Los británicos se asocian para luchar contra el abuso urbanístico

Los turistas europeos propietarios de casas rurales en la zona del litoral valenciano se sienten "indefensos y desprotegidos" por los efectos que sobre sus propiedades provoca la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) que contempla la figura del agente urbanizador y que en algunos casos amenaza con expropiar sus terrenos. El embajador del Reino Unido, Peter Torry, medió ayer en el conflicto y anunció contactos con la Generalitat.

Las previsiones se superaron con creces. El local de Xàbia en el que estaba previsto que se reunieran más de un centenar de propietarios afectados por la LRAU se quedó pequeño y a la cita con el embajador británico, Peter Torry, acudieron quinientos extranjeros, principalmente británicos y canadienses que han adquirido en los últimos años fincas en la comarca de la Marina Alta, que ahora se ven amenazadas por la legislación valenciana.

Charles Svoboda, presidente de la recién constituida Asociación Abusos Urbanísticos No, comentó entusiasmado que "han llegado personas de todas partes, desde Torrevieja a Peñíscola, que se sienten amenazadas por la Ley". Según el colectivo de afectados, la LRAU autoriza la figura del urbanizador, que si actúa siguiendo criterios "especuladores y no urbanísticos" planifica el desarrollo urbano de una zona, y con el beneplácito del Ayuntamiento, puede llegar a plantear una expropiación forzosa de terrenos. "Los afectados no entienden cómo siendo propietarios un agente urbanizador puede sancionarles o llegarles a quitar parte de sus propiedades", según explicó el abogado Jaume Sendra, que representa al colectivo. Algunas de las personas que ayer se reunieron con el embajador británico, Peter Torry, tienen casas de campo con piscina desde hace 20 años, y ahora les exigen cantidades económicas que oscilan entre los 60.000 y los 265.000 euros. En caso de no abonar estas cantidades se podrían ver afectados por una expropiación forzosa. "El problema es que algunos ayuntamientos ceden a las presiones urbanísticas de las grandes constructoras, autorizan estos planes y no informan a los afectados de sus consecuencias", explicó el portavoz del colectivo.

El embajador, Peter Torry, que llegó de Madrid expresamente a la reunión, reconoció que desde hace dos años están llegando "muchísimas quejas de ciudadanos británicos que se sienten amenazados, e indefensos por esta legislación". Ante esta situación la Embajada ha remitido una misiva al presidente de la Generalitat, José Luis Olivas, exponiéndole esta problemática y pidiendo "cambios". Los afectados esperan que el consejero de Obras Públicas y Urbanismo, José Ramón García Antón, les reciba para "tranquilizarles e incorporar criterios objetivos" en la aplicación de la LRAU, que se aprobó en 1994, y cuya modificación se discutira en las Cortes valencianas. La Asociación Abusos Urbanísticos No mantendrá en los próximos meses un intenso calendario de reuniones para explicar las consecuencias de la entrada en vigor de la Ley Reguladora, y abrir el colectivo a otros grupos. "Aquí están afectados todos, no sólo los británicos, los españoles también", reconoció el embajador británico.

La asociación recogió ayer centenares de firmas de propietarios afectados, y en una nota pública aclararon que buscan, en primer lugar, recabar la máxima información posible para "proponer enmiendas a la ley que puedan evitar estos abusos e ilegalidades en el futuro" La asociación pide la "inmediata suspensión" de las disposiciones de la LRAU que han dado lugar a estos "abusos" y pedirá que "con urgencia" un equipo de técnicos del Consell revise las quejas originadas por esta legislación.