El equilibrio de poderes

Al inicio del siglo XXI los Parlamentos siguen siendo piezas insustituibles para la organización y funcionamiento de los sistemas democráticos propios de las sociedades desarrolladas. En España, las Cortes Generales tienen una configuración constitucional que las dotan de una especial relevancia institucional: representan al pueblo en el que reside la soberanía nacional y del que emanan los poderes del Estado. Nuestro Parlamento tiene, pues, una trascendente función legitimadora de otros órganos e instituciones públicas, de ahí que su funcionamiento sea una cuestión de especial importancia que interese tanto a los políticos como a los ciudadanos. Pero no se debe olvidar que nuestros constituyentes decidieron abandonar el mito de la soberanía parlamentaria a ultranza para contribuir a un sistema equilibrado de poderes, en el que el papel del Legislativo es central pero no omnicomprensivo, ni pretende oscurecer -y mucho menos subordinar- al Ejecutivo.

En las consultas generales elegimos no sólo a nuestros parlamentarios, sino también a un determinado Gobierno con un programa político. Bien es verdad que para poder llegar a formar Gobierno resulta indispensable la confianza explícita del Congreso, inicialmente y durante todo el mandato parlamentario. Pero la legitimidad democrática de la función ejecutiva no cabe aislarla de la voluntad popular. La Constitución no trató tanto de reforzar las funciones tradicionales que suelen encomendarse al Parlamento con el propósito de que recuperara una antigua preeminencia, como de precisar la posición que debe ocupar dentro de nuestro sistema político institucional.

Éste es el verdadero sentido de la frase "el Parlamento debe ser el centro de la política nacional". Con ello se quiere mantener que las Cortes Generales deben facilitar la integración de las distintas fuerzas políticas y sociales, y servir para poner en marcha los mecanismos de resolución pacífica de los conflictos que emerjan en la sociedad española. Así se consigue aumentar el apoyo y respeto social a las principales instituciones del Estado, contribuyendo a una labor de legitimación de todo nuestro sistema político. Por supuesto que el Gobierno queda sometido a las reglas parlamentarias tanto para la elaboración de las leyes como para el control por parte de la oposición. Y es esta función de control la que suele quedar más afectada por la tensión dialéctica -inevitable a veces- entre quienes gobiernan y quienes constituyen la oposición parlamentaria.

Ésta, como es lógico y natural, quiere dejar de serlo y convertirse en Gobierno en las siguientes elecciones. Para ello cuenta con una serie de instrumentos para criticar la actuación gubernamental en sede parlamentaria, y desgastarle para que pierda credibilidad ante el electorado. Pero también hay que entender que el Gobierno y el grupo parlamentario que lo apoya no se crucen de brazos ante esta actitud de la oposición, y asimismo utilicen esos medios parlamentarios para ofrecer su versión de los hechos y demostrar que está cumpliendo cabalmente sus compromisos. El planteamiento de que el control parlamentario al Gobierno debe ser monopolio de la oposición es una postura doctrinal interesada, pero sin arraigo en democracias parlamentarias similares a la nuestra.

Lo que tampoco debería hacer la oposición es jugar al maniqueo para conseguir la patrimonialización del Parlamento mediante el cómodo y falso tópico de que el Gobierno da la espalda a las Cámaras. ¿Se puede hacer seriamente y con rigor esta afirmación cuando -sólo en lo que va de Legislatura y a título de ejemplo- el Gobierno ya ha comparecido en 767 ocasiones ante los Plenos o Comisiones del Congreso y del Senado, ha contestado a 3.725 preguntas orales y más de 51.000 por escrito y, por primera vez, las Cámaras examinan previamente a quienes han de ser nombrados miembros de órganos constitucionales? ¿No cabría imputar esta falta de respeto a la propia oposición cuando su líder se levanta como párvulo que hace una pillería para intervenir en el debate de los Presupuestos, o cuando pretende limitar la facultad que tiene el Senado de enmendar los proyectos de ley enviados por el Congreso?

Todo lo dicho no impide que se puedan buscar fórmulas de perfeccionamiento de los instrumentos de control parlamentario al Gobierno. Pero lo que siempre será difícil que admita el Gobierno -no éste, sino cualquier Gobierno- es extender sin límite las actuales fórmulas de control o reconocer otras nuevas que sean extemporáneas en nuestra cultura parlamentaria consolidada. Máxime, y este sí es el caso actual, cuando el Gobierno está siendo más que fiel cumplidor de todas las previsiones reglamentarias. El Parlamento español, a pesar de todos los lamentos interesados, goza de buena salud y no necesita de ningún salvador. Aunque se vista de Cromwell.

Jorge Fernández Díaz es secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.