68 profesores universitarios auguran una 'fuga' de docentes de prestigio a otras regiones

Un grupo de 68 profesores de la Universidad Autónoma ha firmado un manifiesto en el que expresa su temor de que se produzca una fuga de "docentes de reconocido prestigio" a centros universitarios de otras comunidades autónomas por culpa de la política de remuneraciones que prevé aplicar la Consejería de Educación en el desarrollo normativo de la Ley Orgánica de Universidades (LOU). El salario base de cualquier profesor contratado no funcionario será siempre inferior al que cobrarán los docentes con plaza en propiedad, según los planes de Educación.

El documento suscrito por los 68 profesores -la Universidad Autónoma tiene aproximadamente un millar de docentes- afirma que la política de retribuciones defendida por la Consejería de Educación, al frente de la cual está Carlos Mayor Oreja, "está impidiendo que las universidades madrileñas atraigan a profesores de prestigio que no sean previamente funcionarios". El documento sostiene que esta situación perjudica de manera clara "la capacidad de renovación y mejora del nivel del profesorado", y advierte de que "el perjuicio puede llegar a ser permanente si no se prevén mecanismos para evitarlo".

La del "profesor de reconocido prestigio" es una nueva figura creada por la LOU. Está pensada para que las universidades puedan contratar para impartir clases a docentes que no son titulares, pero sobre cuya valía hay consenso en el mundo académico. Se trata, fundamentalmente, de licenciados o doctores que han realizado su carrera de posgrado en universidades extranjeras o que se han dedicado siempre a la investigación.

El manifiesto subraya que otras comunidades autónomas -sobre todo Cataluña y Castilla-La Mancha- están desarrollando políticas de contratación más atractivas, que han conseguido convencer en los últimos meses a profesores de prestigio que, si bien en un principio habían hecho público su interés por incorporarse a universidades madrileñas, desistieron después porque la capital les planteaba una perspectiva salarial poco apetecible.

La principal preocupación de los firmantes es que la consejería no articule un sistema de remuneración flexible que permita a las universidades ofrecer a los profesores de prestigio salarios equivalentes, por ejemplo, a los de los catedráticos funcionarios. Con el modelo de contratación respaldado hasta el momento por Educación -que aún está negociando el desarrollo normativo de la LOU con sindicatos y universidades-, a un profesor de valía excepcional cuya trayectoria se hubiera desarrollado fuera del ámbito docente español no le resultaría en principio atractivo un contrato en una universidad madrileña, ya que tendría que conformarse con un sueldo inferior al de cualquier profesor titular.

Los docentes que apoyan el manifiesto proponen como alternativas los modelos de contratación previstos por los Gobiernos catalán y castellano-manchego, en los que se establecen distintas soluciones para poder remunerar a los profesores contratados no titulares con salarios equivalentes a los de los profesores asociados, titulares o catedráticos.

La LOU delega en las comunidades autónomas el desarrollo normativo necesario para incorporar a las universidades a personal docente e investigador contratado no funcionario, que puede representar, como máximo, hasta el 49% del cuerpo docente. El Gobierno madrileño aprobó, el pasado septiembre, un decreto sobre el régimen de contratación de estos profesores y, en la actualidad, negocia con universidades y sindicatos el convenio colectivo.

El borrador del convenio establece siete categorías diferentes de profesor contratado, cada una de ellas con una remuneración distinta. Pero todas ellas -incluida la mejor pagada, la de profesor contratado doctor- incluyen de momento un salario base inferior al de cualquier profesor titular.

Complementos

No obstante, el director general de Universidades de la Comunidad de Madrid, Javier García Cañete, recuerda que los profesores contratados verán aumentadas sus retribuciones, en función de sus méritos académicos, a través de complementos adicionales.

García Cañete asegura, además, que el hecho de que se establezca un salario base para los profesores contratados no impedirá que el Ejecutivo dé "márgenes de libertad" suficientes para que las universidades que tengan interés en contratar a un determinado profesor por su reconocido prestigio "superen por arriba" las cantidades establecidas en el convenio.

La negociación del convenio está aún pendiente de un fleco: fijar la remuneración base para la figura de profesor contratado doctor (el que más cobrará entre todos los no funcionarios). Una de las posibilidades que se barajan es que esta figura se desdoble en dos salarios diferentes, en función de los méritos académicos del aspirante.