario del salario social al programa Auzolan, que permite a los ciudadanos familiarizarse con los hábitos de trabajo, aunque aún está lejos de ser un empleo normalizado. El programa conlleva la realización de trabajos a favor de la comunidad, que pueden ir desde la limpieza de un río hasta la de un parque. El siguiente eslabón es el de las empresas de inserción, donde se ofrece un empleo estable al menos por un periodo de tres años.

El Gobierno tiene previsto aprobar este mismo mes el decreto que subvencionará la creación y el mantenimiento de estas empresas, que estarán regentadas por entidades sin interés lucrativo. Hasta ahora, el Ejecutivo ha ido homologando a las organizaciones que han mostrado interés en regentar alguna. De momento, hay siete empresas inscritas y la previsión del departamento es llegar al menos hasta las 14 para echar a andar. Cada una de ellas tendrá una media de diez trabajadores, todos ellos perceptores de la renta básica.