Las caras trampas de la banca de inversión

Mil millones de dólares y la exigencia de introducir profundas reformas en su negocio, es la factura que deberá pagar la banca de inversión en EE UU por los consejos interesados que han dado sus analistas sobre distintas compañías y que han provocado elevadas pérdidas a los inversores. Tras un año de investigaciones, las autoridades y las entidades están a punto de alcanzar un pacto para cerrar el conflicto.

Un aspecto pendiente es si los reguladores van a obligar a los bancos a responsabilizarse de las pérdidas sufridas por los pequeños inversores

Las autoridades reguladoras de los mercados y los principales bancos de inversiones de Estados Unidos están acabando en estos días el acuerdo que pone fin a más de un año de investigaciones sobre los conflictos de intereses de los analistas de las entidades financieras, choque de lealtades que les llevaba a recomendar inversiones, movidos por el interés en conseguir negocio para las firmas que les pagaban. Sobre la mesa hay multas por más de mil millones de dólares y la obligación de introducir reformas estructurales en el modo de operar.

Ha sido un proceso largo que ahora entra en su etapa final, con negociaciones a puerta cerrada entre reguladores y bancos. Representantes del fiscal general del Estado de Nueva York, Eliot Spitzer, y de otros 40 Estados, de la Comisión del Mercado de Valores, de la Bolsa de Nueva York y de la Asociación Nacional de Corredores de Bolsa llevan un par de semanas dando los retoques finales, con los responsables de la más granado de la banca de Wall Street, al plan para evitar la repetición de los abusos que propiciaron los eufóricos años noventa de la burbuja inversora, cuando se creó un ambiente de todo vale y se generalizó la creencia de los beneficios sin fin.

Los bancos van a ser sancionados con un amplio abanico de multas que, según distintas filtraciones, van desde los 500 millones que deberá pagar Citigroup, por las irregularidades de su unidad de banca de inversiones, Salomon Smith Barney, a los 50 millones con que serán castigados J. P. Morgan Chase y Morgan Stanley. Entre uno y otro extremo, según las estimaciones, caerán sanciones de hasta 250 millones para Credit Swiss First Boston, del orden de los 75 millones para Bear Stearns, Deutsche Bank, Goldman Sach, Lehman y UBS Warburg, y en torno a los 60 millones para Piper Jaffray o Thomas Wiesel. En total, las sanciones superarán los 1.100 millones de dólares.

Ninguno de los agentes en esta negociación comenta sobre la marcha del proceso ni sobre las causas, muy semejantes a las que en mayo llevaron a Merrill Lynch a aceptar la multa de cien millones de dólares impuesta por Spitzer. Entonces trascendió que los analistas del banco recomendaban en público a los inversores la adquisición de valores sobre los que tenían pésima opinión, reflejada en estruendosos correos electrónicos de uso interno como los del analista estrella Henry Blodget. Desde el entorno de Spitzer ya se señaló en aquel momento que las investigaciones sobre la conducta de Merrill se extendían a los grandes nombres de Wall Street, beneficiarios de un sistema que invitaba a engañar al inversor.

El método estaba viciado de origen: en el momento de salir una determinada compañía a Bolsa, los analistas hacían calurosas recomendaciones con ánimo de conseguir que la compañía contratara a su banco como agente. En teoría, analistas y bancarios debían trabajar independientemente. En la práctica unos y otros crearon un régimen de trabajo en que dominaba el beneficio propio.

Las investigaciones no han sido fáciles y se han visto obstaculizadas en parte por la errática política de las entidades para conservar sus comunicaciones por correo electrónico. Esta misma semana, los reguladores han impuesto multas por valor de 1,65 millones de dólares a cada una de las cinco entidades (Goldman, Salomon, Morgan Stanley, Deutsche Bank y Piper Jaffray) cuyos deficientes sistemas de control y retención de esas comunicaciones, en violación de las normas impuestas por la SEC y la Bolsa, han quedado en evidencia en el curso de las pesquisas.

Además de las milmillonarias penalizaciones por la pasada conducta dolosa, los bancos están negociando con los reguladores reformas estructurales que acaben con la porosidad que daba lugar al conflicto de intereses. Citigroup, el primer grupo bancario mundial, enfangado de arriba abajo en la información sesgada, ya tomó la iniciativa el mes pasado de crear una división independiente para este tipo de negocio, que separa a bancarios de analistas y brokers.

Otra de las vías que se está explorando es la de que estas grandes instituciones financien durante los próximos cinco años los trabajos de entidades de análisis alternativas con el objeto de proporcionar a los pequeños inversores dos fuentes adicionales de asesoramiento, a añadir a la de propia entidad. Algunas estimaciones sobre el coste de esta solución le ponen una etiqueta en torno a los mil millones de dólares, con lo que el desembolso total de la operación de limpieza para los Citigroup, CSFB, Lehman, Goldman y compañía puede superar los 2.000 millones de dólares.

Responsabilidades

Es una cantidad perfectamente asimilable por esos gigantes de Wall Street, que, al igual que ocurrió con Merrill Lynch, no reconocen culpabilidad en su conducta. De hecho, el que haya pacto supone que no habrá procesamientos por conducta ilegal. En cualquier caso, uno de los aspectos pendientes de negociación es si los reguladores deben obligar a los bancos a responsabilizarse de las pérdidas sufridas por los inversores.

Es un problema técnicamente complejo (cómo identificar a los perjudicados y cómo establecer el vínculo entre su inversión y el consejo de determinado analista, que puede pertenecer o no al banco el que finalmente adquirió el valor en cuestión), para el que se plantean soluciones que van desde el no hacer nada -y así evitar la pesadilla administrativa de evaluar daños y distribuir compensaciones- hasta el liberar la información que han descubierto los investigadores y dejar que sean los damnificados, armados con esos datos, quienes acudan a los tribunales, como ya han hecho algunos de los engañados por Merrill Lynch.