La promotora CPV deja a medio construir 28 viviendas de un pequeño pueblo de Toledo

La promotora Comercializadora Peninsular de Vivienda (CPV) ha dejado a un millar de familias de Madrid sin casas en los nuevos barrios de la capital. Pero el caso no ha quedado restringido a la Comunidad, sino que también ha llegado hasta Magán, un pueblo de Toledo de poco más de 1.000 habitantes. CPV puso a la venta hace tres años la primera de las tres fases de la urbanización Lago de Magán. Eran 51 chalés con jardines. Pero sólo 23 han sido edificados. El resto, 28, se han quedado a medio construir. CPV, a principios de mes, pidió al juez que declarase su quiebra.

La situación de los 28 afectados de Toledo es diferente al de los perjudicados por el caso CPV de Madrid: 1.200 familias que comenzaron a reservar sus futuros pisos en los tres nuevos barrios de Sanchinarro, Montecarmelo y Las Tablas en 1998. De media pagaron 18.000 euros de señal. Pero cuatro años después, no hay ni un ladrillo en esas tierras que, además, ya no pertenecen a la promotora porque las ha vendido.

Las 28 familias de la urbanización Lago de Magán pueden sentir, incluso, más frustración que las madrileñas después de pagar más de 35.000 euros de media. Sus casas están ya empezadas. En realidad, están casi terminadas.

"Mi casa está al 70%", dice Manuel Ortega, un informático de 34 años, que hace meses que no ve a ningún obrero trabajando. Iba a mudarse "en febrero o mazo" y ya había pagado más de 42.000 euros. Pero, de momento, sigue viviendo con sus padres. Cuando pregunta qué va a pasar, nadie le da una respuesta. Ni a él, ni a las otras 27 personas que han pagado una suma parecida.

Los tres administradores de CPV están en la cárcel, igual que su director. Además, los terrenos de Magán ya no pertenecen a la promotora, porque supuestamente se los cedieron a Construcciones Hermanos Burgos el pasado 30 de octubre, en pago de una deuda que CPV había contraído.

Alzamiento de bienes

Por este motivo, el abogado Pedro López Arias, que defiende a algunos afectados de CPV en Madrid, ha incluido en la causa criminal abierta contra la promotora por un presunto fraude inmobiliario una denuncia por un supuesto delito de alzamiento de bienes en la urbanización Lago de Magán. Este periódico ha intentado obtener dos veces la versión de la constructora. En ambas ocasiones, Hermanos Burgos afirmó: "No queremos hacer comentarios".

En esa misma urbanización hay también ocho parcelas sin construir adquiridas por siete familias -una de ellas compró dos solares- que adelantaron a CPV, entre todas, 55.000 euros para reservar su casa.

José Antonio y su esposa, dos de los afectados, firmaron el pasado 8 de agosto un contrato con CPV que incluye la siguiente cláusula: "Si transcurridos los dos primeros meses de vigencia del acuerdo, la gestora-promotora no hubiese fijado la fecha de compraventa, el comprador podrá resolver, en cualquier momento, el contrato y tendrá derecho a la devolución de la cantidad pagada más su IVA correspondiente, que CPV devolverá en el plazo de una semana, a contar desde que fuera requerida para ello". El día 17 de octubre, este matrimonio envió un fax a la sede de la inmobiliaria solicitando la anulación del contrato. Cinco semanas después, nadie les ha dado una respuesta.

Luciano, otro afectado que pagó una señal de 7.000 euros, asegura que la constructora Hermanos Burgos le explicó que si quería mantener su parcela, tendría que pagar de nuevo: "Nos dicen que no nos respetan la señal, que si queremos la casa, tendremos que pagar otra vez".

Pero hay otros más afortunados. Raúl también dio una señal para una vivienda el pasado 4 de octubre, CPV le devolvió el dinero ingresado, según explica su esposa: "La verdad es que primero nos dieron un cheque sin fondos. Llamé para pedir explicaciones y me dijeron que no tenían dinero en ese momento, que tuviéramos paciencia porque tenían que vender unos terrenos antes. Después, nos devolvieron todo lo ingresado más los gastos de la operación de cobro del cheque".

El lunes, los otros siete afectados por la venta de las parcelas presentarán una denuncia contra CPV. Los otros 28 compradores de los chalés no descartan hacer lo mismo.