Interior fija reducir un 20% las muertes en carretera para 2006

El Plan de Seguridad Vial del Gobierno vasco, todavía en fase de elaboración, se ha marcado como objetivo genérico la reducción en un 20% de la mortalidad en las carreteras vascas en los próximos cuatro años. Los objetivos de la Unión Europea se plantean reducir la cifra de muertos en un 50%, según recordó ayer el director de Tráfico del Ejecutivo autónomo, Jesús Arana. Entre 1996 y el pasado año los muertos en las carreteras vascas han sobrepasado siempre la cifra de 164 personas, salvo en 1997, año en el que bajaron a 149, según datos oficiales. Aunque han participado en algunos grupos de trabajo, las tres diputaciones no están representadas en el comité director del plan.

El consejero de Interior, Javier Balza, presentó ayer los primeros trabajos de las ocho mesas de trabajo formadas en torno al Plan Estratégico de Seguridad Vial (2003-2006) y que han venido reuniéndose entre junio y julio pasado para esbozar el trabajo que tienen por delante hasta que se presente.

El plan, según explicó Balza, ha sido encomendado a la Comisión Vasca de Seguridad Vial, un organismo que aglutina a institituciones públicas y privadas de la comunidad autónoma "con responsabilidades en el mundo del tráfico". El consejero estuvo acompañado en la presentación de las intenciones del plan por el viceconsejera de Interior, Pilar Martínez.

Los ocho grupos de trabajo, que ya han mantenido las primeras reuniones de trabajo antes de verano, son: Educación Vial, Formación Vial, Investigación Científica y Técnica, Acondicionamiento y servicios, Sistemas de Información, Atención Post-Accidentes, Comunicación y Campañas y Vigilancia y control de Tráfico. En esta última materia, así como en algunas otras actividades relacionadas con el control del tráfico, las diputaciones y el Departamento de Interior han mantenido serios conflictos de competencia que están pendientes de resolución en la Comisión Arbitral. Balza se refirió a estas polémicas con la calificación de "discrepancias jurídicas" que aún no han sido resueltas por el citado órgano encargado de zanjar de forma extrajudicial disputas sobre competencias. Según los plazos en que se mueve la Comisión Arbitral, habrá resolución sobre el conflicto antes de un año, señaló el consejero.

Aunque el Gobierno ha abierto al máximo el abanico de participación para elaborar el plan estratégico, lo cierto es que algunas diputaciones no se han mostrado especialmente concernidas en el mismo, según indicaron fuentes de Interior.

Centros "complementarios"

Balza considera que hay una "actividad complementaria" entre las diputaciones y el resto de instituciones con competencias en materia de seguridad vial. Como ejemplo, el consejero de Interior indicó que la labor del Centro de Gestión de Tráfico del Gobierno y el habilitado por la Diputación de Vizcaya juntoa al túnel de Malmasín son complementarios en lo que a la seguridad en las carreteras vascas se refiere.

En cualquier caso, parece improbable que de las decisiones de la Comisión Arbitral vaya a cerrar las futuras polémicas entre administraciones. De hecho, en el Comité Director del Plan, el órgano que finalmente dará luz verde a las políticas en esta materia, no participan más que los departamentos del Ejecutivo vasco concernidos: Educación, Interior, Industria, Transportes y Sanidad. Las diputaciones, pese a participar en las mesas de trabajo, han sido excluidas del órgano decisorio. Balza explicó que la única razón de esto es que, aunque las diputaciones, las tres capitales y los organismos privados participan en "la elaboración de las políticas", el que aprueba finalmente el plan es el Consejo de Gobierno. Los distintos grupos de trabajo han elaborado ya algunas de las que podían ser las líneas de actuación del plan, como la ampliación de la educación vial, ahora dirigida sólo a niños, también a padres y educadores; la mejora de la señalización en las carreteras y la adaptación de las infraestructuras a las necesidades de los conductores. El modelo de planificación del plan introduce la evaluación de cada iniciativa mediante "indicadores cuantitativos de control", que permitan conocer su eficacia.