Extranjeros

Sin apenas perspectiva para analizar los resultados de una polémica reforma anterior, el Gobierno anuncia su intención de modificar una vez más la Ley de Extranjería y dispone ya de un borrador que afecta a treinta y un artículos del texto vigente. La rapidez con la que se elaboró la norma todavía en vigor hizo de ella un instrumento en el que, como ha quedado de manifiesto, se traslucen más las concepciones del Gobierno acerca del fenómeno migratorio que una auténtica capacidad para regularlo desde un escrupuloso respeto a los derechos de las personas compatible con el pragmatismo. Lejos de poner fin a la inseguridad jurídica que ha provocado el carácter inaplicable de algunas disposiciones de la ley vigente, la reforma anunciada abunda en ella desde un nuevo flanco: el que deriva de la facilidad y la frecuencia con las que el Gobierno lo altera.

Al explicar los motivos de la reforma en ciernes, el Gobierno señala que su objetivo es el de "facilitar la expulsión de extranjeros" dentro del marco de su "plan de lucha contra la delincuencia". La gravedad de que una declaración de esta naturaleza haya pasado finalmente del debate político a la regulación normativa radica, como se ha señalado desde los propios colectivos de inmigrantes, en que consolida el prejuicio que relaciona la condición de extranjero con la comisión de delitos. También en que la inmigración sigue sin ser abordada como un fenómeno digno de atención por sí mismo y no a través de sus efectos reales o imaginados sobre la convivencia ciudadana. Se va perfilando así la silueta de un chivo expiatorio.

Contrariamente a lo que parece pensar el Gobierno, las leyes de extranjería no sirven para regular los flujos migratorios. Tampoco es el instrumento adecuado para combatir la inseguridad ciudadana. Su objetivo es más modesto, y consiste en fijar el estatus legal de los trabajadores extranjeros que llegan a los países ricos en busca de un futuro digno de ese nombre. Fragilizar ese estatus mediante limitaciones al principio de igualdad, a la protección judicial efectiva o a las garantías de las que debe gozar toda persona frente a los poderes públicos, no hará más segura nuestra sociedad, sino más vulnerable y, a la larga, más miserable, tanto desde el punto de vista material como, sin duda, del moral.