El Banco de España insiste en que la Junta tiene la potestad de declarar ilegal la póliza de Castillejo

El Banco de España volvió a recalcar ayer que la competencia para decidir sobre la legalidad de la póliza de 2,9 millones de euros que Cajasur ha suscrito a favor de su presidente, el sacerdote Miguel Castillejo, corresponde exclusivamente a la Junta de Andalucía y que la institución que dirige Jaime Caruana sólo habría podido intervenir en este caso si el seguro hubiese afectado a la "solvencia" de la entidad. Pese a esta reiteración, el PP se apresuró ayer a pregonar que el Banco de España había avalado la legalidad de la póliza en base a una respuesta parlamentaria de esta institución, que en ningún caso dice lo que ayer interpretaron los dirigentes populares. Los servicios jurídicos de la Junta han declarado ilegal esta póliza.

El Banco de España ha enviado al Congreso de los Diputados una respuesta a un parlamentario socialista que había preguntado a la institución dirigida por Caruana sobre la póliza de Castillejo. La respuesta del Banco de España asegura lo siguiente: "El informe correspondiente a la última visita girada a la entidad en el año 2001 incluye, exclusivamente, una mención a la existencia de la citada póliza, no habiéndose realizado observaciones a la entidad sobre el particular solicitado".

El PP y Cajasur aprovecharon ayer esta respuesta del Banco de España para salir en tropel y decir que la legalidad de la póliza estaba avalada porque el Banco de España reconoce que la conocía y que no hizo ninguna observación. "La deducción es clara, es que la considerará legal", dijo la presidenta del PP, Teófila Martínez.

Más extremo fue el secretario general de esta formación, Antonio Sanz, quien hizo una interpretación aún más peculiar de la respuesta del Banco de España. "Significa una bofetada sin mano al Gobierno andaluz y a la consejera de Economía y deja sin argumentos legales la actuación de persecución política que desarrolla en estos momentos" contra Cajasur, dijo Sanz, quien añadió que al presidente de la Junta, Manuel Chaves, "no le queda más remedio" que destituir a Magdalena Álvarez.

Sin embargo, un portavoz del Banco de España insistió ayer en que esta institución "no puede avalar la legalidad" de la póliza, ya que esta competencia no es suya, sino de la Junta. "El Banco de España revisa si la decisión se ha tomado en los órganos pertinentes; si está reflejado en la contabilidad; que no afecte a la solvencia y que si hay riesgo, que esté correctamente provisionado", afirmó este portavoz, que recalcó que la Ley sobre Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito, de 1988, establece de forma clara la distribución de competencias.

Esta fuente precisó que el Banco de España sólo interviene cuando una decisión afecta "a la solvencia y a la transparencia" y que las retribuciones de los directivos de las cajas son asuntos de "pura gestión" y, por tanto, competencia de las autonomías.

El jefe de los servicios jurídicos de Cajasur, Diego Jordano, también aprovechó la respuesta del Banco de España para dar por supuesto el aval a la legalidad de la póliza: "A efectos de legalidad me fío mucho más de lo que dice el Banco de España que de lo que pueda decir la comunidad".

Mientras, la Consejería de Economía, a través de un comunicado, aseguró que en el acta de inspección que le envió el Banco de España sobre Cajasur "no aparece ninguna mención a la existencia de una póliza a favor" de Castillejo. En la respuesta parlamentaria, el gobernador del Banco de España afirma que "no existe acta de inspección" sobre la póliza, que se recogió en el informe ordinario. La Junta no tenía constancia de que el Banco de España había detectado la póliza porque éste sólo envía el acta de inspección, que no recogía este asunto.

Por otra parte, Magdalena Álvarez calificó ayer de "tropelía" una enmienda del PP en el Senado a la Ley de Acompañamiento por la que una empresa auditora privada que haya inspeccionado una caja no puede ser contratada para una nueva auditoría en la misma entidad en un periodo de cinco años, informa Esperanza Peláez.