Control en origen

La UE dedicará 934 millones de euros a programas orientados a controlar en origen los flujos de inmigrantes. Es la primera vez que se ordenan y cuantifican políticas hasta ahora dispersas en relación a un problema que figura entre las preocupaciones primeras de los europeos, según las encuestas. La decisión incide en el debate, abierto en junio en la cumbre de Sevilla, sobre la relación entre ayuda exterior e inmigración.

Los 13 millones de inmigrantes legales que hay en la UE han compensado la baja tasa de natalidad de la mayoría de sus países. El reciente informe de la ONU sobre población mundial (que, por ejemplo, prevé una reducción de 10 millones en la española para 2050) alerta sobre los efectos de esa baja tasa sobre la sostenibilidad del Estado de bienestar. Pero un flujo incontrolado (más de tres millones de irregulares en la UE) puede tener efectos sociales desestabilizadores, en particular por su incidencia en el mercado laboral, y favorecer un modelo de desarrollo económico basado en mano de obra barata, insostenible a medio plazo.

Hay consenso por ello en buscar un equilibrio, lo que implica la cooperación de los países de origen. La idea de condicionar la ayuda al desarrollo de esos países a un control más efectivo de su emigración no ha sido abandonada del todo. El argumento en contra es que a menos ayuda, más inmigración: regular e irregular. El criterio dominante en la UE es mantener las ayudas comprometidas pero con posibilidad de congelarlas si no hay cooperación. Ello plantea problemas delicados, como el de Marruecos, país al que se pide que controle tanto a sus emigrantes potenciales como a los de terceros países (incluidos aquellos que no necesitan visado para entrar), instalados en su territorio a la espera de una oportunidad de pasar a Europa.

Un mayor control de tales movimientos requiere más fondos, pero incluso esto plantea problemas: Marruecos ha rechazado, y seguramente por razones más psicológicas que políticas, unos equipos de control de documentación en frontera facilitados por España (y financiados en parte por la UE) para detectar pasaportes falsos. El debate, por tanto, no está cerrado. La idea que simplemente propugna eliminar todo control y aumentar las ayudas para que no haya necesidad de emigrar es utópica: pasarán décadas antes de que se manifiesten los efectos de esas ayudas. Más lógico sería eliminar las trabas a las exportaciones de sus productos, pero ello choca con intereses muy arraigados en esta parte del mundo.