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El juez del 'caso Turismo' pide datos de una empresa vinculada a un hijo de Pujol

Una filial de Europraxis cobró 124.000 euros del Consorcio de Turismo por tres estudios

El juez de Barcelona que investiga las supuestas irregularidades en la gestión del Consorcio de Turismo de Cataluña ha solicitado toda la información disponible sobre los tres estudios encargados por este organismo dependiente de la Generalitat a una empresa vinculada a Josep Pujol Ferrusola. Los informes fueron realizados en 1995 por Tourism & Leisure, participada en un 70% por Europraxis Consulting y el Consorcio de Turismo pagó por ellos 124.109 euros.

El magistrado Francisco González Maillo, titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona, dictó ayer una providencia en la que solicita del abogado de Iniciativa per Catalunya (ICV) que aporte "cuantos datos o documentos obren en su poder" relativos a estos contratos y le concede un plazo de cinco días. Este partido, que ejerce la acción popular en el caso, denunció el pasado mes de abril que el Consorcio de Turismo encargó tres informes a Tourism & Leisure, una sociedad participada al 70% por la consultora Europraxis Consulting, una empresa vinculada entonces y ahora a Josep Pujol Ferrusola, hijo del presidente de la Generalitat.

El encargo de los tres informes, por los que el Consorcio de Turismo pagó 124.109 euros, fue ocultado en su día por el entonces consejero de Industria, Comercio y Turismo, Antoni Subirà, primo político de Jordi Pujol. Iniciativa consideró que esos informes eran de "dudosa utilidad". A la vista de esas denuncias, reflejadas en los medios de comunicación, otro abogado que ejerce la acción popular en el caso, Xavier Rotllan, pidió al juez que requiriera a Iniciativa per Catalunya que entregase la documentación que tuviera.

El caso Turismo adquirió la semana pasada una mayor dimensión política, después de conocerse un informe de la Guardia Civil en el que relata que varias de las empresas beneficiarias por la realización de informes que eran burdas copias sólo registraron durante algunos años ingresos procedentes de la Generalitat. Ese informe no pudo concretar el destino del dinero pagado porque siete bancos se negaron a facilitar información. El juez razona que en ese informe "aparecen numerosos cobros de varias empresas relacionadas con esta causa que son ajenos al Consorcio de Turismo", por lo que acuerda conceder un plazo de ocho días al fiscal y a las partes para que informen sobre la posibilidad de abrir piezas separadas "para la investigación de los nuevos hechos".

Días antes, el juez había decidido incorporar a la causa los documentos aportados por el diputado de ERC Joan Ridao, en los que relata que Gestumer y Socesca, dos de esas empresas, realizaron "informes innecesarios" para el Departamento de Trabajo de la Generalitat.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 10 de diciembre de 2002