Cultura propone a un jurista como mediador en la huelga de la ONE

La Orquesta Nacional de España sigue con su huelga. Y van tres semanas. Ayer no tocaron en el Auditorio Nacional, tampoco lo harán hoy, y los esfuerzos de negociación continúan. La Secretaría de Estado de Cultura envió ayer una propuesta formal al comité de huelga, formado por profesores funcionarios de la orquesta, en la que se proponía nombrar a un mediador para salvar las discrepancias entre los convocantes y la Administración.

Los representantes del ministerio quieren negociar el futuro de la ONE después de la aprobación del nuevo decreto, que regulará a partir de ahora a la orquesta, y que cambia la situación del grupo de un marco funcionarial a otro laboral. Pero los profesores, 82 en un grupo de 122, de los que sólo 60 apoyan la huelga, no están dispuestos a negociar el nuevo estado de la situación tan fácilmente.

La Secretaría de Estado de Cultura ha propuesto al comité la mediación de un jurista, máxima autoridad científica en Derecho del Trabajo. La propuesta mantiene que "si el comité acepta esta amistosa mediación, ambas partes se comprometen públicamente a negociar todos los puntos concretos que éste considere conforme a ley", se lee en una nota remitida ayer por el ministerio.

"El procedimiento lo debe decidir con toda libertad el mediador. Lógicamente, cada una de las partes le enviarán en breve plazo todos los antecedentes y alegaciones escritas que deseen", propone el Gobierno.

Si se supera este escollo, un auténtico nudo que podría estancar el conflicto toda la temporada, Cultura considera que "ya no existe ningún motivo para mantener la huelga, que debería ser desconvocada de inmediato".

Además, el secretario de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca, asistió ayer a una reunión con los profesores contratados de la Orquesta Nacional, un total de 24 dentro del colectivo y que son los que de verdad tienen una situación irregular en la orquesta. En el encuentro se comentaron todos los aspectos que plantea a este grupo la entrada en vigor del real decreto, pero nadie se pronunció al respecto públicamente.