Un interventor se hará cargo de la administración judicial de CPV

El titular del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Madrid ha admitido a trámite la solicitud de quiebra presentada por un grupo de afectados contra Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), cuyos cuatro máximos responsables están encarcelados por un supuesto fraude inmobiliario. En ese auto, el juez designa a un interventor que se hará cargo de la administración judicial de la empresa, según informó uno de los abogados personados en la causa, Pedro López Arias. Este interventor se encargará de la gestión de la empresa y de pagar a los acreedores, si los fondos de CPV lo permiten.

La decisión judicial supone la anulación de las operaciones de venta que CPV realizó desde la fecha que el juez haya determinado, lo que obligará a las entidades que compraron terrenos a la promotora a devolvérselos. La resolución determina también la liquidación del patrimonio de CPV, decisión que, según indicó López Arias, podría suponer la devolución de gran parte del dinero que los afectados invirtieron en las viviendas que les prometió la promotora.

Por otro lado, Coro Monreal Huerta, juez de instrucción 34 de Madrid, que lleva la querella presentada por centenares de perjudicados contra la inmobiliaria, ha dictado un auto que determina que se proceda a tomar declaración a varios testigos propuestos por las acusaciones particulares en sus medidas cautelares.

Falta de información

Parte de los abogados personados como acusación particular en la querella interpuesta contra los responsables de CPV en el Juzgado de Instrucción número 34 presentarán próximamente un escrito de queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para expresar su protesta ante algunas de las decisiones adoptadas por Monreal. Esta queja se refiere a la escasa información que la magistrada instructora remite a las acusaciones particulares, según afirman.

Varios afectados por el caso y una de las letradas personadas en la causa - que no quiso desvelar su identidad- relataron cómo en varias ocasiones los abogados se han dirigido a la juez para interesarse por el estado de las resoluciones y por los escritos presentados por la defensa, sin que la instructora se los mostrara. Coro Monreal ya tuvo conocimiento de la causa hace dos años, tras una denuncia interpuesta contra CPV por un delito de estafa que terminó siendo archivada.

La abogada y las familias expresaron su "temor" a que los acusados por el caso CPV puedan ser puestos en libertad próximamente. Según la letrada, la defensa ha presentado un escrito solicitando la libertad de sus representados, al que los representantes de los afectados no han podido acceder "porque la juez alega no tener copias suficientes para todas" las partes. La defensa de los implicados argumenta que no hay riesgo de fuga, ya que aquéllos tienen patrimonio suficiente para afrontar la deuda adquirida con las familias perjudicadas.