Las instituciones a sus pies

La manipulación burda de la encuesta del CIS, conocida por los ciudadanos que la pagamos dos meses más tarde, y cuyos resultados anunciaran dirigentes del PP con premeditación y alevosía, sólo es un episodio más en este desesperado final de etapa del PP en el País Valenciano. La incautación de los organismos públicos en función de los intereses partidarios viene poniendo en cuestión el propio desarrollo de la democracia entre nosotros. Siendo grave la utilización de un instituto público arrodillado al servicio del poder político, más lo es, si cabe, la puesta al servicio del PP de todas las instituciones.

Durante esta legislatura, dominada por la mayoría absoluta conservadora, el Parlamento ha pasado a ser un instrumento más de la instrucción sectaria del gobierno. Se han violentado de manera permanente usos, costumbres y esencias del parlamentarismo en función de la agenda mediática del presidente; se han rechazado iniciativas de la oposición susceptibles de incomodar al gobierno; se ha anestesiado el papel central del debate político de los valencianos reducido, limitado y siempre subyugado a los intereses del gobierno.

El papel de comparsa de Les Corts en la ascensión frustrada de Zaplana al CDR, es digno argumento de vodevil. Hemos pasado de convocar con urgencia inusitada el pleno para aplaudir el evento, a quedarnos sin representante legítimo en la asamblea regional europea en un desprecio intolerable de Zaplana -suma y sigue- al actual mandatario y, por ende, al conjunto de los valencianos.

Esta arrogancia en el manejo de las instituciones ha significado la desaparición de fronteras en muchas ocasiones entre Administración y Gobierno. Se ha puesto -y se pone cada día- a disposición de la política partidaria, cuando no de la persecución de ciudadanos tratados como disidentes, recursos humanos y económicos de la Administración.

En este contexto reiterado, la huida de Zaplana, las expectativas de cambio, la propia situación de la pesada hipoteca y el desgobierno de la tricefalia, han acelerado el paso desesperado en diferentes frentes. El primero, sin duda, el negocio. Y así, en plena precampaña electoral con un presidente en precario, se anuncia -siempre sin debate en el parlamento- la privatización de la RTVV, la concesión de nuevas áreas de negocio sanitario o la operación museo del fútbol. ¿Es legítimo proceder sin el más mínimo consenso al blindaje de la futura acción pública?

Nos encontramos ante un gobierno que va a gobernar después de muerto. Más allá de haber endeudado al país situándolo en la cifra máxima por ciudadano de todas las autonomías, ahora es tiempo de componendas para repartir los bonos de la herencia. Con nocturnidad y entre manteles de gran postín se ha ido cociendo el regalo de la televisión. Bajo la atenta dirección de la madrileña calle Génova se ha diseñado el reparto del pastel mediático que necesita de la conjunción estelar de múltiples intereses para que la degustación no traiga efectos colaterales a los distintos cocineros/comensales. ¿Cómo alguien dotado con un mínimo de sensatez puede justificar el abuso totalitario de quien en plena campaña electoral desprende a los valencianos de su único medio de comunicación público?

Aunque, la verdad de lo que se pretende es una nueva versión de la privatización ya hace tiempo consolidada en una parrilla a golpe de productora casi siempre ajena al principio de desarrollo del sector audiovisual propio. La gestión desastrosa del PP en la RTVV -casi imposible sino a conciencia- no tiene parangón y obtendrá en el futuro la justicia merecida. Es insostenible que una televisión pública tenga que sufragar los 114.000 euros que cuesta cada entrega de Tómbola (casi 20 millones de pesetas). No debemos olvidar que RTVV, sólo en los programas privatizados que siguen aún hoy en parrilla, lleva gastados más de 79 millones de euros (13.000 millones de pesetas).

¿Cómo permanecer impasibles ante el negocio de la nueva privatización sanitaria en Torrevieja o el remate de la operación La Ribera, mientras relegan día a día la inversión en el servicio público de salud? Sólo en el caso de Alzira, estamos hablando de un negocio de cómo mínimo 1.950 millones de euros (324.000 millones de pesetas). Miles de millones en loterías con destinatario fijo.

Siempre a la búsqueda del blindaje, la ley que acompaña los presupuestos y cambia a su antojo coyuntural la legislación vigente, este año hace desaparecer la incompatibilidad en la Sindicatura de Comptes para que el controlador se autocontrole. Y todo al son del mundo feliz que bailan anuncios, spots y cuñas en campañas multimillorias a golpe de talonario público mientras no hay dinero para las lancetas de los diabéticos o las escuelas infantiles.

Menos democracia, más pobres.

Joaquim Puig es portavoz socialista en las Cortes.