IU rechaza la revisión del PGOU de Estepona y acusa a la Junta de hacer "dejación de funciones"

Estepona es una joya de la Costa del Sol. Sus 13.678.000 metros cuadrados de extensión incluyen 20 kilómetros de playas y casi 50 millones de metros cuadrados de sierra. Su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) data de 1994, pero las 76 modificaciones de elementos propuestas por el Ayuntamiento desde 1996 han llevado a la Junta pedir su revisión. El equipo de gobierno (PP y ex ediles del GIL) ha aceptado la revisión, que espera que sirva para legalizar las modificaciones. IU recuerda que el plan sólo se ha ejecutado en un 30% y se opone a la revisión.

El PGOU de Estepona fue redactado en la primera mitad de la década de los noventa, después de una grave crisis económica que golpeó severamente el sector turístico en la zona. "Los planes de esa época", explica el delegado provincial de Obras Públicas de la Junta, Enrique Salvo, "empezaron a ajustarse a criterios de crecimiento moderado y búsqueda de la calidad". Pero en la segunda mitad de la década, la recesión dio paso a un periodo de crecimiento y la costa volvió a convertirse en objeto de deseo de inversores y constructoras.

Entre 1991 y 1995, la población de Estepona creció sólo un 0,32%, pasando de los 36.307 a los 36.766 habitantes de derecho. Siete años después, en 2001, el censo ascendía a 43.527 personas. Hoy, según datos municipales, Estepona cuenta hoy con unos 50.000 habitantes empadronados, y concentra una importante población flotante. "El crecimiento de Estepona, como el de muchos otros núcleos costeros, no parece que pueda detenerse en los próximos años por variables macroeconómicas como conflictos internacionales, crisis o caídas de la bolsa", explica Salvo. "Por eso es fundamental que revise ahora su planificación urbanística. No es lógico tener vigente un plan de ordenación y someterlo constantemente a modificaciones".

El delegado de Obras Públicas reconoce que son las 76 propuestas de modificación de elementos del PGOU las que han llevado a la Junta a concluir que es necesario modificarlo. "Las modificaciones puntuales están concebidas para pequeños cambios necesarios que no lo alteren en su filosofía. No se puede diseñar una ciudad a golpe de convenio, porque eso lleva a la desvertebración del territorio", dice. Hasta ahora, la Junta ha dado el visto bueno a 52 peticiones, ha requerido información complementaria sobre otras 22 y ha denegado siete. "En algunos casos se proponían cambios de uso del suelo o incrementos de edificabilidad no admisibles", comenta.

IU recela

El portavoz de IU en el Ayuntamiento, Antonio Murcia, cree que la solicitud de modificación de la Junta, aceptada por el equipo de gobierno y por parte de la oposición (PSOE y PA), es errónea. "Nosotros entendemos que es una dejación de funciones por parte de la administración autonómica. Si la Junta considera que el equipo de gobierno está infringiendo la ley, lo que tiene que hacer es retirar al Ayuntamiento las competencias urbanísticas que le tiene delegadas, que para eso son suyas. El PGOU de Estepona sólo está desarrollado en un 30%, y actualmente no se da ninguno de los supuestos legales para la revisión", argumenta.

Esta opinión es compartida por la Asociación de Afectados por Problemas Urbanísticos (Adapu). Su presidenta, Paqui Fernández, lo argumenta así: "lo que estamos viviendo en Estepona es un problema de corrupción y de incumplimiento de la legalidad vigente en el que los perjudicados somos los vecinos, que vemos cómo para aumentar el volumen de edificabilidad y de negocio de una gran empresa, los pequeños propietarios de las fincas circundantes pierden todos sus derechos".

Inmaculada González Mena, abogada especialista en Urbanismo y representante jurídica de Adapu, considera que "el proceso de revisión del PGOU va a suponer un periodo de inseguridad jurídica que se aprovechará para consolidar ilegalidades cometidas por el equipo de gobierno por la vía de convenios con grandes constructoras". González Mena destaca que el descontento de los vecinos es creciente: "En los últimos meses me han requerido para constituir hasta cinco asociaciones de damnificados por la gestión urbanística. Cuando la gente empieza a organizarse es porque las administraciones no responden como debieran".

Otra incógnita es el modelo de ciudad que se busca. Salvo considera que Estepona está en condiciones de apostar por "un desarrollo sostenible y extensivo, huyendo de la creación de núcleos de población abigarrados y apostando por una dotación suficiente de servicios y por la reserva de suelo para viviendas de protección oficial (VPO) de bajo coste en distintos lugares del municipio, para evitar la formación de guetos".

El concejal de Urbanismo, Ignacio Mena (PP), asegura que el equipo de gobierno afronta la revisión "con la mejor disposición hacia las directrices de la Junta". "Apostamos por un desarrollo de calidad, por proyectos que diferencien nuestra oferta, pero creemos que para no crear inseguridad es también necesario consolidar en el PGOU las modificaciones de elementos que hemos propuesto", dice.