Agricultores navarros han usurpado durante décadas 2.000 hectáreas de tierras comunales

Unas 2.000 hectáreas de terreno agrícola de propiedad pública han desaparecido en la zona sur de Navarra. En su lugar, cientos de agricultores las han inscrito a lo largo de más de un siglo como terrenos privados. Un informe del Gobierno foral destapó el caso y expertos de la Universidad de Zaragoza han confirmado la usurpación de las tierras comunales. A la espera de un último pronunciamiento de la asesoría jurídica central, la Administración foral ha puesto los hechos en conocimiento del Parlamento. Todo podría acabar en los tribunales de justicia.

El conflicto empezó en 1996, cuando 679 agricultores de los municipios de Corella, Cintruénigo y Fitero solicitaron realizar una concentración parcelaria de 2.400 de las 3.327 hectáreas de terreno del monte Abatores, entre Corella y Fitero. La maquinaria administrativa echó a andar y declaró en 1997 la utilidad pública del proceso. En ese momento, los técnicos del departamento de Agricultura dieron la alerta: Abatores era terreno comunal y pertenecía a Montes de Cierzo, un área de 28.000 hectáreas adquirida en 1665 al rey Felipe V, con derechos comunes de cultivo y pastos en manos de siete municipios. La concentración se paralizó.

En 1999, un segundo informe público confirmó las sospechas. El Gobierno foral contrató entonces a un grupo de expertos de la Universidad de Zaragoza que confirmaron, tras analizar 50 tomos de documentación, que aquellos eran terrenos comunales. ¿Cómo se llegó a esta situación? La pregunta tiene una respuesta compleja. Muchos agricultores fueron los primeros sorprendidos, ya que habían heredado las tierras de padres y abuelos. Buena parte de los afectados tienen incluso títulos y escrituras notariales sobre los terrenos. "Es muy doloroso descubrir que llevas toda tu vida trabajando unas tierras que no son tuyas", explica el agricultor y parlamentario de CDN Andrés Basterra. "Además, muchos fueron engañados por notarios o registradores de la propiedad, que les garantizaron la legalidad de una inscripción por la que pagaron fortunas", añade el parlamentario.

La casuística es muy variada. Errores administrativos, posesiones verbales, testigos de compraventas e inscripciones irregulares se van sumando en un proceso histórico que se remonta a más de un siglo. "Creo que la vía de los tribunales de justicia está abierta", señala el consejero de Agricultura y Montes, Ignacio Martínez Alfaro, que a lo largo de los últimos años ha mantenido múltiples reuniones con alcaldes y afectados para seguir el proceso.

Nadie sabe exactamente cómo resolver el embrollo. Agricultores, sindicatos agrarios y alcaldes quieren una solución "política". Faustino León (UPN), alcalde de Cintruénigo, señaló meses atrás: "Yo no sé si hace cien años las cosas se hicieron mal y desconozco si las viñas de mi abuelo, como las de tantos vecinos, son o no comunal". Su compañero de partido, Manuel Fernández, alcalde de Fitero, formuló un sistema para reconocer la propiedad pública del suelo, desafectarlo y venderlo simbólicamente a sus dueños.

Pero los poderes públicos son cautelosos con un bien histórico de tanta trascendencia como el comunal. "El uso, disfrute y transmisión de esas tierras son derechos que no se va a arrebatar a los afectados, pero el origen comunal del suelo ya se conocía. Que nadie diga que se cae de un guindo", matiza un conocedor del proceso.

"Estamos desvirtuando la esencial del comunal", explica la portavoz parlamentaria del PSN Pilar Aramburo. "El problema tiene raíces históricas y en él se mezclan la falta de rigor y el ánimo delictivo", añade la dirigente socialista. El PSN rechaza la opción de convenios transaccionales. "En Navarra, donde el 45% del suelo es hoy en día comunal, esos convenios han sido terroríficos. En el valle de Ultzama, donde el 75% del suelo era comunal, se aplicaron y el comunal se redujo al 15%", señala Pilar Aramburo. "No queremos más convenios con tierra comunal. Es un patrimonio de todos los navarros y se debe proteger con carácter ejemplificador", añade.

El propio consejero de Agricultura recordó que son los municipios los encargados de velar legalmente por el comunal. Y si no lo hacen, es el Gobierno de Navarra, subsidiariamente, el responsable. "Yo, hoy en día, no me atrevo aún a reconocer que Abatores sea terreno comunal. Los informes son opiniones. La vía judicial está abierta y estamos a la espera de un informe final de la asesoría jurídica central. No es agradable para mí, pero el deber es el deber y el proceso investigador debe continuar hasta el fin", explica Martínez Alfaro.