Los farmacéuticos reclaman al Gobierno navarro 12,3 millones por la pérdida de valor de sus negocios

Un total de 61 farmacéuticos exigen al Gobierno navarro una indemnización de 12,3 millones de euros por la pérdida de valor patrimonial de sus oficinas tras la entrada en vigor de la ley que liberalizó la apertura de este tipo de establecimientos en la comunidad foral. De momento, las reclamaciones han sido admitidas a trámite por el Departamento de Economía y Hacienda, que ha abierto una investigación que se prolongará durante tres meses.Los farmacéuticos que respaldan la iniciativa abrieron sus oficinas antes de la aprobación, en noviembre de 2000, de la ley de Atención Farmacéutica, que ha posibilitado que la región cuenta con 200 nuevas boticas, hasta sumar un total de 520.

Los demandantes alegan que han sufrido un notable perjuicio patrimonial en sus negocios, aunque la cuantía de la indemnización que reclaman es muy dispar, oscilando entre los 52.000 y los 841.000 euros. Aducen que si antes de la entrada en vigor de la citada ley la facturación media anual de una farmacia navarra ascendía a 240.000 euros, ahora se queda en 156.000 y el año próximo descenderá a 120.000 euros. Esta reducción media ha hecho que caigan de 115 a 20 las farmacias que venden cada año más de 276.000 euros, cifra a partir de la cual deben pagar un porcentaje al Servicio Navarro de Salud. Ello motiva, según los denunciantes, una reducción de ingresos de Osasunbidea estimada en 3,6 millones de euros anuales.

La mayoría de los reclamantes cifra el valor patrimonial de sus farmacias en 600.000 euros e incluso alguno lo eleva hasta 1,3 millones. Aseguran haber perdido entre el 22% y el 70% de este valor.

Los afectados sostienen que sus farmacias carecen ya de valor, ya que la apertura liberalizada ha hecho proliferar las oficinas por toda la comunidad. Elena Jiménez, presidenta de la Asociación Independiente de Farmacias, considera, por contra, que esas oficinas estaban "sobrevaloradas" y que el altísimo precio de los traspasos y el estrecho marco normativo que los regulaba, controlado por el colegio oficial de estos profesionales, constituía un "privilegio" y un "lujo" del que sólo se beneficiaban unos pocos.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra, que batalló encarnizadamente contra la liberalización del sector, no se ha pronunciado sobre las demandas. El Gobierno foral tampoco, aunque el Departamento de Salud criticó la visión "exclusivamente mercantilista" de los demandantes.

Los farmacéuticos consideran que se pueden unir a su reclamación unos 150 profesionales del total de más de 300 que tenían oficina abierta en Navarra ante de que se aprobase la nueva ley. Ello podría elevar la cuantía de las reclamaciones hasta los 48 millones de euros. Una vez que el Gobierno vasco elabore su informe, la demanda pasará a la justicia ordinaria.

En la actualidad están pendientes de resolución en los juzgados cerca de 200 recursos contra la apertura de nuevas farmacias, el acuerdo marco establecido con el sector, el reglamento o el procedimiento administrativo para la apertura de nuevas boticas.

La Asociación Independiente de Farmacéuticos ha criticado el empeño en "judicializar" una liberalización que ha contribuido a mejorar la atención al ciudadano, ha permitido el acceso al trabajo a cientos de jóvenes profesionales y ha acercado las oficinas al ciudadano, a razón de una por cada 700 habitantes.

Los demandantes advierten de que la cifra de nuevas farmacias puede crecer por encima de las 600. Además, destacan que algunas de las nuevas oficinas no pueden pagar a los proveedores y están reduciendo el número de fármacos a disposición del público.