Los empresarios exigen celeridad en las obras del PHN para no arriesgar la financiación europea

Representantes de las organizaciones patronales y cámaras de comercio de "cinco provincias y tres comunidades autónomas" agrupados en el Consorcio Empresarial del Área Mediterránea, destinataria del trasvase del Ebro, se reunieron ayer en Valencia para perfilar jurídicamente su asociación y trasladar a José Luis Olivas, presidente de la Generalitat, su decidido apoyo al Plan Hidrológico Nacional. La adhesión empresarial al proyecto tiene una vertiente crematística clave: si no se aceleran las obras, será complicado arrancar fondos a la Unión Europea empeñada en la futura ampliación al Este.

José Luis Olivas expuso la cuestión directamente. "La ampliación de la Unión Europea traerá una nueva política de fondos europeos, de ahí el interés de que el plan hidrológico se ejecute sin demoras", comentó el presidente tras recibir a una veintena larga de representantes del "movimiento empresarial" a favor del PHN.

Olivas afirmó que el trasvase "no perjudica a nadie" puesto que recoge como previas todas las obras contenidas en el Pacto del Agua acordado por las Cortes de Aragón; esgrimió las inversiones en depuradoras y reutilización de aguas residuales como argumento que legitima las aspiraciones de los empresarios; y añadió que sólo con aportaciones externas es posible evitar el "desastre ecológico" que sufre el Segura y amenaza al Júcar debidido a la "sobreexplotación de los acuíferos".

El presidente de la Generalitat deslizó las "trabas" a la financiación europea del proyecto que han impulsado "los socialistas" y para presentar al PP como único garante de la ejecución del trasvase.

Un nutrido grupo de representantes patronales constituido en "movimiento", en palabras del presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Arturo Virosque, o en el "mayor consorcio económico de España", según el presidente de COEPA, Joaquín Rocamora, seguía con atención la intervención pública de Olivas.

La treintena de dirigentes de las patronales y cámaras de las provincias de Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Almería se habían reunido horas antes en Valencia para perfilar jurídicamente un consorcio que formalmente representa a medio millón de empresarios dedicados a la industria y los servicios, ajenos a la agricultura, y que pretende ejercer la presión posible en favor de la pronta ejecución del PHN.

"No defendemos el PHN, ya está aprobado por mayoría y comprometido por ley", explicó el presidente de COEPA, "sino su ejecución y financiación". Joaquín Rocamora recordó que las cinco provincias receptoras de las aguas del Ebro acogen al 10% de la población de España, pero aportan el 29% del PIB: "España no puede permitirse perder esa aportación". Y cerró amenazante una breve intervención pública: "No podremos mantener el clima social ni el movimiento demográfico" si no se ejecuta el PHN.

El presidente de la Cámara de Comercio de Almería, José Antonio Flores, introdujo un comedido dramatismo al restringir los datos a su provincia, donde un tejido económico que soporta la agricultura en un 47% aporta el 5% del PIB español.

El tono más vehemente en favor del PHN correspondió al presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia, Miguel del Toro: "Hemos acreditado una gran prudencia hasta el día de hoy, pero ante las amenazas que sufre el PHN es imposible mantener el silencio". Del Toro no mencionó el origen de tales amenazas, pero aseguró que la ejecución del PHN "es un problema de supervivencia, no de enriquecimiento".

Luis Fernando Cartagena, ex consejero de Obras Públicas, ejerció como distante maestro de ceremonias de la reunión empresarial cuyo sentir sintetizó el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Antonio Fernández Valenzuela: "Nosotros trabajamos, generamos riqueza y pagamos impuestos. Pedimos que se cumpla la ley, ¿es eso mucho pedir?".

El presidente de Cierval, Rafael Ferrando, explicó que el primer informe sobre el PHN, que ya ha sido entregado a los presidentes autonómicos de Murcia y la Comunidad Valenciana, será presentado al presidente de Andalucía, el socialista Manuel Chaves; al presidente del Gobierno, José María Aznar; y a la Comisión Europea.

El informe en cuestión es un compendio sin autoría impreso en Murcia que combina fragmentos del Análisis Económico del PHN, estadísticas del INE y diversos datos económicos ofrecidos por la fundación de las cajas de ahorro con conclusiones de jornadas institucionales sobre los problemas hídricos en la cuenca mediterránea o indicadores recogidos en el Plan Nacional de Regadíos. El conjunto del trabajo pretende subrayar la importancia económica de las cinco provincias receptoras de aguas del Ebro y la necesidad del trasvase para consolidar esa situación en el futuro.