La huelga general contra el despido paraliza las ciudades de Portugal

La paralización del transporte sembró ayer el caos en las ciudades portuguesas, lo que permitió a los sindicatos clamar "victoria" en la huelga general, la tercera convocada en Portugal desde la revolución de los claveles, en 1974. Por el contrario, el Gobierno portugués calificó la protesta sindical de "pseudohuelga general" y señaló que la convocatoria apenas fue seguida por un 15% de trabajadores a nivel nacional.

Como siempre acontece en estas circunstancias, no podían ser más antagónicas las lecturas hechas del paro por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Bagão Félix, y por Manuel Carvalho da Silva, el líder de la Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP), la central sindical cercana al Partido Comunista y convocante de la huelga.

El detonante de la protesta fue impedir la entrada en vigor de un nuevo paquete de leyes laborales, cuyo objetivo es liberalizar y flexibilizar el mercado de trabajo. Pero, al contrario de lo que ocurrió en la última huelga general, en 1988, la otra gran central sindical portuguesa, la Unión General de Trabajadores (UGT) no apoyó el paro, que consideró inoportuno. La UGT, que también tiene una opinión muy crítica sobre la nueva legislación, prefiere esperar al fin de las negociaciones que se desarrollan entre el Gobierno y los representantes sociales hasta el 8 de enero, fecha en que el nuevo Código de Trabajo será votado en el Parlamento portugués.

La verdad sobre la dimensión real de la huelga general estará probablemente entre las interpretaciones del Gobierno y de la central sindical convocante. Pero el hecho de que los transportes -metro, autobuses, trenes suburbanos y los barcos que hacen la travesía del Tajo- se hayan paralizado al 100% fue suficiente para desatar el caos en las dos grandes ciudades del país. Las principales vías de acceso a Lisboa presentaban en la mañana de ayer embotellamientos gigantescos. Mucha gente esperó y desesperó en las paradas de los transportes públicos por el cumplimiento de los servicios mínimos o por transportes alternativos. Los servicios mínimos decretados por el Gobierno no se cumplieron porque la CGTP los consideró "ilegales". El Gobierno, por su parte, argumentó que la paralización del transporte era una forma de "obligar" a la gente a secundar el paro.

A pesar de ello, el ministro Bagão Félix prometió en un tono conciliador que no habrá consecuencias disciplinarias ningunas contra las empresas de transportes por no haber cumplido los servicios mínimos. El Gobierno quiere evitar a toda costa que esta huelga cree un clima de crispación social, perjudicial para las negociaciones del proyecto del Código de Trabajo y otras reformas estructurales, como la de la Seguridad Social, cuya Ley de Bases fue ayer firmada por el presidente de la República, en una coincidencia que el Gobierno no se olvidó de destacar.

Restando valor al impacto de la huelga general, que "no alcanzó los resultados ni las expectativas pretendidos", el ministro de Trabajo -un católico practicante bastante sensible a las recomendaciones sociales de la Iglesia- volvió a insistir en que "lo importantes es seguir negociando por una ley mejor para el país".