Alemania pone en marcha un nuevo impuesto que afecta a los más ricos
El recargo impositivo se destinará a mejorar las escuelas y guarderías
Alemania ha puesto en marcha el procedimiento legislativo para reinstaurar un impuesto sobre la propiedad que afecta a los más ricos. La crisis que castiga a la Hacienda pública está imponiendo duras restricciones presupuestarias en todos los servicios: sanidad, educación o desempleo. Por ello, el nuevo impuesto, un 1% sobre el valor de los bienes (a partir de un límite), se destinará a mejorar las escuelas y las guarderías a partir de 2004.
Los más adinerados pagarán un 1% sobre el valor de sus bienes a partir de un millón
"Todos en este país tienen que estar dispuestos a sacrificios si queremos salir de la crisis", según declaró Sigmar Gabriel, presidente regional de Baja Sajonia (SPD, el partido socialdemócrata del canciller Gerhard Schröder) y uno de los principales impulsores del plan. Gabriel negó que se trate de un impuesto impulsado "por la envidia", según las críticas de los opositores.
Tal como está redactado el proyecto legislativo, disponer de propiedad hasta 300.000 euros estará libre de impuestos, si uno vive solo. Por cada hijo se le añaden 200.000 euros más libres de impuestos. Es decir, que un matrimonio con dos niños puede disponer de patrimonio hasta un millón de euros sin pagar. A partir de ahí, un 1% sobre el valor total de los bienes.
En realidad, el impuesto sobre el patrimonio ya existía en Alemania. Pero fue abolido en 1997 tras una sentencia del Tribunal Constitucional que consideraba que, tal como estaban entonces los tipos del impuesto sobre la renta (el tipo marginal o máximo era del 55%), esta tasa sobre los más ricos tenía casi carácter confiscatorio. El SPD considera ahora que tras los recortes en el impuesto sobre la renta de los últimos años (el tipo máximo es ahora del 48,5%), "hay margen" para reintroducir esta tasa sobre la propiedad de los ricos.
Caída de ingresos fiscales
La caída de ingresos fiscales por el deterioro de la coyuntura, en Alemania y en el resto del mundo, ha llevado al país a una grave crisis financiera. En los últimos dos meses, el Gobierno de Gerhard Schröder ha aprobado por el procedimiento de urgencia toda una batería de aumentos de impuestos (a la venta de acciones, a los combustibles, a los coches de empresa, a las contribuciones sociales) y ha eliminado varias subvenciones fiscales que reducían los ingresos de Hacienda.
El paquete ha causado irritación en amplios sectores de la población, y de hecho, el apoyo a los socialdemócratas en las encuestas se ha hundido. El impuesto a la propiedad, sin embargo, no se ha recibido con la misma hostilidad.
La razón fundamental es que se trata de un impuesto "finalista". Es decir, sus impulsores han dejado claro desde el principio que lo recaudado se destinará a mejorar la educación. El año pasado, un gran estudio comparativo a nivel internacional (PISA) demostró que los alumnos alemanes se encontraban a la cola de Europa, puso en cuestión todo el sistema educativo, heredado de los tiempos de Bismarck, y causó una conmoción de la que el país no se ha recuperado.
El presidente de Baja Sajonia estima que se recaudarán entre 7.000 y 8.000 millones de euros cada año, que irán a parar a los Estados regionales (länder) para mejorar las escuelas. Otra razón por la que esta iniciativa no ha levantado tanta polémica es porque afecta a los más privilegiados de la sociedad. Según las encuestas, el ciudadano normal considera que, tras los esfuerzos que ha tenido que asumir en los dos últimos meses, los ricos tienen que contribuir más para sacar a Alemania de la crisis.
A la normativa le aguarda ahora un complicado proceso legislativo. La iniciativa ha sido de dos Gobiernos socialdemócratas, Baja Sajonia y Renania del Norte-Westfalia, que la aprobaron la semana pasada en una sesión conjunta. Este mes se presentará en el Bundesrat o Cámara alta, por tratarse de una norma que afecta a los Estados federales. La coalición rojiverde no dispone de mayoría en el Bundesrat. Pero, al contrario que con otras iniciativas legislativas de Schröder, la oposición ha mostrado una cierta comprensión, y ha sugerido que, bajo ciertas circunstancias, estaría en condiciones de no bloquearla.
"Si logramos ponernos de acuerdo con los länder del SPD sobre un concepto general que permita más autonomía fiscal a las regiones, entonces estoy de acuerdo", declaró Kurt Faulthausen, ministro de Finanzas de Baviera. En última instancia, las regiones sufren la misma crisis fiscal que el Gobierno federal.
Según los últimos datos presentados por el ministro de Finanzas, Hans Eichel, las regiones son responsables del 55% del déficit total en Alemania. La caída de ingresos fiscales ha llevado a muchas regiones a presentar este año presupuestos en los que la inversión pública está por debajo de las nuevas deudas contraídas, lo que vulnera la Constitución. Eichel además se enfrenta a sanciones en Bruselas, por superar el límite del 3% en el déficit que fija el Pacto de Estabilidad europeo.
El ministro calcula que este año el déficit será del 3,75%, y el año que viene, del 2,7%, siempre que todas las reformas planeadas entren en vigor y no se retrasen (o se supriman definitivamente) mediante la acción de la oposición en la Cámara alta.
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