Las residencias ilegales podrán ser multadas hasta con 150.000 euros

Los centros asistenciales que acumulen faltas muy graves podrán ser sancionados con multas que llegan hasta los 150.000 euros y el cierre temporal o definitivo, según se establece en la Ley de Servicios Sociales aprobada ayer por la Asamblea de Madrid. El presidente, Alberto Ruiz-Gallardón, avanzó que cualquier ciudadano es beneficiario de cuantas ayudas se fijan en el nuevo texto legal: "No se establece restricción alguna".

El pleno de la Asamblea rechazó ayer las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE e IU a los anteproyectos de Ley del Pacto Local y de Administraciones Locales.

La Ley de Servicios Sociales fija las condiciones y exigencias para crear entidades, centros y servicios, así como los requisitos materiales con los que han de contar para desarrollar sus tareas. Los centros serán evaluados por la propia Administración e inspeccionados, al menos, una vez al año. También se establece que los directores de los centros deben estar inscritos en un registro que se crea a partir de esta ley.

El texto aprobado ayer fija unas multas que van desde los 6.001 euros a los 150.000 cuando se trate de infracciones muy graves. En estos casos, además, se podrá prohibir el ejercicio de las actividades durante 10 años, se le podrá retirar la financiación pública y el cierre total o parcial del centro que haya cometido infracción grave. Por ejemplo, haber abierto un centro sin autorización previa.

IU y PSOE criticaron la falta de presupuesto de la ley, lo que, a su juicio, no permitirá incrementar el control en los centros asistenciales.

Ley de Pacto Local

El pleno, con mayoría del PP, rechazó las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición a los proyectos de Ley del Pacto Local y de las Administraciones Locales. La consejera de Justicia y Administraciones Públicas, Paz González, dijo, al defender el proyecto, que ambas futuras leyes suponían "el cumplimiento del compromiso alcanzado por el Gobierno regional". En su opinión, ambos textos sitúan a Madrid a la cabeza del desarrollo del pacto local en toda España.

Subrayó que el proyecto de Administración Local refuerza la organización municipal, evita el transfuguismo político y sirve para impulsar el asociacionismo municipal a través de las mancomunidades.

Para la oposición, el desarrollo de ambos proyectos se ha llevado a cabo sin diálogo y no solucionará el problema de financiación de los ayuntamientos. El socialista Enrique Echegoyen dijo que "el sentido común aconsejaba que se hubieran refundido ambos textos", y criticó que los proyectos se refirieran fundamentalmente a pequeños municipios, dejando fuera a ayuntamientos como Madrid".