El cura Castillejo desobedece al obispo e impone la aprobación de los nuevos estatutos de Cajasur

La polémica de Cajasur se ha situado en el seno de la Iglesia. El presidente de la caja, el sacerdote Miguel Castillejo, logró ayer que el Consejo de Administración aprobase los nuevos estatutos de la entidad, para lo que no ha dudado en desobedecer al obispo de Córdoba, Javier Martínez. El lunes, el obispo envió una carta a uno de los seis canónigos que hay en el consejo de Cajasur en la que pedía que se retrasase esta decisión porque "no se ve la razón de urgencia" para aprobar los estatutos. Es la segunda vez en 10 días que Castillejo hace oídos sordos a las iniciativas de Martínez, su superior jerárquico.

El pulso que está echando Castillejo al obispo de Córdoba alcanzó ayer su momento álgido. El presidente de Cajasur impuso su criterio y consiguió que la mayoría del consejo respaldase los nuevos estatutos, ya bajo el paraguas de la Ley Financiera auspiciada por el PP. De los 17 vocales del consejo, 13 apoyaron los nuevos estatutos y cuatro (tres del PSOE y uno de IU) los rechazaron. Castillejo sumó el apoyo de los otros cinco canónigos que hay en el consejo de Cajasur pese a la advertencia del obispo.

La consejera de Economía, Magdalena Álvarez, aseguró ayer que la Junta tomará las medidas administrativas y jurisdiccionales "oportunas" sobre Cajasur "de acuerdo con el incumplimiento que es aprobar unos estatutos sin respetar la normativa vigente", informa Europa Press. Álvarez dijo que los estatutos "se han llevado a un Consejo de Administración convocado mal en tiempo y en forma, y por tanto irregular en todos sus aspectos".

En los estatutos que el consejo aprobó ayer, Castillejo consigue aumentar aún más el peso de la Iglesia en la entidad cordobesa: el Cabildo catedralicio tendrá la mitad de los representantes en el Consejo de Administración (siete de 14) y aumenta su poder en la Asamblea General de un 35% a un 46%.

La reunión del consejo comenzó poco después de las 10.30 y duró apenas 40 minutos. Francisco Jurado, director general de Cajasur, negó tener conocimiento de la carta remitida por el obispo a los canónigos del consejo. Jurado recordó que, si se aprobaba la propuesta de los nuevos estatutos, sería la Asamblea General del 28 de diciembre la que les diera validez definitiva: descartó que fuese necesario ratificar en esta asamblea la adscripción de la caja a la Ley Financiera.

Antes de entrar al consejo, José Manuel Miranda, de IU, se mostró de acuerdo con la propuesta del obispo de retrasar el debate sobre los nuevos estatutos y destacó que "es una barbaridad que se trate algo tan trascendente a esta velocidad".

Tanto Cajasur como el Obispado declinaron hacer manifestaciones tras la aprobación de la propuesta de nuevos estatutos. Sí reaccionaron los representantes del PSOE. El secretario provincial, José Antonio Ruiz Almenara, declaró que "los canónigos han tenido que elegir entre dos discursos, uno pastoral y cristiano, encabezado por el obispo, y otro basado en el poder y el dinero, y han elegido el más fácil". A su juicio, esta elección tiene que ver con que se trata de "personas que llevan muchos años instaladas en la comodidad, que no están dispuestas a acometer empresas que les exijan esfuerzos rigurosos y solidaridad con los demás".

El secretario continuó diciendo que la caja ha dado la espalda a los ayuntamientos y a la Diputación y que sus trabajadores se encuentran en situación de inseguridad, "porque no hay un proyecto global, enraizado en Córdoba, sino personal". Lo mismo se aplica a los directivos de la caja, que Ruiz Almenara consideró "constantemente despreciados, arrinconados y sustituidos". Por eso, concluyó, "hace falta una caja distinta, nueva, más profesional, en la que los empresarios y los sindicatos tengan mucho que decir".

Por su parte, el Gobierno andaluz aprobó ayer un decreto en el que establece que para que una caja se adhiera a la Ley Financiera será necesario el respaldo de todos los fundadores. La Diputación de Córdoba mantiene que es tan fundadora de Cajasur como el Cabildo catedralicio y así lo recoge la Ley de Cajas andaluza, aprobada en 1999. Sin embargo, Castillejo mantiene que los derechos de la Diputación se extinguieron cuando la caja fundada por la institución provincial se fusionó con la caja fundada por la Iglesia, en 1994.