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Reportaje:CRÓNICA EN VERDE

Aliados en discordia

Un estudio describe las relaciones entre el movimiento ecologista y la política ambiental

Podría pensarse que tanto el movimiento ecologista como la Administración ambiental persiguen idénticos objetivos, aunque se posicionen en escenarios bien diferentes y manejen estrategias muy distintas. Sin embargo, lejos de ser cómplices en la búsqueda de una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos, suelen ser aliados en discordia, cuya relación gira, sobre todo, en torno a la protesta y el conflicto.

Esta tensión ha determinado el rumbo de la política ambiental en nuestro país. A juicio del sociólogo granadino Manuel Jiménez, no son ciertos "los argumentos que señalan la ausencia de acción colectiva a favor del medio ambiente y la inexistencia del movimiento ecologista". La investigación llevada a cabo por este profesor del Departamento de Ciencia Política y Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid revela precisamente el papel que este tipo de organizaciones desempeñan en el desarrollo de las políticas ambientales.

Tomando como referencia las noticias publicadas en las diferentes ediciones de EL PAÍS durante el periodo 1988-1997, Jiménez ha analizado más de 3.000 "eventos de protesta" ligados a problemas ambientales, y ha contrastado su cantidad, y características, con los resultados obtenidos en muestreos similares llevados a cabo en otros países.

"Los datos comparados relativos al número de movilizaciones sociales y de asistentes a las mismas", asegura, "no diferencian a España del resto de países de su entorno, e incluso apuntan, en proporción, una tendencia a producir un mayor número de grandes manifestaciones". Hay, sin embargo, un rasgo distintivo de la protesta ambiental española y es su marcado carácter local. En la mayoría de las ocasiones, la preocupación por el medio ambiente que motiva la acción colectiva queda reducida al entorno más cercano y a los problemas más inmediatos.

En definitiva, concluye Jiménez, "la protesta ambiental en España, además de frecuente, se define como un fenómeno local, de carácter defensivo y políticamente fragmentado". Los partidos políticos tienen una presencia más que discreta en este tipo de movilizaciones y raramente están presentes cuando la reivindicación supera el ámbito de lo local.

El movimiento ecologista mantiene unos vínculos muy pobres con los partidos políticos y tampoco ha estrechado las relaciones con otros sectores de los nuevos movimientos sociales. Esta particularidad, apunta Jiménez, comienza ahora a corregirse, coincidiendo con el proceso que en la década de los noventa iniciaron los ecologistas para dotarse de una cierta estructura organizativa de ámbito estatal, lo que ha servido "para aumentar su capacidad de gestión de los conflictos ambientales".

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En lo que se refiere a la Administración, el rasgo principal de la intervención estatal en esta materia es "el carácter subordinado del medio ambiente a otros intereses sectoriales, prioritarios en la forma de concebir el desarrollo económico de las élites dominantes y, por tanto, la exclusión de la agenda política de las cuestiones ambientales y la marginación política de toda contestación, representada por el movimiento ecologista". Esta circunstancia ha servido para reforzar la cohesión de este tipo de organizaciones, ayudándoles a mantener una cierta unidad de acción frente a las autoridades.

Aunque la Administración ha terminado otorgando un mayor rango a la política ambiental, la acción en este campo sigue siendo "oscilante en el tiempo, de intensidad errática y desigual en relación con los diferentes problemas". La actividad se centra, sobre todo, en la conservación del medio natural, mientras que la intervención en otros campos, como el industrial o el de infraestructuras, "aparece con frecuencia supeditada a la existencia de conflicto". Y en estas circunstancias, el movimiento ecologista tiene una gran influencia en el desarrollo de la política ambiental.

A juicio de este sociólogo, "tanto en los procesos de modificación de las reglas del juego como en gran número de cambios en los contenidos de la política ambiental es posible identificar la capacidad del movimiento ecologista para contestar la respuesta del Estado a los problemas medioambientales". La investigación ha venido a demostrar, como apuntan sus conclusiones, la importancia crítica del movimiento ecologista en su faceta de "hacedor" de sus propias oportunidades políticas y como "agente europeizador" de la política ambiental.

Comentarios y sugerencias a propósito de Crónica en verde pueden remitirse al e-mail: sandoval@arrakis.es

Catálogo de conflictos

En total, los conflictos analizados por Manuel Jiménez, a partir de las noticias aparecidas en EL PAÍS durante el decenio 1988-1997, suman 3.048. Casi el 25% de estas protestas se agrupan en la categoría de "territorio", en la que se reúnen los problemas relativos a la protección del suelo, su planificación y determinación de usos.

Un segundo capítulo atiende a las protestas relacionadas con la calidad ambiental, que representan el 20% del total. En la mayoría de los casos son problemas asociados a la actividad industrial que generan conflictos poco intensos, exceptuando los relativos a la energía nuclear aunque en este caso se trata, como señala Jiménez, "de un conflicto en moratoria".

El catálogo continúa con el apartado de ecología urbana, en el que se agrupa el 19% de las protestas analizadas, que, en general, son difusas y fragmentarias. No se consideran cuestiones relevantes a escala estatal, como lo demuestra el hecho de que menos de un 10% de este tipo de noticias aparecen en la edición nacional del diario. Tan sólo las cuestiones relativas al tratamiento de basuras escapan a esta tendencia.

La protección del medio natural, considerado en sentido estricto, aglutina un 15% de las protestas, aunque en sentido genérico esté presente en un tercio de todos los eventos analizados. En este apartado las relaciones entre Administración y ecologistas son más fluidas y no están supeditadas, como en otros ámbitos, a la existencia de conflictos.

Aunque los problemas asociados al agua sólo representan un 8% de las protestas, éstas suelen derivar en conflictos intensos y muy visibles en el ámbito estatal. La presencia de este tipo de noticias en la edición nacional de EL PAÍS refleja una acusada tendencia al alza desde mediados de los años noventa, convirtiéndose en una cuestión clave dentro de la agenda política nacional.

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