Los empresarios valencianos observan con recelo y expectación la ampliación de la Unión Europea

La ampliación de la Unión Europea tiene, en principio, 13 candidatos aunque probablemente sean 10 los países que accedan. La entrada de estados como Hungría, Polonia, Estonia, República Checa, Eslovenia o Chipre provocará la ampliación del mercado común y acaparará la mayoría de los fondos europeos destinados al desarrollo. Estas dos cuestiones son las que provocan recelo en el tejido empresarial valenciano, que ayer debatió su situación "ante el futuro de la UE" en una jornada celebrada en Castellón por el Consejo para el Debate sobre el futuro de Europa. "Nosotros hemos ido haciendo nuestros deberes y nos encontramos en una situación mejor que otros países para la oportunidad de negocio que se presenta", señaló el presidente de Cierval, Rafael Ferrando, quien ve como principal dificultad el nacimiento de una Europa de distintas velocidades. Ferrando se refirió también al reparto de los fondos europeos y mantuvo que aunque la Comunidad Valenciana perderá su condición de receptora como Objetivo 1, "existen otros fondos estructurales" para cuya consecución instó a la Administración a "luchar", con el apoyo de los empresarios. El presidente de la Generalitat, José Luis Olivas, señaló que los 10 países que se incorporen a la UE "necesitarán del apoyo de los fondos estructurales y de cohesión" y "ofrecerán enormes posibilidades de inversión y de apertura de mercados". Así, reiteró su petición de que la Comunidad Valenciana disponga de "un período de transición de recepción de fondos".

El presidente de la comisión de trabajo de Mercado Único Europeo, Desarrollo Regional y Cooperación al Desarrollo del Comité Económico y Social (CES), Rafael Montero, fue algo más concreto al hablar de los retos a los que han de enfrentarse los empresarios valencianos. Así, dada la estructura empresarial, formada por pymes y micropymes, marcó como "políticas inevitables" la introducción en la sociedad del conocimiento, la inversión en I+D+I, la mejora del sistema educativo reglado, "adecuado a las exigencias de la sociedad y las empresas", y la mejora de la productividad, para lo que en 2006 se habrá de contar "con unas infraestructuras adecuadas porque las posibilidades de fondos europeos serán entonces mucho menores".