La Generalitat exige al comprador de LGAI que invierta 288 millones de euros

La Generalitat, que el pasado 15 de octubre anunció la privatización del Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (LGAI), exige 288 millones de euros de inversiones a la empresa que gane el concurso abierto para dejar en manos privadas la gestión de una entidad que arropa tecnológicamente a la industria mediante ensayos de laboratorio, calibraciones de equipos y certificaciones, según fuentes de los aspirantes y de Industria.

Esta exigencia de inversiones, en 10 años, contrarresta la desproporción que surge entre los 71,75 millones de euros que ha invertido la Generalitat desde que le fue adscrito el laboratorio, que antes era de la Diputación, y los 21,6 millones que sólo pide por el 60% de la empresa que gestionará el LGAI. Un portavoz de Industria subraya al respecto que, pese a la gestión privada, los terrenos, los edificios y los activos del laboratorio continuarán en todo momento siendo propiedad de la Generalitat.

Sin embargo, el proceso ha despertado críticas políticas y sindicales, y no sólo porque el contrato de gestión de servicios con el potencial comprador se plantee por un periodo tan largo como un máximo de 50 años. Fuentes del comité de empresa explican que el director general del LGAI, Ramon Capellades, les precisó que la abultada cifra de inversiones que debe realizar el comprador pueden aportarse "en efectivo o en negocio, lo cual podría generar contabilidad creativa si el comprador adquiriera negocios no relacionados estrictamente con los servicios del LGAI".

Otros interrogantes enturbian la operación, que arrancó poco antes de que Antoni Subirà dejara de ser consejero de Industria. Las bases del concurso prevén que el adjudicatario aumente su participación, desde el 60% inicial, hasta una cifra entre el 90% y el 95% de la sociedad que explotará el LGAI, y añaden que el mismo adjudicatario "deberá mantener durante toda la vigencia del contrato la titularidad de, al menos, el 60% del capital social de la sociedad".

"¿Qué ocurrirá si las cosas no le van bien al comprador y no está en condiciones de aumentar su paquete accionarial hasta el 90% previsto de la inversión que se le pide? ¿Alguien cree que si una empresa compromete tanto dinero y llega a controlar, por ejemplo, el 70% de la sociedad, perderá sus derechos?", se pregunta el diputado socialista Miquel Barceló, que ha pedido al nuevo consejero Antoni Fernández Teixidó que "considere la conveniencia de la privatización". Industria confirma que mantiene conversaciones con los partidos "porque el proceso es transparente", pero rechaza que vaya a negociar.

Entre los flecos de una privatización que jurídicamente no tiene vuelta atrás -sólo podría paralizarse de facto declarando desierto el concurso- figura también lo que la oposición juzga como "falta de garantías" para el accionista en minoría (la Generalitat) a la hora de garantizar que el LGAI cumpla su misión. "Tememos que con la privatización no se dé prioridad a tareas necesarias pero no rentables, como el análisis de errores producidos", subrayan fuentes sindicales, inquietas también porque no se garantiza el futuro de los 300 puestos de trabajo. "El problema no es tanto la gestión mixta como que se asegure la participación de los agentes sociales", añade Josep Huguet, portavoz parlamentario de ERC, formación que ha pedido que se pare el concurso, igual que el PSC.

Los socialistas rechazan la privatización por razones políticas -"se ha planteado deprisa y sin pactar, en la recta final de una legislatura que puede suponer un vuelco en el Gobierno", dice Barceló- y por una razón estratégica: "Se confunden los intereses del sector de los servicios técnicos con los de un grupo concreto". Industria privatiza la gestión del LGAI literalmente "con el objeto de que sirva de núcleo para un nuevo grupo empresarial de servicios tecnológicos a las empresas".

En Cataluña, la única empresa interesada con suficientes fondos propios (se exige un mínimo de 100 millones de euros) es Agbar Automotive, filial de Aguas de Barcelona en proceso de diversificación, más allá del automóvil, de su negocio de inspección y certificación, testing y actividades de laboratorio, en que es líder. Compite con el potente grupo norteamericano Underwriters Laboratories, cuya baza es "ayudar a proyectar el LGAI más allá de un mercado básicamente catalán", y con la francesa Bureau Veritas.