Inmigración y ayuda

El acuerdo alcanzado la pasada semana por los ministros de Exteriores de los Quince sobre programas conjuntos con los países de origen para el control de los flujos migratorios no deja claro si ese control va a ser condición para la concesión de ayudas al desarrollo. Esa posibilidad había sido descartada en la cumbre de Sevilla, pero había seguido siendo defendida por los sectores más derechistas de la UE.

Sería un error asumirlo. Si los países del Tercer Mundo son exportadores de mano de obra es por su estado de pobreza y subdesarrollo, que se agravaría si les faltase la ayuda exterior. En ausencia de esos programas, la inmigracion irregular aumentaría, los países de origen tendrían mayores dificultades para combatirla y los de la UE para frenarla en sus fronteras.

La presión migratoria exige, sin duda, una política común que debe empezar por requerir a los países de origen un serio compromiso en la lucha contra la inmigración irregular y las mafias que trafican con ella, así como en el control de sus fronteras exteriores. En este sentido, es razonable que la política exterior de la UE haga hincapié en aspectos como el deber de estos países, de acuerdo con el derecho internacional, de aceptar el regreso y la repatriación de nacionales que hayan entrado en terriorio comunitario de forma ilegal o clandestina y de responsabilizarse del control de sus flujos hacia el exterior. Pero esas naciones carecen de medios para hacer lo que se les pide.

Por ello, la propia UE debería empezar por facilitarles los medios que necesitan, asesorarles técnicamente y establecer programas conjuntos sobre el control de fronteras. Expertos de la UE asesoran a Marruecos, país con el que España tiene suscrito un acuerdo de readmisión, sobre la manera más eficaz de controlar sus miles de kilómetros de costa. Compromete más a Marruecos en la lucha contra la inmigración irregular este asesoramiento de la UE que cualquier amenaza de ruptura de cooperación que se le haga.