¿Ha pagado Roldán?

Luis Roldán, condenado a 31 años de prisión, ha obtenido la semilibertad y si no prosperan los recursos del fiscal saldrá a la calle tarde o temprano con la mayoría de su patrimonio intacto gracias al eficiente trabajo de un equipo de testaferros dirigido por Francisco Paesa, de 66 años, desaparecido desde la publicación de su esquela en El PAÍS en julio de 1998. Pero el ex director general de la Guardia Civil, de 58 años, no es el único miembro del clan que ha salvado su botín gracias al blindaje de los paraísos fiscales y a las artimañas financieras.

Hace un año, en la madrileña cárcel de Alcalá-Meco se celebró una peculiar junta de accionistas de la sociedad patrimonial AEM Inversiones SL, propiedad de Jorge Esparza Martín, de 58 años, testaferro de Roldán y ex director comercial de Huarte, a la que asistieron su mujer, Elena Alejo Pacheco, y dos de sus tres hijas. La junta de accionistas acordó una ampliación de capital que sólo suscribieron estas últimas, también accionistas, y el reo vio reducida sensiblemente su participación en esta sociedad propietaria de un rosario de casas, chalés y fincas repartidos por toda España y embargados por la justicia. El gélido ambiente de la sala vis a vis de la prisión no le restó importancia ni validez a la ceremonia mercantil, que fue refrendada ante notario.

La familia Esparza acaba de demandar al fiscal y al abogado del Estado para recuperar los ocho pisos y tres fincas embargadas al reo por el juzgado

Un abogado luxemburgués controla los 10 millones de euros que Roldán ocultó en Singapur. Los dos testaferros que movieron el dinero han muerto

"Si aflora algo de su patrimonio, lo embargaremos; pero si lo hace bien, no saldrá nunca a la luz. Utilizará a familiares y testaferros", señala la fiscalía

Roldán es el preso más caro de España. Su protección ha costado más de un millón de euros en sueldos y dietas de los policías que dormían a su lado

En agosto de 1997, en pleno juicio del caso Roldán, Esparza había pagado a su esposa una supuesta deuda para reducir aún más su participación en AEM Inversiones y evitar el embargo de estos bienes con los que la causa civil intenta ahora cobrar los 9.616.193 euros (1.600 millones de pesetas) de multa impuestos por el tribunal al cerebro del clan, condenado a 12 años de prisión por un delito continuado de cohecho.

El colofón de esta operación tuvo lugar el pasado mes de octubre. La mujer y las hijas de Esparza, Elena y Amaya, presentaron en un juzgado de la plaza de Castilla de Madrid una tercería de dominio, un procedimiento civil contra el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, el abogado del Estado y la acción popular del caso Roldán, en el que reclaman la propiedad de los bienes de AEM, según señalan fuentes de la fiscalía. Es decir, reclaman la titularidad del botín amasado por el hombre que cobraba las comisiones ilegales a las ocho constructoras que obtuvieron los contratos de las nuevas casas cuartel de la Guardia Civil construidas durante la etapa Roldán, desde 1986 hasta 1993.

Ocho pisos y tres fincas

El patrimonio inmobiliario de Esparza que intentan salvar su mujer y sus hijas son ocho pisos en Madrid, Sevilla, Zarautz, Sierra Nevada, Rota y Mallorca y tres fincas de 10.000 metros cuadrados en esta última. Su primera cuenta en un banco suizo, compartida con su esposa, era la 700355 AEM, y a nombre de su madre, Margarita, abrió otra. Entre las dos acumuló más de tres millones de euros (500 millones de pesetas). Además, el condenado es dueño de una valiosa colección de pintura.

Esparza creó y administró las sociedades en las que ocultaron su patrimonio Roldán, Gabriel Urralburu y Antonio Aragón, los dos últimos ex presidente y ex consejero socialista de Obras Públicas del Gobierno de Navarra, respectivamente, y condenados a cuatro años de cárcel por delitos de cohecho y que ahora disfrutan del tercer grado.

Si se estima la demanda de Elena Alejo y sus hijas habrá que reducir sensiblemente el embargo y el Estado no cobrará la deuda millonaria de Esparza estipulada en la sentencia. "Es increíble cómo desde la cárcel, condenados en firme y con el apoyo de su familia, maniobran con acciones fraudulentas como éstas para salvar lo que robaron. Tanto la deuda como la ampliación de capital es pura ficción. Esta maniobra es un alzamiento de bienes", dicen fuentes judiciales.

Roldán, cuya concesión del tercer grado ha sido recurrida por la fiscalía de Valladolid y está paralizada hasta el próximo jueves, empleó también toda clase de artimañas para salvar su botín: 10.217.205 euros (1.700 millones de pesetas) de 1993 depositados en sus cuentas del banco CBI-TDB, en la calle del Rhone de Ginebra. En este mismo banco tenían 2.458.139 euros (409 millones de pesetas) Urralburu y Aragón, ambos de 51 años.

Las cuentas de todos ellos habían sido abiertas por Esparza, "un cliente de primera", según lo definía la entidad bancaria. La calificación no era exagerada, ya que el ex director comercial de Huarte durante la etapa de Mario Caprile había conseguido que los miembros del clan depositaran en el CBI-TDB 19.232.387 euros (3.200 millones de pesetas). Todos procedentes de comisiones ilegales.

En enero de 1994, semanas después de que estallara el escándalo, el ex director de la Guardia Civil, ya cesado, y su esposa viajaron a Ginebra y transfirieron los 10 millones de euros a la sede de Aresbank en Madrid, banco dirigido por Luis Vañó. El dinero recaló en las cuentas abiertas, a nombre de dos sociedades domiciliadas en San Vicente (islas Granadinas) y en Irlanda por dos testaferros suizos contratados por Paesa: Jack Pierre Aberlé y Jean Henry. Los dos viajaron a Madrid para abrir las cuentas que sirvieron de colchón para recibir el dinero. Paesa era un viejo cliente de Aresbank, y su sobrina Beatriz García trabajaba entonces en su sede madrileña.

El dinero se movió de un lado a otro mediante numerosas transferencias ordenadas por los testaferros para borrar su rastro, lo que denominan los peritos el efecto helicóptero, y recaló en una cuenta en el Oversea Union Bank de Singapur a nombre de la sociedad Almeida Invesment, administrada por los hermanos Monique y Jean-Paul Goerens, dos abogados de Luxemburgo que trabajan para Paesa. Aberlé, de 59 años, divorciado y padre de dos hijos, el viejo fiduciario de Paesa desde su etapa de banquero en la Guinea de Macías, murió el 31 de agosto de 1994 en el hotel Mont Blanc, una humilde pensión para vagabundos y prostitutas en Courage, localidad separada de Ginebra por el río L'Arue. Su cuerpo apareció semidesnudo sobre la cama de su habitación, la número 15 de este establecimiento regentado por el malagueño José Luis Rodríguez, amigo de Paesa. El hombre que había movido los 10 millones de euros de Roldán estaba acogido por el Hospicio General de Ginebra, que pagaba cada mes los 1.000 francos franceses (625 euros) que costaba su alojamiento y manutención.

Henry, otro personaje atormentado por su mala fortuna, corrió una suerte parecida. La policía lo encontró muerto dos años después, el 27 de julio de 1996. Tenía un disparo en la cabeza y estaba tendido en el suelo de su apartamento, en el número 52 de la ginebrina calle de Liotard, un sencillo inmueble de cinco alturas. Todo apuntaba a un suicidio. El Estado sufragó los gastos del entierro. Sus cenizas fueron depositadas en un nicho de anónimos en el Jardín del Recuerdo número 4 del cementerio de San George, en una humilde tumba común, flanqueda por ocho maceteros de petunias y con la siguiente inscripción: "Le temp passe. Le souvenir reste" ("El tiempo pasa. El recuerdo permanece"). Un lugar triste, pero de extraordinaria belleza, donde se entierra en Ginebra a los fallecidos a los que nadie reclama. Paesa había elegido bien a los dos hombres que movieron el dinero. Los dos testigos que ocultarin el botín de Roldán habían desaparecido de la escena.

Cuando la juez Ana María Ferrer, instructora del caso, envió una petición de ayuda judicial a Suiza y el banco CBI-TDB reveló los primeros movimientos del dinero, ya era tarde. Los 10 millones de euros ya estaban a buen recaudo en Singapur a nombre de los Goerens, los abogados luxemburgueses, según los datos que la CIA, infiltrada en la sucia banca de esta república dictatorial, facilitó a la policía.

Blindaje en Singapur

Pese a que la justicia española desveló a las autoridades de Singapur el nombre de la sociedad y el número de cuenta en el que se había depositado el dinero en el Oversea Union Bank, fue imposible atravesar el enorme muro de cristal que acoge a esta entidad bancaria. La fiscalía de la república contestó a la magistrada que en su país, uno de los paraísos fiscales más blindados del mundo, "el secreto bancario es inviolable". La desigual carrera tras el botín había terminado en el verano de 1994 y con Roldán todavía fugado.

Antes de su evasión, el ex director general de la Guardia Civil y su esposa se habían ocupado también de salvar sus dos joyas inmobiliarias en el extranjero mediante una rocambolesca operación inmobiliaria diseñada también por Paesa, que consistió en venderse a sí mismos su villa en la isla de San Bartolomé, en las Antillas Francesas, y su piso parisiense de 255 metros en el número 3-5 de la calle del General Detrié, junto a los Campos de Marte y la Torre Eiffel.

En esta ocasión, el colaborador contratado por Paesa fue Roland Costacurta, de 61 años, un gerente de fortunas suizo al que conoció durante los años en los que el ex agente de Interior gestionó en Ginebra el Alpha Bank, un banco de inversiones que arruinó a centenares de clientes y le empujó a la cárcel. Costacurta describió años después al juez Paul Perraudin la desesperación de los Roldán por deshacerse de sus propiedades valoradas en más de 2.434.099 euros (405 millones de pesetas). "Ese tipo tenía problemas y buscaba soluciones a cualquier precio. Me propuso que a través de la sociedad Omerdale comprase las casas. Que me convirtiera en comprador fiduciario. Tenía que constituir dos sociedades que comprarían, a efectos legales, las viviendas".

El testaferro creó las sociedades Emeraude Verte (Esmeralda Verde) y Emeraude Bleu (Esmeralda Azul). El 14 de abril de 1994, semanas antes de desaparecer los Roldán, estamparon su firma ante el notario Eric Moyne Picard, en su despacho de Annemasse, un pueblo francés próximo a Suiza. Roldán transfirió los 9.200.000 francos franceses a la sociedad de Costacurta, y ésta, a las esmeraldas, que se convirtieron en las dueñas de las viviendas. Costacurta cobró por sus servicios 180.303 euros (30 millones de pesetas) Ahora, Villa Marie Blanche (María Blanca)-tres habitaciones, salón, tres baños, piscina y jardín-, la coqueta casa caribeña de los Roldán, se llama Villa Majagua. Sus dueños siguen siendo los Roldán. Cuando Perraudin envió a España las pruebas del engaño, el juicio ya estaba señalado y no se pudieron pedir nuevas pruebas, según reconocen fuentes de la Fiscalía Anticorrupción.

El preso más caro

Desde su regreso a España, en febrero de 1995, después de 11 meses de fuga, Roldán se convirtió en un preso atípico cuya vigilancia ha costado a la Administración 1.202.024 euros (200 millones de pesetas), entre los sueldos y dietas de los 11 policías que lo protegían y vigilaban dentro y fuera de prisión. "No hay un recluso en la historia reciente que haya costado más dinero al erario público. Sobre todo si añadimos lo que pagaron los socialistas de los fondos reservados para conseguir que volviera", señala un alto cargo de Interior nombrado por el PP.

Juan Alberto Belloch, el ministro del Interior y Justicia del PSOE que sustituyó a Antonio Asunción después de que éste presentara su dimisión por la fuga de Roldán, ordenó el pago a Paesa de 1.803.036 euros (300 millones de pesetas) procedentes de los fondos reservados para que engañara al fugado y se entregara en Bangkok (Tailandia). El correoso Paesa cobró y se esfumó tres años después cuando la juez Paloma García dictó una orden de búsqueda y captura internacional por encubrimiento del botín de Roldán. "Su cuerpo fue incinerado en Tailandia. El funeral tuvo lugar en la más estricta intimidad", decía la esquela contratada por su hermana María.

Roldán ha pasado los últimos ocho años de su vida aislado en un pabellón de 300 metros cuadrados de la cárcel de mujeres de Brieva (Ávila). La puerta de su celda ha estado siempre abierta y los policías que le vigilaban dormían en la cárcel como un preso más. Lo hacían en una pequeña habitación situada junto a la del funcionario de prisiones que vigila la nave y a escasos metros de la celda del recluso. En turnos de ocho horas, un equipo de policías dependiente de la Unidad Central de Intervención ha convivido con él durante cinco años. En 2000, poco después de que el Tribunal Supremo elevara su condena a 31 años de prisión por los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, estafa, falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda pública, Interior levantó esta medida, para la que pidió autorización al Congreso, ya que la ley penitenciaria prohíbe que entren agentes armados a las prisiones.

Los policías que convivieron con Roldán alquilaron un piso en Ávila, a tres kilómetros de la prisión, por el que pagaban 450 euros (75.000 pesetas al mes). "Era muy duro dormir en prisión durante tantos años, pero nos pagaban 60,10 euros [10.000 pesetas] diarios y sacábamos unos 1.803 euros extras al mes [300.000 pesetas]. Para nosotros, que ganábamos 721 euros [120.000 pesetas], era un chollo".

Cuando el recluso se desplazaba a diario al juicio celebrado en Madrid o a la causa de Pamplona, en la que fue condenado a otros cuatro años de prisión, viajaba en un Citroën blindado y escoltado por otros dos vehículos, con seis policías. Otros 360 euros diarios (60.000 pesetas) en dietas. Las dos vistas judiciales duraron más de un año.

"Hicimos más de 50.000 kilómetros juntos y nunca quería bajar del coche para que no le viera la gente. Nos pedía por favor que le trajéramos un bocadillo. Luis, necesitarás escolta cuando salgas. Tú podrás pagar bien porque tendrás unas perras por ahí, ¿no?, le decíamos. Sonreía y no contestaba", recuerda ahora uno de sus escoltas.

¿Por qué ha gozado Roldán de estas medidas de seguridad extraordinarias? Otro de los policías que ha velado su sueño en prisión responde así: "Estaba obsesionado por su seguridad y tenía miedo de la Guardia Civil. Temía que le pegaran cuatro tiros en alguna de sus salidas a la calle, aunque siempre hablaba del cuerpo con veneración. Cada vez que salíamos al dentista o a los juicios teníamos que enviar un fax al subdelegado del Gobierno de Ávila. Llevo muchos años en la Policía y nunca he conocido un caso igual".

Dificultades

La causa de responsabilidad civil que persigue el patrimonio de Roldán para cobrar las multas que se le impusieron ha sido un fracaso (ver gráfico). Un familiar del reo consiguió comprar la casa de Zaragoza que salió el año pasado a subasta. Ahora, los fiscales que investigaron el caso destacan la "hipocresía social y política" de los que ahora califican de ineficaz y lenta la acción de la justicia. "El sistema está montado así, tenemos Gibraltar, Luxemburgo y el Reino Unido protegiendo los paraísos fiscales que delincuentes como Roldán emplean para ocultar su dinero. Este sistema liberal y capitalista es así. ¿Por qué no se ataca desde los Gobiernos a estos territorios?", se pregunta un fiscal anticorrupción.

El ministro de Justicia, José María Michavila, asegura que el abogado del Estado embargará el sueldo de Roldán si sale finalmente a la calle y disfruta del tercer grado, pero jueces y fiscales coinciden en que la localización de su botín es ya una partida perdida. "Si aflora algo de su patrimonio, lo embargaremos; pero si lo hace bien, no saldrá nunca a la luz. Utilizará a familiares o testaferros para moverlo y disfrutarlo", dicen fuentes de la fiscalía.

Los 10 millones de euros que salvó Roldán en 1993, "bien colocados, se habrán convertido después de 10 años en unos 15.025.302 euros [2.500 millones de pesetas]", según estima un ejecutivo de JP Morgan consultado. A esta cantidad hay que descontar lo que el ex alto cargo socialista pagó a Paesa, al menos 1.803.036 euros (300 millones de pesetas), según sospechan los investigadores judiciales.

¿Dónde está el dinero? Agustín Guardia, su abogado y asesor fiscal, asegura que lo ignora. "No sé nada de ese asunto. Demasiados problemas me ha creado este caso", responde. Guardia condujo en 1990 a Jean Henry, el testaferro muerto, hasta una notaría de Madrid para que comprara dos sociedades inactivas. Guardia era el asesor fiscal de todos los miembros del clan Roldán y conoce sus secretos inconfensables, un vínculo que les une desde hace una década.

Mientras Roldán espera el desenlace del recurso interpuesto por la fiscalía, que puede paralizar su salida, y busca otra oferta de trabajo -su amigo Arturo Beltrán, empresario taurino de Zaragoza que le había contratado, ha cambiado de opinión-, Esparza aguarda el resultado de su demanda y Paesa calcula cuando prescribe su caso. "No se le busca con igual interés que a Roldán", reprocha un fiscal.