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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Legislar para uno

El Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha legislado sobre las cajas de ahorro de la peor manera posible. Tras meses de jugar al escondite acerca de si utilizaría su competencia sobre el sector, ha dictado una norma sobre los consejeros de las cajas en la Ley de Acompañamiento del Presupuesto autonómico. Esta vía impide un debate profundo como merece el asunto y le ha recriminado justamente la oposición. Si la prudencia aconseja no trastocar lo que funciona razonablemente -las diez cajas catalanas- y además constituye un sector sensible y decisivo, el intervencionismo debería justificarse en argumentos muy sólidos.

No los hay: sólo el nítido intento de desembarazarse de Josep Vilarasau, de 71 años, presidente de La Caixa, la primera entidad financiera catalana y tercera española. El conseller en cap, Artur Mas (con la anuencia del presidente Jordi Pujol), intentó lograrlo primero por una simple aplicación sigilosa de la Ley Financiera. Ésta incluye un tope de edad de 70 años, propuesto al PP por los propios nacionalistas. Extrapolada, impediría a Alan Greenspan ejercer su cargo en la Reserva Federal o a Luis Valls Taberner la presidencia del Banco Popular. Es, además, discriminatoria: ¿por qué en las cajas y no en los bancos? Voces del mundo económico se opusieron, y el líder de la oposición, Pasqual Maragall, frustró la maniobra al proponer una ley de corte liberal que remitía los topes de edad a lo que decidiera autónomamente cada caja en sus estatutos como ocurre ahora.

Viéndose el rey desnudo, estableció otro mecanismo más lógico: la limitación del número de mandatos. Pero como Vilarasau lleva en la presidencia apenas cuatro años, lo forzó por el atrabiliario método de sumar peras y manzanas, computar los periodos de director general y los de consejero para fijar un tope de 20 años. Esta norma es ad personam: sólo afecta en su primer ejercicio al presidente de La Caixa. La Generalitat podría haber propuesto otras reformas, para aumentar la transparencia, mejorar la rendición de cuentas a las asambleas e incrementar la eficacia de las comisiones de control de las cajas. No lo ha hecho. Sólo le interesa eliminar a quien, al parecer, no le gusta o le hace sombra.

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