El Consell saca a concurso la privatización de la atención sanitaria en La Ribera y Torrevieja

El Gobierno valenciano aprobó ayer los concursos para privatizar la atención sanitaria en la comarca de La Ribera y la atención especializada en Torrevieja y una decena de municipios colindantes. Los concursos establecen que la Generalitat pagará 379 euros por habitante y año frente a los 204 con los que sacó la concesión del hospital de Alzira en 1999, que con la revisión del índice de la inflación se han convertido actualmente en 222 euros. El consejero de Sanidad, Serafín Castellano, aseguró que el coste será entre un 20% y un 10% inferior al de la gestión directa de la Administración.

La medida adoptada por el Consell supone un paso adelante en su política de privatización de la gestión sanitaria. Según indicó el consejero los plazos de adjudicación se cumplirán lo antes posible y a principos del próximo año una firma privada será la encargada de gestionar la atención sanitaria en la comarca de La Ribera y en el primer trimestre se podrá colocar la primera piedra del futuro hospital de Torrevieja.

El concurso de la gestión sanitaria de La Ribera establece que el adjudicatario deberá abonar a la Consejería de Sanidad los 44 millones de euros que cuesta el rescate del hospital de Alzira, construido por una empresa participada por Adeslas (51%), Bancaixa y CAM (45%) y Lubasa (2%) y Dragados (2%) la empresa . Una cantidad tan importante que -como ya ha sucedido en otros concursos como el de la concesión del servicio de Aguas Potables de Valencia- garantiza en la práctica la continuidad del mismo concesionario, que ahora tiene posibilidad de ampliar los servicios que presta a cambio de un mejor canon por parte de la Generalitat.

En el pliego de condiciones, según explicó ayer Serafín Castellano, se amplia el plazo de concesión a 20 años (15 más cinco) y se obliga a los concesionarios a invertir en ese periodo un total de 193 millones de euros, entre los que se incluyen los 44 millones del rescate de la actual concesión del hospital de Alzira que pasa a ser propiedad de la Generalitat. Así, de los 149 millones de euros de inversión nueva previstos, un total de 70 millones se destinarán a la construcción y equipamiento del futuro hospital de Torrevieja, que desde la adjudicación de la obra tendrá un plazo de ejecución de 30 meses. Los 79 millones restantes se destinarán a la construcción del Centro de Salud Alzira II y y al equipamiento necesario para la prestación sanitaria en La Ribera.

El consejero de Sanidad no explicó a cuánto asciende la liquidación del rescate de la actual concesión del hospital de Alzira y se limitó a señalar que tras la adjudicacion de los nuevos concursos "el riesgo económico es transferido a la empresa adjudicataria". Serafín Castellano tampoco aclaró porque se establece el mismo pago por habitante y año de 379 euros, cuando en un concurso se obliga a la prestación de la asistencia primaria y especializada y en el otro sólo se prestará atención especializada. El consejero se refugió en la idea de que el gasto por habitante ha de ser el mismo y que no se puede gastar menos en una zona sanitaria que en otra dentro del mismo territorio. Castellano también justificó la ampliación de la gestión sanitaria privada por el "éxito" del hospital de Alzira y la necesidad de "perfeccionar el modelo ampliándolo".

El Consell garantizará a los funcionarios sanitarios de la comarca de La Ribera que quieran mantener su condición laboral unas "excedencias especiales" que respetarán su puesto de trabajo, antiguedad y otros derechos. Además, Castellano explicó que en el caso del hospital de Alzira se garantiza "el mantenimiento de los puestos de trabajo y su poder adquisitivo" en la nueva concesión.

Por otra parte, el PP rechazó ayer en la junta de portavoces de las Cortes Valencianas la petición del Grupo Socialista de que el consejero de Sanidad comparezca ante el pleno de la Cámara para explicar el rescate de la concesión del hospital de Alzira. Los socialistas pretenden que Serafín Castellano les facilite información en torno al asunto, y reclaman de forma especial los estudios que avalan ladecisión de rescatar el centro para volver a sacarlo a concurso. Tras ver rechazada esta iniciativa, el portavoz socialista en las Cortes, Joaquim Puig, volvió a denunciar la "opacidad" del Consell, que sólo ha facilitado a los grupos de la oposición el dato correspondiente a 1999 de lo que Sanidad paga a la empresa que gestiona el hospital de La Ribera.