El PP rechaza que Justicia pague las exhumaciones de los ejecutados tras la guerra civil

El Partido Popular rechazó ayer en el Senado que el Ministerio de Justicia se haga cargo de los gastos provocados por las exhumaciones de los cadáveres de quienes fueron ejecutados durante la guerra civil o tras ella. La medida tenía por objeto ayudar a familiares y asociaciones a recuperar e identificar los cuerpos a partir de las pruebas de ADN. La propuesta -presentada en forma de enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para 2003- la hizo el portavoz de la Entesa Catalana de Progrés, Isidre Molas.

Molas dijo que ni los familiares de las víctimas, ni los ayuntamientos, ni las entidades sin ánimo de lucro, como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y la Asociación Guerra y Exilio, tienen los recursos necesarios para hacer frente a una tarea de esta magnitud. La enmienda recibió los votos favorables del Grupo Socialista, del de Convergència i Unió, del Grupo Mixto y de Senadores Vascos, formaciones que también han respaldado otra enmienda conjunta del PSOE y Entesa con la que se quería transferir ayudas a los ayuntamientos y asociaciones para la apertura de las fosas donde se hallan cadáveres de desaparecidos.

La coalición catalana de izquierda, integrada por socialistas, Esquerra e Iniciativa, propuso asimismo impulsar actuaciones específicas para el reconocimiento histórico de los cargos públicos y funcionarios ejecutados por su fidelidad a la legalidad institucional , como es el caso de los políticos Lluís Companys, Julián Zugazagioitia, Joan Peiró y Manuel Carrsco i Formiguera; intelectuales como Cipriano Rivas Cheriff, y militares como el general Domingo Batet, fusilado tras negarse, como capitán general de la VI División Militar, con capital en Burgos, a sumarse a la sublevación del 18 de julio de 1936.