POLÉMICA SOBRE CAJASUR

El Parlamento recurre al Constitucional la Ley Financiera por ser un "insulto" a la autonomía

Socialistas y populares se acusan de "emponzoñar" y "mangonear" las cajas de ahorro

El Parlamento de Andalucía acordó ayer por mayoría absoluta (PSOE, IU, PA y grupo mixto) recurrir al Tribunal Constitucional la llamada ley Financiera por entender que "invade" competencias exclusivas de la comunidad en materia de cajas de ahorro. El debate, protagonizado casi en exclusiva por los portavoces del PSOE y PP, fue de los más broncos y ásperos del año. "No estamos ante una disputa cualquiera, sino ante una auténtica operación de corrupción institucional", aseguró el socialista José Caballos, para que el presidente de Cajasur, el sacerdote, Miguel Castillejo, "se quede" con la entidad.

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El pleno extraordinario del Parlamento estuvo marcado por el impacto que produjo en los medios políticos la carta abierta del obispo de Córdoba, Javier Martínez, en la que califica de "escandalosa" la póliza de 2,9 millones de euros del presidente de Cajasur, Miguel Castillejo, y reconoce de manera expresa la existencia de "pactos" entre la entidad y el Partido Popular para eludir el control de la Junta de Andalucía.

El portavoz socialista, José Caballos, exprimió hasta la última línea escrita en su carta por el obispo cordobés durante su exposición parlamentaria, aunque sin causar la más mínima turbación en el portavoz popular, Antonio Sanz.

"Usted es inmune a la realidad, confunde la valentía con la temeridad del inconsciente, cuando la carta del obispo dice que hay una connivencia clara entre el PP y Castillejo y además dice que están utilizando a la Iglesia para tapar sus trapicheos y pactos" con el presidente de la entidad, afirmó el socialista.

Caballos desgranó los fundamentos jurídicos en los que se basa el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero y que básicamente se basan en la "invasión" de competencias exclusivas de Andalucía por parte del Gobierno central. Para el portavoz socialista la citada ley general es "un insulto", "un desprecio", una "aberración descomunal" y una "tropelía gigantesca" al Parlamento autonómico y una prueba más de que el Ejecutivo de la nación intenta "robar" a los andaluces la victoria del 28 de febrero de 1980, por la que los ciudadanos aprobaron en referéndum acceder a su autogobierno por la vía rápida prevista en la Constitución.

Boicoteo

Respecto a la estrategia seguida por el Partido Popular desde que se aprobó, hace tres años, la ley andaluza de Cajas de Ahorros, Caballos aseguró que los populares han tratado de "emponzoñar" el sistema financiero y boicotear la norma aprobada por el Parlamento.

Sanz no hizo la más mínima alusión en sus intervenciones a la demoledora carta del obispo de Córdoba y sí a las declaraciones del ex presidente de la Diputación cordobesa, el socialista Rafael Vallejo, en las que aseguraba que el presidente de la Junta, Manuel Chaves, autorizó la fusión de las dos entidades cordobesas para restar poder a los guerristas, pese a la entrega de la Caja Provincial a la Iglesia.

Tampoco se dio por aludido a la invocación de Caballos de la defensa de la autonomía que supone el 28 de febrero y como si fuera una fecha más, llegó a asegurar que él entonces estaba haciendo "la primera comunión". Para Sanz, el recurso presentado por todos los grupos es exclusivamente "político", sin base jurídica y presentado a "ciegas y a locas", mientras que la ley Financiera se aprobó para que los socialistas "no sigan mangando" en las cajas.

Aseguró el diputado popular que todo se debe a la "cacería" emprendida por el PSOE contra el sacerdote Castillejo y que este partido "aniquila" a quien no es sumiso a sus tesis. Según la teoría de Sanz, el "calvario" del cura cordobés empezó cuando se negó a conceder un crédito de 2.000 millones al PSOE para la compra de Prensasur. Nada dijo Sanz del millonario seguro de vida de Castillejo ni de los pactos denunciados por el obispo y, por contra, esgrimió situaciones, en su opinión, similares a la del sacerdote en otras cajas.

Incluso, reprochó a los socialistas el no haber pagado créditos electorales, provocando las protestas airadas del secretario de Organización del PSOE, Luis Pizarro, desde su escaño. La guinda del discurso de Sanz fue una acusación solemne al PSOE: "No han podido soportar que la Ley Financiera devuelva las cajas a la sociedad civil". El comentario fue recibido con sonora carcajadas desde los bancos del grupo socialista.

Sistema propio

Otro tono utilizó en su intervención del portavoz de IU, Francisco Ríos, para quien la ley Financiera "sienta las bases para impedir que Andalucía" cuente con un sistema financiero propio. Ríos hizo una encendida defensa de la Constitución y del Estado de las Autonomías y aseguró que la ley Financiera es una "patada" a la carta magna "precisamente de los que se consideran constitucionalistas en exclusiva y con carácter casi excluyente". "El PP", dijo Ríos, "defiende más lo intereses privados de unos pocos que los de las autonomías".

IU registró ayer, con el apoyo del grupo mixto, dos iniciativas en las que pide las comparecencias parlamentarias de la consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, y el presidente de Cajasur, Miguel Castillejo, para que expliquen la suscripción de la polémica póliza, iniciativa que no saldrá adelante si no cuenta con el apoyo de los grupos mayoritarios.

Los portavoces del grupo andalucista, José Calvo, y del grupo mixto, Ricardo Chamorro, se sumaron a los argumentos esgrimidos por el resto de los grupos firmantes del recurso y aseguraron que el "recorte" de competencias autonómicas previstas en la ley general del Gobierno central "no puede ser consentido" por ningún grupo de la Cámara.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 12 de diciembre de 2002.

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