La salud pública y el título de especialista

El pasado 12 de noviembre EL PAÍS publicó en esta Tribuna sanitaria el artículo titulado La especialidad de medicina preventiva y salud pública, firmado por Francisco Bolumar y Carlos Alvarez-Dardet, en el que encontramos algunos puntos de acuerdo y otros de disensión que quisiéramos comentar. Efectivamente, la salud pública es una disciplina que, como bien definen los autores, se ocupa de velar por la salud de la población en su conjunto, vigilando la aparición de enfermedades, controlando riesgos ambientales, diseñando programas de educación para la salud o gestionando los servicios sanitarios. Lo que no parece lógico es que la especialidad médica oficial a la que se refieren, denominada medicina preventiva y salud pública que, desde su creación en 1979, se viene dedicando básicamente a prevenir las infecciones hospitalarias y al control de la salud de los trabajadores de los hospitales, contenga en su nombre el término salud pública cuando sus tareas sólo tienen una relación tangencial con ese concepto.

La limitación en el acceso a la especialidad deja fuera al 61% de los médicos de salud pública

Ahora hay 400 médicos de la especialidad oficial y más de 4.000 de salud pública

Estamos de acuerdo en que la salud pública tiene carácter multidisciplinar y que la mayoría de los médicos que se dedican a ella no tienen un título oficial de especialista. Esto lo explica el hecho de que la salud pública se desarrolló en la década de 1980, como consecuencia de las transferencias en esta materia a las comunidades autónomas y la ocurrencia de episodios tan dramáticos como el del aceite de colza. Las administraciones sanitarias vieron entonces la necesidad de crear servicios de salud pública capaces de hacer frente a situaciones parecidas. Para ello se contrató a distintos tipos de profesionales, entre ellos licenciados en Medicina, a través de procesos de selección, generalmente oposiciones. Estos profesionales formados en los únicos centros donde era posible, las escuelas de salud pública nacionales y extranjeras, se incorporaron a los cuerpos técnicos de la Administración (salud pública, epidemiólogos, sanidad nacional, etcétera) y empezaron a montar los servicios de salud pública.

En los años siguientes fueron diversificando los contenidos de su trabajo y su formación según las necesidades de la población y de la Administración sanitaria. A pesar de que los médicos de salud pública no han gozado del mismo reconocimiento social que sus colegas clínicos, la salud pública española ha alcanzado, en estos años, un nivel muy superior al que le correspondería por los recursos que se han dedicado a ella.

Por otra parte, la especialidad de medicina preventiva y salud pública, con un campo de trabajo ya de por sí reducido, ha visto en peligro una parte de sus tareas, las relativas a la salud laboral, de las que se van a ocupar los médicos del trabajo. La Comisión Nacional de dicha especialidad (CNE) ha sentido la necesidad de extender sus competencias, encontrando en la salud pública un terreno interesante y amplio. Basándose en las directivas europeas que regulan la libre circulación de profesionales en el territorio de la Unión Europea, la CNE consiguió en 1996 que los ministerios de Sanidad y de Educación homologaran la especialidad de medicina preventiva y salud pública con la community health de los europeos. Desde entonces, y para responder al requerimiento europeo, se plantea para los médicos que llevan entre 15 y 20 años trabajando en salud pública, "la obligación" de someterse a un proceso para optar a la especialidad de medicina preventiva y salud pública con objeto de "regularizar" su situación, que ya estaba regulada. Algo similar a lo que le ocurrió al personaje de Les Luthiers, Mastropiero, que "acertó a fundar Caracas en pleno centro de Caracas, que ya estaba fundada y él no lo vio".

No obstante, desde una posición de igualdad, se hubiera aceptado un proceso de confluencia de ambos campos laborales y, por tanto, de todos los profesionales, los alrededor de 400 médicos de la especialidad oficial y los más de 4.000 de salud pública. Con ello se hubiera conseguido una especialidad numerosa y fuerte que podría entregarse a responder a los nuevos retos que tiene planteada la salud pública del siglo XXI. Sin embargo, quienes se han ocupado del proceso han intentado hasta el momento que el número de médicos de salud pública que accedan a la especialidad de medicina preventiva y salud pública sea lo más reducido posible.

Javier Rey señala recientemente en una publicación médica (Sobre el papel de los sanitarios en las administraciones públicas y los mestos, Diario Médico del 8 de noviembre): "La obtención del título de especialidad citado sólo va a contribuir a potenciar una vía espúrea de control de acceso a las administraciones sanitarias por quienes están patrocinando esta forma de titulación".

Aunque, como dicen Bolumar y Alvarez-Dardet, "lo mejor no es enemigo de lo bueno", sí lo es de lo corporativo y de lo excluyente. Las limitaciones de la vía de incorporación a la especialidad, que ellos juzgan si no óptima sí la mejor, son tan graves que ya ha prescindido de la rica experiencia y la formación de más del 61% de los médicos que trabajan en salud pública. Entre ellos, los cooperantes que se ocupan de programas de sida o han organizado el Ministerio de Salud de Bolivia, los técnicos que desde los ayuntamientos enseñan educación sexual a nuestros jóvenes, los que planifican y gestionan los servicios sanitarios o muchos docentes de salud pública en las universidades. Ni la sociedad española, ni los profesionales de salud pública se merecen esto.

Parece ineludible que todos los médicos españoles tengan un título de especialista, y hay médicos de salud pública que consideran que más vale aceptar lo que se ofrece que perder una oportunidad. Sin embargo, es indispensable que los ministerios de Sanidad y Educación adopten ya una solución que supere los intereses corporativos de los que gobiernan la especialidad de medicina preventiva y salud pública, o que establezcan una nueva especialidad capaz de valorar e incorporar a todos los que trabajan en salud pública.

Begoña Merino y Karoline Fernández de la Hoz son, respectivamente, presidenta y vicepresidenta de la Coordinadora Estatal de Profesionales de Salud Pública.