Los afectados de CPV critican a la Comunidad por no advertirles de sus "irregularidades"

La Asociación de Afectados por la presunta estafa de la promotora CPV, que agrupa a unas 600 de las 1.200 familias perjudicadas criticó ayer que el Gobierno regional y la Agencia Tributaria no les comunicaran antes "las irregularidades detectadas por estos organismos en el año 2000 en la promotora". Los afectados se reunieron con la secretaria general técnica de la Consejería de Economía, Casilda Méndez, y con su homólogo en la Consejería de Obras Públicas, Jesús Mora de la Cruz.

"No queremos esperar durante dos años hasta que nos den una solución porque el problema que tenemos es muy gordo y ya llevamos mucho tiempo esperando", dijo Elena Barrionuevo, portavoz de la asociación. Barrionuevo anunció que el próximo jueves, día 28, los perjudicados se manifestarán en la Puerta del Sol

Por otra parte, Marta Rodríguez-Tarduchy, concejal socialista en el Ayuntamiento, solicitó durante el pleno celebrado ayer medidas para la prevención de casos como el de CPV entre las que se encuentran hacer pública la información sobre la disponibilidad del suelo, la creación de una oficina de información al ciudadano y la cesión de un local para que la asociación de afectados pueda reunirse.

Alzamiento de bienes

El abogado de más de 100 de estas familias, Pedro López Arias ha incluido en la causa criminal abierta contra la promotora por un presunto fraude inmobiliario en los PAUs de Sanchinarro, Montecarmelo y Las Tablas, una denuncia por un presunto delito de alzamiento de bienes.

Según explicó el letrado, la empresa habría cometido este delito el pasado 30 de octubre mediante la cesión de una finca de 63.730 metros cuadrados situada en Magán (Toledo), a una sociedad denominada Hermanos Burgos Magán para saldar una deuda.

Estos terrenos se habrían adquirido con parte del dinero que 1.200 familias adelantaron para adquirir una vivienda en los citados desarrollos urbanísticos y, posteriormente, los responsables de CPV se habrían desprendido de parte de su patrimonio. Los presuntamente estafados en el caso entregaron hace ahora cuatro años una media de 18.000 euros cada uno a esta promotora inmobiliaria como aval para la construcción de pisos.

Sin embargo, la empresa vendió los terrenos donde debía edificar las viviendas y dejó sin devolver a la mayoría de sus clientes el dinero que habían entregado a cuenta.

A raíz de la querella interpuesta por nueve de las 1.200 familias perjudicadas, los directivos de la promotora -Miguel Ángel Morillo del Pozo, Francisco Javier García Sánchez y su hermano Miguel Ángel, estos dos últimos hijos del director general de CPV, Francisco García More-no- se encuentran en prisión provisional en Soto del Real.