Fabra afirma que la querella de los socialistas busca un desgaste político

Los socialistas buscan el desgaste del PP en Castellón, según el portavoz popular, el concejal Alberto Fabra, quien ayer defendió al equipo de gobierno que preside José Luis Gimeno de la querella por prevaricación, tráfico de influencias y falsificación de documento con el argumento de que siguió los informes técnicos en la adjudicación a Calviga, del Grupo Batalla, de los solares de la antigua estación. Sin embargo, Fabra no negó la principal prueba que aporta el PSPV: que se falsearon las fechas de pago de dos recibos, para que esa empresa no estuviera inhabilitada para concursar.

El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castellón, Alberto Fabra, redujo ayer a un intento de desgaste político la querella presentada por los diez concejales del grupo municipal socialista por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en documento público contra el propio Fabra, el alcalde de Castellón, José Luis Gimeno, y el edil José Pascual, además de contra cuatro funcionarios, Caja Rural Castellón y la empresa Calviga, del grupo Batalla. El texto, presentado el lunes ante el juzgado, les señala como partícipes de las acciones que concluyeron en la adjudicación a Calviga de la urbanización de los terrenos liberados tras el soterramiento de las vías del tren, un espacio en el que se levantará, entre otras edificaciones, El Corte Inglés.

Alberto Fabra mantuvo que el portavoz socialista, Ignacio Subías, "sabe cuál es el sitio que los ciudadanos de Castellón le reservan" y por ello, según el edil popular, ha iniciado una maniobra de desgaste del equipo de gobierno del PP. "Sólo en su desesperación caben actuaciones como ésta", añadió. Además calificó a Subías de "mamporrero" ya que, a su parecer, actúa con los mismos argumentos que el colectivo que aglutina a una parte de los pequeños comercios del centro de la ciudad, que también presentó una oferta al concurso aunque, en su caso, fue desestimada desde el principio, por lo que ni siquiera se analizó.

Otra de las consideraciones que quiso exponer el portavoz popular fue que "la actuación del equipo de gobierno fue acorde con los informes de los técnicos municipales" que, según dijo, eran "favorables". Así, hizo referencia a las deudas de la empresa con el Ayuntamiento, lo que le imposibilitaría para ser adjudicataria. A este respecto, el grupo socialista hizo públicos ayer los recibos en los que la fecha de emisión es un año posterior a la que aparece como fecha de pago, en lo que consideran que ha sido una manipulación para tratar de evitar su condición de morosidad. También mostró el informe de la intervención en el que se advierte de estas deudas, correspondientes a los años 1997 y 2000. Fabra mantuvo que la mesa de contratación era "conocedora de la situación" y que tuvo en cuenta "esta circunstancia", según dijo en referencia a que Calviga fue advertida para la corrección de su condición de moroso.

La diferencia estriba en que, según dijo Fabra, los técnicos consideran que la empresa ha de estar al corriente de pagos antes de la adjudicación mientras que, según los servicios jurídicos del grupo socialista dicha situación era "insubsanable y causa de exclusión".