Canónigos obedientes
Los canónigos del Consejo de Administración de Cajasur no van por libre, son obedientes y disciplinados, están a la altura de su circunstancia y cumplen las indicaciones, eso sí, si vienen de su presidente en el Consejo de Administración, Miguel Castillejo, no si quien las hace es el obispo de Córdoba, Javier Martínez, cuya prudencia y buen juicio han sido interpretados por el secretario general del PP, Antonio Sanz, como signo inequívoco de estar al servicio del PSOE.
En el lamentable asunto de Cajasur, el PP y el Gobierno han tomado partido, han favorecido las ambiciones del presidente de la entidad y están dispuestos a marcar a todos los que se atrevan a disentir de él y de la protección que le otorga el Gobierno.
Ahí está, en circunstancia de descalificación, el obispo de Córdoba, acusado de connivencia con el PSOE, sencillamente porque se le ha ocurrido tratar de poner algo de mesura y contención, y dar indicaciones de buen sentido a unos canónigos que pasan del obispo, para decirlo claramente y por derecho.
Desconozco hasta dónde llega la autoridad de un obispo para que pueda ser impuesta a unos canónigos, que se lo han saltado a la torera, pero acaso no estuviera mal que el silencioso Rouco Varela, como presidente de la Conferencia Episcopal, no dejara tan solo al obispo Martínez en su denuncia de la "erosión que, el modo como se está procediendo en todo este asunto y las circunstancias que lo rodean, están causando a la imagen pública de la fe y de la Iglesia en Córdoba...". Eso dice el obispo en su carta a los canónigos del Consejo de Cajasur que pasan del buen juicio de un obispo que, por expresarse así y pedir, en consecuencia, que se actúe de manera diferente a como Castillejo y "sus" canónigos están actuando. El PP concluye que ese obispo está equivocado, no está en el buen camino y su actitud no se puede interpretar más que como la de alguien que se ha puesto de acuerdo con el PSOE. Curiosa conclusión, que no pretende otra cosa que aportar otro elemento para distraer el debate sobre el asunto importante, que no es otro que el Gobierno ha hecho una ley para favorecer el interés de quienes quieren quitar el control de la Junta de Andalucía a una entidad de ahorros andaluza.
