Barcelona insta a la Generalitat a crear el Consorcio de Bienestar Social

El Ayuntamiento de Barcelona ha enviado una carta al Departamento de Gobernación de la Generalitat en la que la apremia a constituir el Consorcio de Bienestar Social. Está previsto en la Carta Municipal de Barcelona, que además establece el traspaso de buena parte de la atención social al Ayuntamiento y, con él, la financiación. En este capítulo el consistorio calcula que el gasto anual que requiere la ciudad es de 72 millones de euros, más del doble del actual.

Desde la aprobación de la Carta Municipal han pasado tres años, tiempo en el que se han constituido otros órganos de gestión conjuntos de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, como el de Enseñanza y la subcomisión de Urbanismo. El de Bienestar Social, sin embargo, está prácticamente en la misma situación: ni se ha constituido formalmente ni se ha avanzado en el traspaso de algunas de las competencias asistenciales y mucho menos en la asignación financiera. La carta enviada ayer por Ernest Maragall, concejal de Presidencia, al titular de Gobernación, Josep Maria Pelegrí, alude a la falta de voluntad de avanzar por parte del Departamento de Bienestar Social, cuya titular es Irene Rigau.

"Después de un primer acuerdo de iniciar conversaciones con el Departamento de Bienestar Social, hace ahora ya dos años, para llevar a cabo el desarrollo de la Carta Municipal en el ámbito de los servicios sociales, no ha habido manera de llegar a ningún acuerdo. Bienestar Social ha sido reticente en todo momento a ofrecer la información necesaria para poder analizar el alcance de las futuras transferencias y de la creación del consorcio", sostiene el documento enviado por el Ayuntamiento.

Pese a esos problemas, sigue exponiéndose en la carta, se ha realizado una estimación "que pone de manifiesto las grandes diferencias existentes" entre la escasa información facilitada por la Generalitat y el cálculo de transferencias y financiación realizado por el consistorio.

Por ejemplo, el gasto anual de la Generalitat en la red de asistencia social de Barcelona es de cerca de 35 millones de euros y según el cálculo aproximado que ha realizado el consistorio, la inversión necesaria para dar cobertura al mismo nivel que en el resto de Cataluña no puede estar por debajo de los 72 millones de euros. Es decir, más del doble. Y la parte del león de esa cantidad corresponde, según el consistorio, a los servicios de primer y segundo nivel: ayudas a la adquisición de vivienda, ayudas de urgencia social, prestación económica del PIRMI, atención al menor, residencias y centros de día para la tercera edad, entre otros.

La Carta Municipal establece que los servicios de primer y segundo nivel tienen que ser administrados por el Ayuntamiento con financiación de la Generalitat. Y ése parece ser el principal escollo, puesto que esas competencias de gestión deben estar acompañadas de partida económica.

"Atendiendo a la falta de propuestas por parte de la Generalitat de Cataluña sobre cómo y cuándo ejecutar la transferencia de competencias y la creación del consorcio, le ruego que disponga los medios necesarios para poder cerrar las propuestas con la máxima rapidez, de manera que no sufran más retrasos de los acumulados", se señala en el escrito. La carta se acompaña de una propuesta básica para realizar el traspaso de competencias sin más demora, "ya que en función de los acuerdos que se tomen deberíamos introducir las previsiones en los presupuestos del año próximo".