¿Qué ha pasado?

Todos los analistas y observadores políticos coinciden en afirmar que las elecciones no las ganan los partidos de oposición, sino que las pierde el partido en el poder. Este fenómeno ha sido un hecho en el reciente periodo democrático en España desde 1977 a 1996. Es evidente que la UCD final, descompuesta y rota, dio paso a un PSOE ilusionante para millones de votantes, que gobernó además, durante tres legislaturas, sin tener un centro-derecha unido y coherente, a pesar de los múltiples, denodados y casi inútiles esfuerzos que realizamos muchas personas desde diversas posiciones. La corrupción rampante de algunos altos cargos, nombrados por los Gobiernos socialistas, la inmensa soberbia de las cúpulas de los últimos Gobiernos de González -que parecían no comprender lo que los ciudadanos exigían- y las luchas internas de renovadores y guerristas pusieron el triunfo en bandeja a un PP refundado, bajo el liderazgo de José M. Aznar, que tras perder por 14 escaños en el 93, cuando creyó que ganaba, obtuvo la victoria en el 96, donde demostró su capacidad de negociación con CiU, PNV y EA, que refrendó de manera espectacular en 2000 al obtener una mayoría absoluta de 183 escaños.

Todos recordamos que en los últimos tiempos de Gobierno socialista, Felipe González ninguneó a todos los niveles a José M. Aznar -con el que tenía y tiene unas pésimas relaciones personales-, que a su vez utilizó de forma continua el "váyase, señor González". Algunos ministros socialistas, no todos, cayeron en el ridículo del desacreditar, una por una, todas las propuestas económicas de la oposición popular, que ya tenía entonces un sólido programa económico con soluciones concretas que pronto se revelarían eficaces. Hoy como espectador -ayer actor modesto en los temas económicos- estoy muy sorprendido de cómo se desarrollan los acontecimientos y deseo compartir algunas reflexiones.

No creo que nadie discuta los importantes logros macro-económicos y sociales de la primera legislatura del presidente Aznar. Resultaría pesado enumerar las cifras de crecimiento, reducción del paro, diálogo social, control de la inflación, intereses hipotecarios, reducción del déficit, etcétera, etcétera. Hubo un hecho indiscutible: los electores así lo apreciaron en las elecciones de 2000, dándole al PP una soberbia mayoría absoluta con el lógico deseo de que profundizase en su política económica, que había aumentado la calidad de vida y el bienestar de los españoles y sobre todo, a mi juicio, en la regeneración ética prometida.

En esa sexta legislatura, primera de Aznar, hubo dos factores para mí muy significativos. El primero fue la autoridad indiscutible e indiscutida de J. M. Aznar, presidente del Gobierno y del PP, que trasladó al Ejecutivo a la cúpula del partido (Cascos, Rato, Oreja y Rajoy) y a los pesos pesados del mismo que, tras muchísimos años de oposición, estaban preparados para gobernar y tenían además los papeles preparados, las ilusiones intactas y una gran capacidad de diálogo (Rato con CiU; Cascos con PNV; Arenas con los sindicatos, etcétera, etcétera).

El segundo fue la fiabilidad de las previsiones. Repaso con interés las columnas que escribí en el desaparecido Diario 16 y en Última Hora, y compruebo que en diferentes ocasiones felicité a varios ministros económicos por políticas concretas, y sobre todo al Gobierno por el cumplimiento de las previsiones presupuestarias. Nada extraño, por cierto, en alguien que durante su vida pública como dirigente empresarial y parlamentario defendió siempre el control del gasto y déficit públicos como herramientas del necesario equilibrio presupuestario, que permitirían, a la larga, como así ha sido, una reducción de impuestos; pues siempre consideré, y hoy más que nunca, más rentable para mi país y sus ciudadanos que el sector privado tuviese más protagonismo que el sector público, única forma de competir en la aldea global.

Quiero recordar con qué dureza ejerció el PP en su día la oposición y cómo denunció los múltiples abusos, corrupciones, tráficos de influencia, comisiones ilegales para financiación del partido en la etapa socialista. Siempre he creído, y defendido con escaso éxito por cierto, en la absoluta necesidad de transparencia de los protagonistas en la vida pública y me satisface muchísimo que la justicia española, aunque lenta y probablemente imperfecta, como todos nosotros, haya conseguido retirar de la vida pública, y también de la privada, a muchos de los que se consideraron por encima de la ley, amigos del poder de turno, y nos costaron, con sus frecuentes estafas, corruptelas y operaciones de tráfico de influencias muchos miles de millones que terminamos pagando todos los ciudadanos o los accionistas.

En la segunda legislatura de J. M. Aznar, y sobre todo en este último año, tengo la sensación de que algo está cambiando, y desde luego me preocupan algunos hechos y actitudes. ¿Qué ha pasado?

Me parece bastante ingenuo no aceptar que la crisis económica internacional está afectando a España de forma importante -inflación 4%, diferencial de inflación 1,7, pérdida de competitividad, caída del ahorro, incremento de la morosidad, crecimiento del déficit de autonomías y ayuntamientos- y el utilizar medias verdades para disimular una realidad que los ciudadanos conocen y, a mi juicio, aceptarían mejor si se les diesen todos los datos con fiabilidad. Creo, ojalá me equivoque, que la presentación de las cifras del Presupuesto 2003 fue claramente voluntarista y, desde luego, los objetivos excesivamente optimistas y de dificilísimo cumplimiento.

¿Cómo se explica la coherencia de una política de equilibrio presupuestario con la incoherencia de dar marcha atrás en las tímidas reformas laborales si se había, así fue y así se dijo, ganado la huelga? ¿Y las subidas electoralistas de pensiones a unos meses de las elecciones municipales y autonómicas que han merecido las críticas de patronal y sindicatos, insólitamente de acuerdo, y que coinciden con la publicación de estudios internacionales que demuestran la fragilidad del sistema español de pensiones?

No comprendo, por ejemplo, que el PP se niegue a que Juan Villalonga, ex presidente de Telefónica, declare bajo juramento en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué? Lógicamente, el PP fue responsable de su nombramiento, desafortunado desde luego, pero supongo que de nada más. Si alguien le utilizó, al señor Villalonga, como instrumento para contrarrestar -mediante la creación de un grupo mediático- el enorme poder de un grupo privado, como diría un castizo "no partidario" del PP, allá él, pues la responsabilidad final sería del señor Villalonga, que se prestó al juego, y de todos y cada uno de los miembros del consejo de administración de Telefónica, que aprobaron sus sucesivas propuestas. El presidente Aznar le nombró pero después le obligó a dimitir -cobrando una indemnización (?) multimillonaria que supongo también aprobó el consejo de administración. ¿O no?-. ¿Por qué ahora no se le permite, con luz y taquígrafos, responder a qué hizo y cómo lo hizo? Podría explicar, estoy casi seguro, el origen de todos sus ingresos, las razones reales de las operaciones de fusión y sus eventuales beneficiarios.

¿Qué ha pasado, señor presidente? Una admirable decisión suya -la de no ser candidato a un tercer mandato presidencial-, muchos creímos le iba a permitir tomar, entre finales de 2002 y el otoño de 2003, las decisiones estructurales económicas más comprometidas de su programa, un compromiso con los electores. A usted no le ha temblado el pulso para reaccionar valientemente ante un atentado terrorista, para cambiar a sus colaboradores, y siempre afirma -le felicité por ello en un breve encuentro- que sólo piensa en España. ¿Por qué entonces ahora no aparece la coherencia económica que existió en la primera legislatura y, sobre todo, por qué ese ninguneo, rayando en el desprecio, al líder de la oposición? Usted, estoy seguro que en su fuero interno, no desea otorgar el mismo trato al señor Zapatero que usted padeció del señor González. El tiempo pasa, usted es suficientemente respetado en la comunidad internacional -el centro-derecha francés acaba de rendir un merecido homenaje a su labor política- y joven para aspirar legítimamente a muchas responsabilidades futuras, y sería de agradecer que en la segunda parte de esta legislatura actuase usted con la coherencia, serenidad, eficacia y grandeza que nos gustaría, a mi juicio, a muchos de los que le votamos ayer y probablemente votemos al sucesor que el PP, a propuesta suya, elija.

José A. Segurado es empresario.