Un tribunal avala las normas lingüísticas de la Pompeu Fabra a excepción de lo referente a notas y programas
El titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 13 de Barcelona, Héctor García Morago, dio ayer por buenas "las medidas para la regulación y fomento del uso del catalán" de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), con la única excepción del apartado 4 del artículo 21, de los 29 que tiene el documento aprobado en su día por la junta de gobierno de esta universidad. El apartado anulado establece que toda la documentación relativa a la docencia -actas de calificaciones, planes de estudios y programas de asignaturas- se difunda "exclusivamente" en catalán.
El juez cierra así la batalla emprendida por Convivencia Cívica Catalana (CCC) y Profesores para la Democracia -dos agrupaciones inspiradas en su momento por el político conservador Alejo Vidal-Quadras- contra las medidas en favor del uso del idioma catalán que aprobaron algunas universidades amparándose en la Ley de Política Lingüística de 1998. CCC consiguió que el tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anulara la mayor parte del reglamento de usos lingüísticos de la Universidad Rovira i Virgili (URV) que había sido aprobado por el claustro, pero no ha podido más que darles un pequeño rasguño a las "medidas" de la UPF, que no fueron aprobadas por el claustro, sino dictadas por la junta de gobierno de la universidad barcelonesa, dirigida entonces por el rector Enric Argullol.
Según el juez, el citado artículo, que dispone que "los documentos relacionados con la docencia como por ejemplo los planes de estudio, programas de asignaturas y actas de calificaciones se presentarán en catalán", "pugna con los criterios legales que cabe extraer de la propia ley de política lingüística", que establece que las publicaciones oficiales de las instituciones públicas catalanas deberán difundirse "simultáneamente" en catalán y castellano, razón por la que declara nula esta parte del precepto. Profesores para la Democracia impugnó otros aspectos de estas "medidas", que la junta de gobierno de la universidad modificó antes de la resolución esta sentencia, de modo que el uso del catalán pasó de "exclusivo" a "preferente".
La UPF hizo pública ayer una nota en la que expresa su "satisfacción" por la sentencia por considerar que el juez confirma "globalmente" la legalidad del reglamento y sólo anula un apartado. La UPF señala que "la sentencia desestima los recursos prácticamente en su totalidad y confirma la adecuación a la legalidad de la regulación, excepto un apartado de un artículo". En lo que se refiere al apartado anulado por el juez de lo contencioso, la universidad barcelonesa asegura que "estudiará detenidamente el razonamiento de la sentencia" y añade que se reserva el derecho de tomar en su momento la decisión "que considere más adecuada".
